El CELS publicó un comunicado en el que asegura que el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, presentado ayer por el Ministerio de Seguridad de la Nación es una regulación contraria a la libertad de expresión y al derecho a la protesta.
En un comunicado difundido ayer, el CELS asegura que el Protocolo “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo”. “Según la resolución dada a conocer hoy (por ayer), la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”, expresó el organismo.
“El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles. Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”, argumenta el comunicado.
“Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”, finaliza el texto.
