El debate por el aborto sigue dormido en el Congreso. A más de un año de su presentación, el proyecto para despenalizar y legalizar no logró hasta el momento superar las primeras barreras legislativas.

Las diferencias intrapartidarias y la agenda electoral alejan a 2017 como posible año de tratamiento. Distintas voces expresaron el reclamo por la sanción para poner fin a una de las tantas deudas de la democracia. Este viernes, organizaciones convocan a una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso a las 17 horas para visibilizar aún más la problemática.

Pese al avance en materia de derechos humanos, Argentina se encuentra actualmente dentro del cúmulo de países en donde el acceso al aborto muestra un panorama restrictivo. Su aplicación está atada al Código Penal, que lo señala como no punible en tres causales pero deja espacio para la arbitrariedad de la interpretación y aleja a la mujer de la capacidad para decidir sobre su cuerpo. La norma, vigente desde 1921, señala que la mujer podrá acceder a una interrupción del embarazo cuando este sea producto de una violación, exista malformación del feto o constituya peligro de muerte para la madre. Sin embargo, este “amparo legal” en esos casos tampoco se cumple por igual en todo el país y genera un vacío que puede incluso derivar en el encarcelamiento.

Luego del fallo de la Corte Suprema en 2012 sobre abortos no punibles, el Ministerio de Salud nacional presentó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, una guía técnica para proceder en dichos casos. Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en diálogo con ámbito.com sostuvo que “pese a avances, la situación en el país es despareja” en cuanto a la aplicación del Protocolo, porque hay provincias que adhirieron y otras que no.

Lo que ocurre en estos casos es que su aplicación “se vuelve muy arbitraria”, señaló la socióloga y docente de la UBA, ya que “se está dependiendo de la decisión de cada hospital, servicio o persona que asuma la responsabilidad”. Aquellas que lo solicitan, quedan atadas “a esta azarosa interpretación de las leyes vigentes, de acuerdo a un mayor o menor apego a las mismas, lo cual es un problema”.

Según datos estimativos oficiales, por año se realizan entre 370 mil y 522 mil abortos. Esto arroja un promedio de 1221 abortos diarios o de 50 a cada hora. Cifras preocupantes señalan además que desde 1983 más de 3000 mujeres murieron debido a la realización de interrupciones de embarazos en condiciones de riesgo. Esto la constituye como la primera causa de mortalidad materna en el país, que afecta principalmente a mujeres de bajos recursos.

En junio de 2016, la Campaña presentó por sexta vez consecutiva el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para poner fin a las interpretaciones y eliminar las restricciones que impiden el acceso en forma segura al aborto.”Nosotras proponemos la despenalización y legalización de la práctica hasta las catorce semanas de embarazo por decisión de las mujeres y de toda persona con capacidad de gestar”, señaló Schvartzman e hizo hincapié en que la propuesta habla de tiempo y no de causal, con acceso gratuito en centros de salud públicos y privados. Además, remarcó que pasado ese período se mantienen las prerrogativas vigentes en el Código Penal.

Si bien la situación actual muestra que “se están realizando abortos permitidos” con capacitaciones en distintos hospitales y mayor interés de los profesionales de la salud, resaltó que “persisten temores porque se desconocen los límites de la aplicación del Código Penal” lo cual hace necesario avanzar en la legalización.

 

El Protocolo de la cartera de Salud, modificado en 2016, señala que la penalización del aborto que rige en numerosos países “lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres”. La sanción de la ley persigue la preocupación por la mujer, para evitar su muerte, pero también por lograr su autonomía e independencia.

El diputado nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General por donde deberá comenzar su camino parlamentario el proyecto, se mostró a favor de la despenalización. “Las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo”, remarcó en diálogo con este medio y puso el foco en que debido a las interrupciones del embarazo en condiciones de riesgo “mueren decenas de ellas por año y otras sufren daños a su salud”.

En igual sentido, Victoria Donda, legisladora nacional por Libres del Sur y titular de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde también se deberá tratar el proyecto, agregó que “quienes mueren producto de la clandestinidad del aborto son las mujeres y, dentro de ellas, las de menores recursos económicos”.

“Eso es violencia”, enfatizó, “como también es que el Estado nos prohíba a nosotras planificar nuestra vida familiar y poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”.

Para Schvartzman, es necesario poner fin a los preconceptos y visibilizar aún más esta problemática. “Debemos terminar con los prejuicios y tabúes que demonizan como una práctica violenta algo que realizan 500 mil mujeres en el país”, dijo.

Por el Congreso pasaron numerosas propuestas en la última década pero ninguna logró tratamiento en el recinto. Donda, quien también es una de las principales firmantes del texto presentado en Diputados, apuntó a la falta de voluntad política como una de las causas: “El hecho de que quienes dirigen y dirigieron el Poder Ejecutivo estén en contra, hace que en el Congreso no se refleje”.

Las aristas dentro de cada partido es uno de los punto conflictivos que evita el tratamiento. “Todos los bloques están divididos” en cuanto al aborto, “salvo los bloques de izquierda que tienen por definición partidaria la adhesión al reclamo”, agregó Schvartzman. Sin embargo, puso como ejemplo que “en el Gobierno anterior, la mayor cantidad de firmas provenía del FpV pero de todas maneras no se logró la aprobación en comisión” por lo que no solo depende de apoyo individual sino de voluntad colectiva, entre otras cosas.

Lipovetzky, en cambio, apuntó a que se trata de un tema “que divide mucho y se hace difícil tratar, más aún en un año electoral” y agregó: “Si observás que tanto Bullrich como Cristina, los principales candidatos al Senado por Buenos Aires, se han expresado contrariamente a la despenalización, de alguna manera demuestra la visión que tiene cada uno de los partidos principales en este tema”. Asimismo, sostuvo que para lograr avances “es necesario sacarle el condimento político-electoral y sumar a todas las voces que estén a favor independientemente de que sean oficialistas u opositores”.

Tanto el presidente Mauricio Macri como su predecesora Cristina de Kirchner mostraron su rechazo a la legalización del aborto, reflejando aún más la distancia entre el discurso oficial y la práctica de los gobiernos en lo que hace a igualdad. Sin embargo, la legisladora de Libres del Sur señaló que pese a ello “hay que seguir insistiendo, seguir estando presente en las calles con nuestros reclamos, seguir buscando consensos, seguir haciendo ruido hasta que seamos escuchadas”.

Para el diputado de Cambiemos, la libertad de acción del Presidente a los legisladores hace prever que en caso de una sanción no habría un veto. “Sin embargo, para llegar a eso hace falta una discusión muy profunda”, dijo, aunque según su mirada “la sociedad va hacia un proceso de despenalización, como ocurrió con la ley de divorcio en su momento y con la de matrimonio igualitario, con la salvedad que este caso están en juego las vidas de muchas mujeres”.

Un informe realizado en el país en noviembre de 2016 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló la creciente preocupación “por los abortos practicados en condiciones de riesgo” así como también “el limitado acceso al aborto legal, en contravención de la legislación y de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en 2012”.

Además, remarcó que existe una frecuente negativa “de médicos a practicar un aborto por razones de conciencia” y de “casos de enjuiciamientos contra las mujeres que se han sometido a abortos”.

Con estos argumentos, instó al Gobierno a “acelerar la aprobación del proyecto de ley” para lograr reducir la tasa de mortalidad materna estancada ante la inactividad del Estado, pero también a avanzar en una política educativa sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Despenalizar el aborto a través de una ley continúa siendo una de las grandes deudas de la democracia con la sociedad y principalmente con las mujeres. No evitar la discusión sobre un tema que en ciertos sectores es tabú, visibilizar y sacar del silencio una realidad que no todos eligen ver es otra de las tareas que cada vez tiene más voces. Este jueves, con motivo del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto se realizó un tuitazo bajo la consigna #UnGritoGlobal coordinado por la Campaña 28 de Septiembre, mientras que este viernes se llevará a cabo una Marcha Federal desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional a las 17hs para reclamar por su aprobación.

Fuente: Ámbito