En base a ejemplos de otras universidades del país, la UNSa trabaja en la puesta en marcha de un Protocolo de Acción para casos de violencia y/o discriminación por razones de género. Prevenir y sancionar ese tipo de casos es el objetivo. (Andrea Sztychmasjter)

En función a la aplicación de protocolos ya existentes en universidades de Mar del Plata, Córdoba y Rosario, la UNSa busca poner en marcha uno propio y así configurar dentro del ámbito universitario las problemáticas de género como una política pública. Es decir que se buscará prevenir, sensibilizar e informar a toda la comunidad educativa sobre ellas, algo que ya contempla la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

La primera mesa de trabajo para la elaboración de este Protocolo a aplicarse en la casa de altos estudios se realizó la semana pasada con la presencia de diferentes actores que vienen trabajando con estas problemáticas. Es la Secretaría de Extensión de la UNSa, con Oscar Darío Barrios, Florencia Rodríguez y Daniela Martínez, a través de los Centros de Extensión y la Comisión de la Mujer, quienes se encuentran abocados a su elaboración.

De esa reunión también participaron funcionarias de la cartera de DD.HH y Justicia de la provincia: Silvana Ávila, del Programa de Asistencia a la Víctima de la Secretaría de Derechos Humanos y Flavia Salim, de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio.  También el Dr. Álvaro Arias, de la Fundación Proyectar; la Lic. María Sol Villena, de la Red Comunitaria de Zona Norte “Compartiendo Desafíos”; la Lic. Citlati Doljanin, en representación del Hospital San Bernardo. Según señalaron, buscan “unificar criterios”, incluso con el sector de Asesoría Jurídica de la universidad, de esta manera presentarlo y defenderlo en el Consejo Superior. Pero, ¿En qué consiste este protocolo?, ¿Qué se busca con su aplicación?

Lo primero a tener en cuenta es entender que la Universidad no se encuentra aislada de la sociedad, forma parte de ella, por ende el análisis de las problemáticas de género en el ámbito educativo en una provincia que se encuentra en estado de “Emergencia social por violencia de género” no es sólo necesario, sino también urgente. Por eso este protocolo que cuenta con el aporte de la comisión de la Mujer que posee amplia experiencia en el abordaje académico y crítico de los estudios de género, se convierte en una puerta para seguir trabajando con esta perspectiva en el ámbito universitario.

Por otra parte es preciso entender que si bien los femicidios representan el caso más extremo en violencia de género, no son la única manera de ejercerla. Por eso se hablan de violencias, en plural, una problemática que requiere un abordaje específico, el enfoque de género.

Universidades sin violencia

Las experiencias de otras universidades que ya cuentan con Programas específicos para trabajar la problemática, sirven de base para la elaboración de uno que pueda aplicarse en la institución salteña. Según señaló la Licenciada en Comunicaciones, Florencia Rodríguez, aunque la mayoría de los protocolos fueron aprobados y puestos en marcha hace algunos años, las universidades de otras provincias ya cuentan justamente con programas específicos que trabajan sobre la prevención y sanción de la violencia.

“Sabemos que como toda institución, la universidad tiene diferentes lógicas de funcionamiento, muy burocratizada, con muchas dependencias y jerarquías y aquí también aparece el poder, hay pugna de poder y cuestiones políticas. Entonces el protocolo busca trabajar con las situaciones de violencia que se presenten, pero también en la prevención, trabajar por ejemplo con nuevas masculinidades en función a la capacitación”, señaló Florencia y resaltó también el trabajar contra la revictimización.

Según consignó, en la Universidad ya existen casos denunciados -por ejemplo- por acoso laboral: “La idea es que estos casos no queden como casos aislados y se trabaje con una política dentro de la universidad. El Protocolo va a estipular un procedimiento específico para estas situaciones”.

Según informó la comunicadora social, en las próximas semanas se prevén otras reuniones para tratar de definir los puntos y objetivos específicos: “Nos encontramos en la ardua y compleja tarea que requiere elaborar una propuesta conjunta. La idea es que en los próximos meses se intenten unificar todos los criterios”.

En la UBA

Impulsado por una agrupación estudiantil, en 2015 la Universidad de Buenos Aires aprobó el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, en esa universidad existe además la Unidad de Género y la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, desde la cual se debe garantizar el funcionamiento del protocolo en todas las facultades, hospitales y escuelas dependientes de la UBA.

Entre los antecedentes descritos en la presentación del aprobado protocolo, figura que un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas fue relevado de su cargo debido a que acosaba alumnas y publicaba comentarios sexistas en su perfil de Facebook.

Experiencias universitarias

Además de la UBA, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata posee un espacio de atención interdisciplinaria para ví­ctimas de violencia de género.
También la Universidad Nacional del Comahue aplica un protocolo de actuación ante maltratos en la institución, que se aprobó en 2013 y se terminó de diseñar en 2015 luego de la “exoneración de un docente por abuso de poder y discriminación sexista” hacia sus alumnas.

En tanto, la Universidad Nacional de San Martín tiene un programa pionero en asistencia en violencia de género dentro y fuera de los claustros universitarios. Surgió en noviembre de 2013 tras el impacto que causó el femicidio de la alumna Valeria Gioffre.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó este año el proyecto de actuación ante los casos de violencia de género en el ámbito universitario, elaborado por el “Programa de Género y Acción Comunitaria” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de esa universidad. El proyecto prevé el procedimiento institucional y los principios rectores para la actuación en situaciones de discriminación hacia las mujeres y al colectivo de lesbianas, gays y personas trans (LGBT), ante cualquier hecho que implique violencia de género en el ámbito de la UNMdP.

En tanto que en abril de este año, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, aprobó el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y/o discriminación por razones de género. Realizado por el Programa de Estudios de Género (PEG) de esa institución, en coordinación con distintas áreas se articula a partir de un equipo de intervención integrado por dos docentes y un miembro del Departamento de Orientación Educativa, además de tres veedores sindicales, uno por cada representación gremial (docente, no docente y estudiantil).