La empresa del mexicano Carlos Slim fue sancionada por la provincia por demorarse en la instalación de cámaras de seguridad. La multa es de tres millones de dólares pero no se pagará en efectivo. El mexicano abrochó hace dos años un contrato de 54 millones de dólares. (Gonzalo Teruel)
El ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, confirmó que el gobierno multó por 3 millones de dólares a la compañía Claro por el “incumplimiento en el contrato de conectividad de la provincia”. La empresa transnacional de telecomunicaciones, sin embargo, no pondrá esa plata sobre la mesa salteña sino que “compensará” ese monto de facturas que la provincia debe abonarle por la prestación de servicios.
Pese al castigo, Cornejo aseguró que el Plan Provincial de Conectividad y Video Vigilancia continuará y no será interrumpido por los incumplimientos de Claro. “El contrato no se va a caer porque la empresa ya acreditó razones ajenas a su voluntad para demorarse” explicó el funcionario y añadió que “la empresa ya hizo una inversión de 30 millones de dólares y seguirá trabajando porque por suerte es muy grande y puede soportar estos vaivenes”.
Los vaivenes a los que hizo referencia el ministro ya fueron denunciados por la propia compañía y tienen que ver con la imposibilidad de ingresar al país el equipamiento tecnológico por trabas en la Aduana. El Plan de Conectividad y Video Vigilancia, licitado y adjudicado hace más de 2 años cuando Cornejo era director de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones, contempla la provisión de un servicio de telecomunicaciones para vincular a 1.932 organismos del gobierno, y la instalación de un sistema de video vigilancia. En julio de 2012 Cuarto Poder detalló que el contrato entre la provincia y Claro -en rigor de verdad, Telmex Argentina S.A. su compañía controlante- menciona “100 Hot Spots de WiFi a instalarse en las principales plazas de la provincia, 1.000 teléfonos analógicos estándar para los organismos que no cuenten con ellos, 1.000 computadoras o notebooks intermedias, otras 600 netbooks con conexión a internet, una plataforma de administración de conectividad de voz y datos, y otra de video conferencia”.
Aquel artículo periodístico anunció además la instalación y conexión de “1.100 cámaras, 500 de ellas en Capital y el Valle de Lerma” y que “una cifra similar se destinará al resto de la provincia, y las 100 restantes se instalarán en los vehículos del 911 que circulan por nuestra ciudad”. Y marcó que no estaba definido “a qué puntos del mapa provincial corresponderán las 500 cámaras domo PT2 que, fijadas en las paredes, se diferencian de las cámaras fijas por contar con un ojo móvil capaz de inspeccionar un radio mayor del escenario a vigilar” y que “los registros visuales producidos por el conjunto se monitorearán desde un centro ubicado en nuestra ciudad y que contará con un denominado Video Wall de características bélicas: un mínimo de 12 pantallas de 60 pulgadas que, en conjunto, formarán una sola tipo muro”.
A la fecha, sin embargo, el ambicioso proyecto sólo tiene avances limitados y una aplicación parcial. “Casi 1.000 edificios públicos, es decir casi la mitad, ya están conectados a la red pero hay una penalidad por mora establecida en el contrato” reconoció Cornejo y puntualizó que “desde hace casi 2 años tenemos cámaras de seguridad y hoy están en funcionamiento unas 750”.
Ante estas demoras e incumplimientos, el gobierno multó recientemente a la empresa con 3 millones de dólares que se compensan “contra factura de prestaciones que va brindando hasta la fecha”. Según explicó el responsable de seguridad, esas “facturas que se presentaron, no fueron pagadas hasta compensar las penalidades por mora”.
Esos 3 millones dólares de castigo constituyen, sin embargo, menos que un vuelto para Claro. El contrato con la provincia totaliza casi 54 millones de dólares y contiene claros beneficios para la empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim como un “desembolso de 6.532.724 de dólares, correspondientes al total de los 12 primeros meses de entregas parciales” y el pago de 60 cuotas mensuales de 790.640 dólares hasta totalizar los 47.438.400 de dólares restantes.
El enorme costo del servicio fue puesto en contexto por Cuarto Poder en su artículo “Pinche negocio” de julio de 2012. “Esos casi 54 millones de dólares en la economía salteña -un total de $245.028.902- representa casi el total de las regalías hidrocarburíferas de la provincia que, según el presupuesto 2012, será de 253 millones: 170 en concepto de regalías gasíferas, más 83 de las petroleras. Suponen, también, el 30% del famoso Fondo de Reparación Histórica, esos $800 millones que durante 4 años solventarán un total de 176 obras, que contratará mano de obra local en 14 municipios de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia (…) y una cifra, finalmente, que alcanzaría para construir casi 6 hospitales del tipo que se construye en Barrio Solidaridad”.
