La justicia informó que este lunes iniciará el juicio por el femicidio de Claudia Saracho, madre de 10 hijxs en Güemes. La mujer había realizado denuncias contra su asesino que debía cumplir una orden de prohibición de acercamiento y ella tener custodia policial, lo cual nunca ocurrió.
Claudia Soledad Saracho (40) tenía hijos en común con su pareja y femicida Rolando Colque (53), quien la atacó y provocó también lesiones a una hija que intentó defenderla. La mujer lo había denunciado y había pedido ayuda. El femicidio de Claudia Saracho demuestra una vez más, las fallas existentes en los mecanismos preventivos que el Estado les brinda a las mujeres para protegerse de la violencia de género.
Fue la diputada del Partido Obrero, Gabriela Jorge, quien en la sesión de diputados el año pasado luego del femicidio justamente denunció el incumplimiento de la Ley N° 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, sancionada en Septiembre de 2015 y en diciembre de 2016 se resolvió su implementación en los Tribunales salteños. El artículo 9 de dicha ley describe que “En todos los casos se evitará la coincidencia física entre agresor y víctima”, justamente lo que no sucedió, como tampoco se cumplieron con las otras medidas inmediatas que según la ley deben realizarse luego de que una mujer realiza una denuncia.
La justicia informó que Oscar Rolando Colque será juzgado desde el próximo lunes por el homicidio calificado de su ex mujer y la desobediencia judicial en la que incurrió al no cumplir con la prohibición de ejercer violencia en su contra y de acercarse a los lugares donde ella frecuentaba.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, representará al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Oscar Rolando Colque por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja y por femicidio y desobediencia judicial en concurso ideal en perjuicio de su ex esposa, Claudia Soledad Saracho, a quien le quitó la vida el pasado 11 de Junio con un arma blanca.
En los elementos probatorios reunidos en la requisitoria fiscal, constituye una parte fundamental el relato de los hijos, familiares y vecinos de la familia, que hablan de numerosos y aberrantes hechos de violencia a los que la víctima era sometida durante muchos años por su pareja, que padecía adicción al alcohol.
La audiencia será presidida por la jueza Mónica Mukdsi y está previsto que se desarrolle los días 12, 13 y 14 de Marzo.
El año pasado la justicia informó que el jefe de la Comisaría 11, dos oficiales, una sumariante y un actuario fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público luego del femicidio de Claudia Saracho, ya que la víctima tenía asignada consigna policial fija por una denuncia realizada oportunamente y los efectivos hicieron caso omiso a la orden impartida por el fiscal de Violencia Familiar y de Género 2.
La Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Romero Nayar, imputó al Comisario Raúl Cardozo como jefe de la Comisaría 11 de General Güemes, a los oficiales de servicio Juan Velázquez y Gisela Portal, a la sumariante Carolina Pizarro y al actuario Ariel Cruz por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber dado cumplimiento a las directivas ordenadas el 2 de Junio de este año, vía sistema informático del Ministerio Público Fiscal por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género Facundo Ruiz de los Llanos, donde asignaba una consigna policial fija por el término de 10 días a Claudia Saracho y excluía del hogar a su ex marido Oscar Rolando Colque, imponiéndole prohibición de acercamiento y que se abstenga de ejercer hechos de violencia física y psicológica en su contra.
La fiscal consideró en el decreto de citación a imputación de los efectivos que los incumplimientos de cada uno de ellos, que tuvieron contacto directo con la denuncia y las respectivas directivas, derivaron en la muerte de Claudia Saracho a manos de su ex pareja, quien dio cumplimiento a las amenazas proferidas el día 2 de Junio y por las que ella había realizado la denuncia. Ahora habrá que esperar para saber qué responsabilidades le competen a los efectores de justicia encargados de cuidar a las mujeres y de prevenir una muerte que podía haberse evitado.
Por Andrea Sztychmasjter
