Diputados nacionales de diferentes bloques, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, reiteraron este jueves la necesidad de que el Congreso avance en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). (Garrik)

El proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo, presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y con el apoyo de legisladores de diferentes partidos, ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.

La iniciativa, que consagra como un “derecho humano” la IVE en las primeras 14 semanas de gestación, comenzó a discutirse en la Comisión de Salud Pública de la Cámara baja. Del encuentro participaron, además de los legisladores que integran dicha Comisión, los exministros de Salud, Ginés González García y Daniel Gollán, así como especialistas, periodistas y miembros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques y de más de 350 organizaciones sociales y de derechos humanos como el CELS, Amnistía Internacional, la APDH y otras entidades como la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Entre lo más destacado, la iniciativa define en su artículo 1° que: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Más allá de ese plazo, se despenaliza y legaliza la IVE en casos de violación, si corre riesgo la vida o “la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”; y si existieran malformaciones fetales graves.

El proyecto establece que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento”. La práctica deberá ser incorporada como prestación médica básica obligatoria y cubierta por el sistema de salud público, prepagas y obras sociales. En ningún caso se exigirá autorización judicial y las autoridades de cada establecimiento deberán garantizar la atención. La iniciativa garantiza los mismos derechos a las personas trans con capacidad de gestar.

El texto señala que “si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Si la IVE debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”.

Medio millón

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina está entre los países con mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos. Las últimas cifras oficiales, que datan de 2005, señalan que por cada 770.000 nacimientos anuales hubo 500.000 abortos, una cantidad que según el Ministerio de Salud argentino se habría reducido desde entonces. En tanto, 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas.

Expertos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina (OSSyR) dijeron que los abortos clandestinos son la clic principal causa de muerte materna en el país. El 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.

Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en estas naciones, el problema en nuestro país no puede atribuirse a falta de recursos.

De hecho, Argentina gasta más en salud por habitante que algunos de sus vecinos, como Chile y Uruguay, a pesar de lo cual estos dos países tienen menos de la mitad de los índices de mortalidad materna que la nación más grande. Mientras que Argentina registró en 2008 cuatro muertes cada 10.000 niños nacidos, en Chile la cifra fue de 1,8 fallecimientos y en Uruguay de 0,9.

También la cantidad de mortalidad materna atribuida al aborto es mucho menor: 4% del total en el país transandino (según datos de 2003) y 0% en Uruguay (en 2008, cuando se registraron sólo cuatro casos de muerte materna, ninguno por aborto).

Según especialistas, esto se explica porque en Argentina faltan políticas públicas sobre este tema. Uno de los principales problemas es la falta de una política de prevención. En muchos lugares no se enseña educación sexual y no hay acceso a anticonceptivos, sobre todo teniendo en cuenta que evitar los embarazos no deseados sería la mejor forma de evitar la muerte de mujeres por abortos mal hechos.

La muerte o la cárcel

Asimismo la punibilidad del aborto o la estigmatización de la mujer que se lo realizó genera muchas veces que cuando llega a un hospital con complicaciones por haberse realizado un aborto no sea bien tratada o incluso directamente no sea tratada, incumpliendo los centros de salud muchas veces con lo que dicta la ley, ya que si bien el Código Penal contempla la violación como una causal para permitir un aborto, muchos médicos se rehúsan a realizar el procedimiento, obligando a las víctimas a realizarse un aborto clandestino.

Lo profesionales de la salud, en estos casos deben respetar el secreto profesional y el derecho a la intimidad y confidencialidad entre paciente y profesional. Es verdad que ellos tienen la obligación, por otro lado, de denunciar hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, pero siempre que se intente evitar un mal mayor. Es que de no ser así, es decir, si una persona que a causa de un hecho delictivo que cometió, sufre una lesión que pone en riesgo su vida, se la pondría en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel.

La Corte Suprema de la nación, dijo al respecto que: “el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado”.

Resulta llamativo que un tema como el aborto, que es la principal causa de muerte materna y su práctica una de las más numerosas demográficamente a nivel global, continúe sin poder ser debatido en el ámbito del Congreso de la Nación, tal vez esta vez prospere su discusión y tratamiento.