El Concejo Deliberante se apresta a aprobar el convenio rubricado por el Municipio mediante el cual le comparte facultades de control y sanción a la Policía Vial. Más allá de la necesidad de poner orden y prevenir siniestros, las dudas están centradas en la facultad que se otorga a la policía de labrar actas en casos puntuales, y sobre los controles que ya realiza la Vial en distintos puntos de la ciudad pero sin la vigencia del Decreto correspondiente.
Luego de poco más de dos años de resistencia, idas y vueltas mediante, la municipalidad refrendó el acuerdo por el cual la policía vial ampliará su injerencia sobre el ejido capitalino.
Durante la gestión de Miguel Isa, “la Vial” era el más serio apoyo en la tarea del control y sanción de quienes transgredían las normas en materia de tránsito, atendiendo al escaso presupuesto del que disponía la entonces Secretaría de Tránsito que contrataba con la tecnología y cantidad de personal disponible del organismo provincial.
El actual gobierno municipal de Gustavo Sáenz, buscó desde el inicio llevar adelante acciones preventivas y operativas, optimizando los recursos humanos, con mayor cantidad de agentes de tránsito, y también logísticos, proveyendo a la ahora Subsecretaría, de más vehículos y tecnología para profundizar la labor, focalizada en la importancia de salvar vidas cumpliendo las normativas viales vigentes. En ese ínterin fracasaron varias reuniones entre el organismo provincial y la Secretaría de Gobierno municipal, teniendo como principal punto de disidencia, la recaudación y sus porcentajes.
Decidido a tomar el toro por las astas, y ante la preocupación del Intendente de la ciudad dado el desenfreno reinante en las calles, que sobrepasaba la actuación de Tránsito municipal, el flamante Secretario de Gobierno Ricardo Villada, avanzó finalmente sobre la firma de un convenio de actuación conjunta en materia de tránsito para la ciudad capital.
Sin embargo, el convenio rubricado, que vale la pena aclarar todavía no está vigente, pese a los operativos de control de la Vial que ya se pueden apreciar en distintas zonas de la ciudad, tiene algún punto a revisar, ya que estaría prorrogando el poder de policía (en el caso de los puestos fijos con los que ya cuenta) que es una facultad propia de los municipios. Por dar un ejemplo, si un automóvil es controlado en la Ruta 28 donde la Vial tiene un puesto fijo, el convenio le permite aplicar la normativa nacional o provincial en casos como la prohibición de vidrios polarizados, algo que está permitido a nivel municipal. En estos casos también se permitiría que sea el Jefe de Policía el que juzgue, y no los Jueces de Faltas municipales, pese a que el Jefe de Policía no tiene facultades de juez, sino quien debe actuar, es el Juez de Garantías o el Fiscal correspondiente.
Más allá de los propósitos que nadie puede desconocer y la necesidad de colaboración entre ambas partes, se estima que el convenio no saldrá por Decreto como se consigna, sino que a fin de no violar la normativa legal y de procedimientos, será el Concejo Deliberante, el encargado de revisar también las cuestiones relacionadas con el presupuesto.
La normativa
El convenio de colaboración rubricado por el Ministro de Seguridad Carlos Cayetano Oliver, y el intendente de la Municipalidad de Salta, Gustavo Adolfo Roberto Sáenz, cita la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 a la que se encuentran adherida la provincia mediante la Ley Provincial Nº 6.913, y el municipio en forma parcial, a través de la Ordenanza Nº14.395.
El documento firmado destaca la existencia de factores que eluden las normativas vigentes, siendo necesario atender tareas de prevención, control de tránsito público, y del transporte de las personas y mercaderías que circulan por distintas redes viales del municipio y la provincia, aunando esfuerzos y recursos, con el propósito final de disminuir la tasa de siniestralidad vial.
Vale la pena aclarar que las tareas conjuntas se llevarán adelante respetando la autonomía dispuesta en la legislación vigente respecto a la organización municipal, como así también la autarquía que gozan ciertos organismos provinciales.
También recuerdan que existen antecedentes sobre el trabajo que ha efectuado la Policía de la Provincia en materia de seguridad vial en la ciudad, a través de la firma de dos convenios ratificados y aprobados con antelación, con lo cual se deduce que La Vial, trabajaría bajo las mismas características y consideraciones con la que actuó durante la gestión municipal anterior.
Lo que se viene
Facultados tanto el Ministro de Seguridad como el Intendente a la firma del Convenio, que deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante y luego promulgado por el Municipio, las tareas consistirán en controles coordinados (de manera conjunta o separada) con puestos fijos y móviles, y sin entorpecer sus respectivas competencias.
La policía, podrá labrar actas de comprobación (multas) mediante formularios que le proporcione la Municipalidad de Salta, que deberán ser presentadas dentro de las 48 horas de su confección. En el caso de vehículos detenidos, al momento.
En el caso de los puestos fijos que ya posee la Policía, y aquí está la polémica, en Ruta Nacional Nº9 (ex peaje Aunor), acceso norte por Ruta Nacional Nº9, Ruta Provincial 28 en Lomas de Medeiros, y sobre la misma ruta en el Km 16 1/2, la Vial labrará actas con sus propios formularios, bajo la normativa provincial, y siempre que no se encuentre en el lugar personal municipal de Tránsito. O sea que los automóviles que sean controlados en esos lugares, tendrán en ciertos casos, sanciones que no están vigentes en el ejido capitalino.
Los vehículos retenidos por la policía, pasarán al depósito municipal y serán puestos a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas. El costo de traslado al “canchón municipal” en los procedimientos de la Vial, serán percibidos y administrados por la Dirección de Seguridad Vial, la que emitirá los recibos correspondientes previo al retiro de la unidad.
Las actividades a desarrollar, plazos, alcances, obligaciones y aportes de cada una de las instituciones, se establecerán mediante protocolos adicionales.
La convivencia
Los daños materiales o humanos que se produzcan como consecuencia de los procedimientos, serán asumidos por cada una de las partes en la medida de su intervención.
En el caso de irregularidades como confección de actas de manera deficiente, con datos erróneos, la liberación de vehículos sin causa justificada, y la rendición fuera de término de las actas que fueran desestimadas por ese motivo por el Tribunal de Faltas, se tomarán medidas disciplinarias por el organismo correspondiente, según se trate de personal de la Subsecretaría de Tránsito, o de Seguridad Vial.
El personal policial que cumpla tareas de chofer, tendrá reconocido el gasto de la tasa de licencia de conducir por un año, en tanto los agentes de Tránsito serán exceptuados del pago de arancel por antecedentes policiales.
A la provincia, se le otorgarán dos dársenas de estacionamiento para uso exclusivo de móviles policiales frente a cada seccional dentro del municipio Capital, y un espacio de dársenas a determinar en el edificio del Ministerio de Seguridad, Secretaría de Seguridad y en la Central de Policía.
El convenio al que todavía le resta la aprobación del Concejo Deliberante, tendrá una duración de dos años a partir de su promulgación, prorrogaba automáticamente por iguales periodos, salgo que alguna de las partes comunique con una anticipación de treinta días la rescisión correspondiente.
