El oficialismo universitario del rector Fernández (bis) busca recuperar protagonismo convocando una Asamblea Universitaria para tratar una reforma de estatuto nada acorde a una idea de universidad pública, igualitaria y gratuita. (Milcíades)

Hace un mes publicábamos en Cuarto Poder un artículo en el que adelantábamos las intenciones de la actual gestión rectoral de la Universidad Nacional de Salta de ponerle fecha a la convocatoria de una Asamblea Universitaria, que tendría por objeto debatir y votar una reforma del Estatuto. Dividido en dos partes, el ante-proyecto que prepararon las máximas autoridades universitarias propone modificar unos 55 artículos de la carta magna.

En la primera parte, se proyectan modificaciones sobre artículos observados por la Justicia a fines de los 90, cuando se buscaba preparar el terreno para la aplicación plena de la Ley N°24521 de Educación Superior. Se cuentan entre los elegidos los artículos 100, 118, 126 y 133, que se encuentran en los títulos IV, V y VII del Estatuto. La discusión alrededor de la modificación de estos artículos puede convertirse en una “piedra en el zapato” para el régimen universitario y sus autoridades. ¿Qué argumentarán oficialistas y opositores? ¿Cómo impactará esta iniciativa en el esquema político actual del co-gobierno? Las modificaciones propuestas tocan un nervio sensible de la vida universitaria: su autonomía económico financiera.

La segunda parte del ante-proyecto contiene las modificaciones para “artículos no observados por la Justicia”. Se proponen cambios en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 55, 58, 106, 115, 117, 143, y un largo etcétera. Aquí se destacan los detalles políticos de la reforma que se pretende. Con fines analíticos se pueden observar cuatro lineamientos en la lógica aplicada: a) la incorporación de las Redes Regionales como parte de la forma de organización de la UNSa; b) institucionalización de atribuciones excesivas para el rector y decanos; c) ampliación del Consejo Superior, incorporando bancadas para representar a las Sedes Regionales; d) modificaciones en el régimen de carrera universitaria docente.

La primera línea responde a una demanda de la comunidad universitaria de las sedes regionales; la segunda es una precaución que se toman las camarillas docentes a través de sus representantes, para reducir al mínimo posible ante los estudiantes el margen de error de sus políticas; la tercera una consecuencia de la primera, que pretende ser aprovechada circunstancialmente por cualquiera de las tendencias en disputa; y la cuarta y última podríamos decir que se trata de una demanda de cierto sector del claustro docente universitario.

Por otra parte, en el mismo ante-proyecto se puede leer la iniciativa de “posible incorporación en algún capítulo o artículo del Estatuto” de la siguiente pretensión de principio: “La Educación Superior es un bien social público, es un derecho humano universal y una responsabilidad del Estado nacional (para separar de los servicios)”. Esta adenda con letras de color verde en el documento PDF que circula por internet, además de llamar la atención, es una réplica textual del principio defendido por decanos y rectores que participaron de las jornadas en conmemoración de los cien años de la Reforma del 18, organizadas por la Facultad de Humanidades en mayo pasado. Durante las mismas diversas autoridades alineadas en el Frente de Humanidades del Norte Grande, casi de manera unánime, llamarían a defender en el Consejo Regional de Educación Superior de América y el Caribe (CRES), que tuvo lugar en Córdoba durante junio, esta fórmula por la que se invoca el carácter de bien social público, derecho humano universal y responsabilidad del estado nacional para la Educación Superior.

Esta semana el decanato de la Facultad de Humanidades tuvo la primera reacción o respuesta política ante las intenciones que ahora enarbola el rector Fernández (bis) y su gabinete con Rubén “Chato” Correa a la cabeza. No sabemos si por decisión personal del decano de Humanidades, Alejandro Ruidrejo, o por una combinación más o menos armónica de análisis, meditaciones y consejos, pero en su página web la Facultad publicó un post titulado: “Proyecto de modificación del estatuto. Consulta a la comunidad de la Facultad de Humanidades”. En el mismo cualquier interesade puede responder preguntas sobre el tema y agregar, si así lo desea, una pregunta particular, comentario u opinión.

¿Autonomía o autarquía?

Por razones de espacio, en esta oportunidad vamos a detenernos brevemente en el contenido de los artículos de la primera parte del ante-proyecto. Hemos adelantado que los mismos sean quizás lo más “picante” del asunto, ahora veremos por qué. El artículo 118 corresponde al “Título VII: Del régimen económico-financiero. Capítulo I: Disposiciones generales”. En su fórmula actual estipula lo siguiente: “Art. 118: La Universidad Nacional de Salta goza de autonomía económico-financiera”. La propuesta de modificación dice así: “La Universidad Nacional de Salta posee autarquía económico-financiera conforme al ordenamiento legal vigente en materia de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional”. El cambio que se propone no es una transformación menor.

Para ilustrar las diferencias entre autarquía y autonomía, vamos a remitirnos al más básico de los ejercicios comparativos. Tomando la definición de la RAE, autarquía hace referencia a la “política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos”, mientras que autonomía se refiere a la “potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios”. A cien años de la Reforma del 18, las autoridades universitarias de la UNSa pretenden borrar de un plumazo el principio de autonomía del Estatuto de esta casa de altos estudios. En el ámbito universitario se sabe que la autarquía es un principio que aplicado en la Universidad resulta funcional a la cuestionada Ley de Educación Superior menemista. La crítica yace en que beneficia el arancelamiento de las carreras, o abre las puertas para su proyección. Además, supedita enormemente la vida universitaria, su producción de conocimiento, investigación, desarrollo técnico, etc., a los designios de tal o cual gobierno nacional.

A cien años de la Reforma del 18, las autoridades universitarias de la UNSa pretenden borrar de un plumazo el principio de autonomía del Estatuto de esta casa de altos estudios.

Ligada a esta modificación se encuentra la del artículo 126, que corresponde al mismo apartado pero que versa sobre el presupuesto universitario. Se dispone un cambio de léxico, incorporando la fórmula de autarquía económica financiera.

Pero los cambios en el artículo 100 y 126 están sujetos a los que se proponen sobre el artículo 100 en sus incisos 16 y 29. Por su ubicación en el Estatuto, este artículo corresponde al apartado sobre el “Gobierno de la Universidad”, en su “Capítulo III: Del Consejo Superior”. En su fórmula actual estipula lo siguiente: “Art.100: Son atribuciones del Consejo Superior, inc. 16) Reglamentar el régimen contable-administrativo y aprobar las normas contables y financieras”. Las autoridades universitarias pretenden transformar este artículo de la siguiente manera: “Establecer los procedimientos y/o pautas internas que fueran necesarios y conducentes a los fines del cumplimiento del ordenamiento legal vigente en materia de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional”. Una vez más, lo propuesto no es menor. Si se pretende borrar de un plumazo la autonomía universitaria, ahora se entiende mejor por qué. No hace falta un análisis muy profundo para deducir que las autoridades universitarias intentan reubicar a la UNSa dentro de los límites de las políticas de austeridad económica a nivel nacional. El fantasma del pacto con el FMI baila detrás de bambalinas.

Rosca por venir

Una reforma estatutaria no puede llevarse adelante si no se convoca una Asamblea Universitaria. Según lo estipula el Estatuto de la UNSa en su apartado V, artículo 91 y 92, esta asamblea estará formada por “todos los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las Facultades”; y tendrá por funciones, además de modificar el Estatuto, “resolver sobre la renuncia del Rector y el Vicerrector (…) dictar su propio reglamento interno (…) decidir sobre la creación, supresión o división de Facultades y Sedes Regionales (…)”.

Al tratarse del órgano de máxima autoridad de la Universidad, la convocatoria en sí ya es un proceso engorroso que requiere de un mínimo consenso entre los disímiles espacios políticos que se amalgaman alrededor de las dos fuerzas preponderantes dentro de la Universidad. Como ya señalamos, la Facultad de Humanidades ha tenido hasta ahora el tino de convocar a una consulta al respecto, diferenciándose mínimamente del silencio de los decanatos donde dirigen Víctor Claros (Económicas), Alicia Kirschbaum (Naturales), Silvia Forsyth (Salud), Jorge Yazlle (Exactas) y Pedro Romagnoli (Ingeniería).

El clarismo, esa rara y a la vez común combinación de radicales y peronistas, quizás sea la tendencia política en la UNSa que hasta el momento supo aprovechar mejor la disposición de sus fichas de juego en el tablero. Sobre todo de cara a las elecciones 2019. Viene asestando golpes tanto a su adversario (Fernández (bis)), como a los enemigos y posibles aliados de su adversario (el progresismo de algunas facultades, como la de Humanidades, Naturales o Exactas). Quizás confiado de sus aciertos intente sacar más jugo de lo que esta maniobra en sí puede llegar a permitirle. Tomando esta posibilidad como una hipótesis real, ¿intentará una vez más el clarismo llevar hasta el final un programa político que continúe adecuando la vida universitaria de la UNSa a los designios de la Ley de Educación Superior y de los planes económicos del gobierno nacional? ¿Qué tanto recuerdan Claros y sus alfiles octubre de 2011?

Ahora que se conocen las intenciones de una reforma universitaria y en gran medida su letra chica, un detalle que no puede escapar al cálculo político de las autoridades, es la respuesta que pueden llegar a dar los y las estudiantes organizados. Como también aquellos que se sientan interpelados por la urgencia y relevancia del caso y se involucren políticamente. En 2011 una Asamblea Universitaria convocada por el rectorado bajo las órdenes de Claros, pretendía modificar en el mismo sentido el Estatuto. Una enorme movilización estudiantil y docente le impidió sesionar. ¿Habrá revancha?