La “causa de los intendentes” que este año cumple dos décadas sigue siendo un caso testimonio de la impunidad en Salta. Esta semana, una fiscalía insistió en el asunto para que Sergio “El Topo” Ramos y Rubén Corimayo vayan a juicio oral. (Franco Hessling)

Recuperemos un hecho puntual que pone en apuros a un exfuncionario que de impunidad conoce bastante: Sergio Omar “El Topo” Ramos, exjefe comunal por más de dos décadas de Rosario de Lerma y expresidente del Foro de Intendentes hoy presidido por Mario Cuenca, de Campo Santo.

Allá por 1997, con un Juan Carlos Romero todavía fresco en la gobernación, un Juan Manuel Urtubey en pañales y un Carlos Menem que daba estertores tras los peores años de corruptela de la patria contratista y la eclosión del modelo de libertad de competencia entre capitales vernáculos y foráneos, se daban supuestos hechos en los que Ramos y su par de entonces de Cerrillos, Humberto Rubén Corimayo, se ponían el sayo de defraudadores del Estado.

Emisión de cheques incobrables, facturación de obras no realizadas y desaparición de fondos de una cooperadora asistencial (700 mil dólares en la de Cerrillos), fueron los sucesos que robustecieron las fojas de lo que mediáticamente se conoció como la “causa de los intendentes”. Las primeras denuncias se iniciaron hace dos décadas y no dejaron de actualizarse incluso hasta el año pasado, cuando el reemplazante de Ramos en la intendencia, Ignacio Jarsun, sumó delaciones a la causa.

Además del Topo y Corimayo, en aquel entonces quedaron imputados otros funcionarios de segundo orden: Pedro Alberto Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortéz Jeréz, Julio Ernesto Velarde, Manuel Pío Coronel y Sergio Enrique Bianchi. El expediente de la causa descansó varios años a punto tal que muchos de los imputados que luego de 1997 dejaron la función pública se beneficiaron con la prescripción de los cargos que se cursaban en su contra. No fue el caso de Ramos y Corimayo que siguieron al frente de sus comunas pese a las tupidas denuncias que pesaban sobre sus espaldas.

La novedad

Introduzcamos ahora la novedad del asunto: la inmunidad de Ramos y Corimayo corre peligro tras años de un esmerado trabajo de diferentes sectores del poder para garantizarles impunidad. No es que esos sectores hayan recapacitado sobre la necesidad de darle credibilidad genuina a la Justicia, se trata sí de la endeblez de las actuales estructuras de blindaje, a punto de ser aportilladas. Tanto Corimayo como Ramos han perdido gravitación política y electoral, su inmunidad es ahora más evanescente que hace veinte años.

Desde el 7 de junio del año pasado, el tribunal ad-hoc que constituyó el Poder Judicial de Salta está facultado para convocar al tribunal de juicio contra los exjefes comunales de los distritos del Valle de Lerma. Los meses pasan y el marasmo no desentona con lo que sucedió con esta causa en los últimos 20 años, sin embargo la Fiscalía N°1 de Salta se vuelve a constituir en un escollo para los impunes, tal como lo fuera hace dos años cuando consiguió que el pedido de prescripción de Ramos -la defensa técnica de Corimayo no interpuso recursos- llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En esta oportunidad, el 6 de marzo último, la citada fiscalía presentó una carta al máximo tribunal provincial para que presione el tribunal ad-hoc a que conforme prontamente la corte que encabezará el juicio seguido contra Ramos. De tener lugar el pedido y finalmente consustanciarse el juicio, el consuelo es haber horadado la férrea impunidad de Ramos en otros tiempos, pues en esta “causa de los intendentes”, ya prescribieron algunos de los cargos que se le imputaban.

Petrificados

Para los que los que todavía creen que el sistema judicial no redunda en burocracia inútil: el requerimiento al tribunal superior de Salta es para que ordene al tribunal ad-hoc que conforme el tribunal de juicio que sería el que finalmente encararía el proceso de enjuiciamiento. De acuerdo a lo que especialistas le explicaron a Cuarto Poder, mantener un imputado por una veintena de años es una dilación que convierte en urgente la “causa de los intendentes”. No se explica por qué el tribunal creado especialmente para hacer avanzar la causa aún hoy se mantiene inerte.

El tribunal ad-hoc se constituyó a principios del año pasado, luego de que la CSJN refutara al máximo tribunal salteño, presidido actualmente por Guillermo Catalano, que había resuelto dar lugar al pedido de prescripción que había hecho la defensa del Topo Ramos, comandada por el letrado Darío Palmier. No es un detalle menor: ni Corimayo ni Ramos se arriesgaron a declararse inocentes en ningún momento, su única estrategia fue que los expedientes descansen en los arcanos de la Justicia salteña y, pasado el tiempo justo, requerir la prescripción.

El derrotero

Recorramos la cronología luego de 1997 para entender el derrotero de la causa de los intendentes. Luego de las denuncias realizadas en el ocaso del siglo pasado y principios del que transcurrimos, se demoró un lustro en elevar la causa a juicio, lo que sucedió recién en el año 2005. Mientras tanto, Ramos y Corimayo siguieron en sus cargos de intendentes. El proceso de enjuiciamiento no se llevó adelante nunca y algunos de los cargos que se les endilgaban expiraron. Usando como basamento esa prescripción, en flanco abuso de su impunidad, la defensa de Ramos planteó la prescripción de todas las causas, pese a que los tiempos de extinción están sujetos a los tiempos de las penas por los cargos que se imputan. Es decir, si se acusa por algo por lo que podrían sentenciarse 10 años de pena, ése es el tiempo de prescripción. No todas las imputaciones contra Ramos y Corimayo tienen la misma pena, pues entonces no tienen por qué tener el mismo plazo de prescripción.

Pero hay algo más, para los funcionarios públicos las causas son imprescriptibles, y tanto el exjefe comunal de Rosario de Lerma como el de Cerrillos estuvieron en funciones hasta diciembre de 2015. Palmier, defensor de Ramos, presentó el pedido de prescripción cuando aún estaba en funciones argumentando que un imputado no podía pasar tantos años sin recibir su derecho a juicio. Suponían que la cosa sería expeditiva y que la sólida impunidad que a Ramos le daba su llegada a la presidencia del Foro de Intendentes bastaría para dar lugar al pedido. En un rapto de honestidad jurídica, la ex Cámara Primera en lo Criminal se lo negó. Palmier apeló ante el máximo tribunal salteño quien restauró la impunidad perdida y benefició con la prescripción a Ramos. Antes que la sentencia quede firme, la Fiscalía Nº1 interpuso un recurso ante la CSJN que echó por tierra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Salta (CSJS). La CSJN dejó sin efecto el favorcito que la CSJS le había hecho a Ramos, devolviendo el expediente a la justicia salteña en febrero del año pasado.

Desde ese momento se inician las actuaciones para conformar el tribunal ad-hoc, integrado por los jueces Norma Vera, José Luis Riera, Virginia Solórzano, Paola Marocco, Marcelo Rubio, Rubén Arias y Pablo Arancibia. Queda formalmente establecido el 7 de junio de 2016, con la única tarea de avanzar en constituir el tribunal de juicio para que se consume el proceso oral y público. A partir de entonces, no hubo novedades, los jueces están petrificados buscando no derruir la impunidad ganada por Ramos a lo largo de los años.

Los especialistas explican que el tribunal ad-hoc no tiene un período establecido para actuar, pero que según los tratados internacionales se habla de un “plazo razonable”. En los hechos, por usos y costumbres, el tiempo de actuación máximo asciende a dos años. Empero, como ya se ha dicho, en una causa que lleva una dilación de 20 años, se esperaba que la actuación sea inmediata. Nada, ni inmediata ni retardada, totalmente inmóvil.

A colación de ello viene la última presentación de la Fiscalía Nº1 ante la CSJS para que acelere las actuaciones del tribunal ad-hoc. Tras recorrer la cronología de la causa con tecnicismos jurídicos de los que este artículo prescindió, la presentación asegura que “los magistrados llamados a decidir” están “al borde de incurrir en incumplimiento de los deberes a su cargo”.