Hernán Scandizzo escribió un informe sobre Morillo para el portal nacional Observatorio Petrolero Sur. En el mismo repasa la muerte bajo custodia policial del dirigente Pablo Moreno y otros casos de asesinatos y desapariciones.

“A medida que avanza la traza del Gasoducto del NEA, proyectado por Enarsa para extender la red de gas al noreste del país, se desnudan tensiones sociales y disputas de poder en los territorios que atraviesa”. Así comienza el largo informe de Scandizzo publicado en el citado portal.

Tras ello recuerda el caso de Pablo Moreno, referente piquetero que estaba preso en la comisaría de Tartagal, quien había sido detenido junto a un grupo de desocupados de Morillo tras enfrentarse con la policía cuando reclamaba puestos de trabajo a la compañía Vertúa SA. “El deceso se produjo por broncoaspiración, durante un ataque de epilepsia. Pero los familiares y la abogada defensora, Sarah Esper, afirman que fue asesinado, y sostienen que el intendente de Morillo, Atta Gerala, está vinculado. Cabe destacar que Gerala fue recientemente procesado por malversación de fondos, en el Concejo Deliberante local se estudia su destitución y a nivel provincial se evalúa la intervención del municipio”.

“El mismo día que murió Pablo Moreno desapareció en Morillo Claudia Campos, de 16 años, joven militante campesina, sobrina de Lucía Ruíz, una opositora al intendente Gerala. Claudia fue encontrada muerta en un camino del monte. Según El Intransigente, los lugareños atribuyen el asesinato a la narco política. Ambas hechos rompieron la tranquilidad aparente de ese pueblo de casas bajas y calles polvorientas, donde viven unas 6 mil personas, y que recientemente fue visitado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. El 27 de marzo más de 2 mil marcharon pidiendo justicia para Campos y Moreno, e incluyeron en sus reclamos a Lisandra Albornoz, de 14 años, desaparecida desde noviembre de 2014, y a Antonia Sosa, de 24 años, que fue encontrada muerta en el paraje Los Baldes”, precisa el informe.

Moreno y Vertúa

Pablo Moreno estaba detenido desde octubre de 2015 en Tartagal, sindicado como uno de los responsables de los incidentes producidos durante el reclamo de trabajo a la empresa Vertúa, a cargo del tendido del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) entre las localidades salteñas Campo Durán y Capitán Juan Pagés. La obra va mucho más allá del territorio salteño, atraviesa también las provincias de Formosa, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. Según sus promotores, los 4000 kilómetros de cañerías permitirán abastecer de gas a 3,4 millones de personas, para su realización se presupuestó una inversión de 28 mil millones de pesos y sus tramos son ejecutados por una decena de empresas.

Cuando Vertúa SA desembarcó en Morillo las expectativas de empleo crecieron entre los pobladores. Una posibilidad de dinamizar la deprimida economía local. Según una fuente que el periódico El Intransigente no identifica, la situación para la empresa “es muy complicada”, porque en el tramo Campo Durán – Capitán Juan Pagé existen 174 comunidades indígenas, “todos quieren sacar algo de plata del gasoducto y los números se te van a las nubes”. “El gasoducto no puede tomar más de 400 personas, porque no hacen falta más trabajadores, es por eso que mientras el gasoducto va avanzando se va tomando gente, pero se va despidiendo a otras, pero nadie quiere darse por despedido, nadie quiere dar el espacio para que entren los nuevos. Todos los días hay problemas”, sostenía el anónimo en declaraciones al medio digital, exculpando responsabilidades de la empresa pero también de las autoridades públicas en situación que atraviesa la región, y centrando la conflictividad en que “nadie quiere darse por despedido”.

Aquella mañana de fines de septiembre el reclamo en el acceso al obrador de Vertúa fue reprimido por la Guardia de Infantería, que irrumpió con bastones, balas de goma y gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños. En ese marco dos policías resultaron con quemaduras tras ser alcanzados por combustible en llamas y las instalaciones de la empresa sufrieron cuantiosos daños.

Según El Intransigente, la demanda de trabajo a Vertúa estuvo atravesada por una feroz interna entre dirigentes del Partido Justicialista local protagonizada por Atta Gerala, que luego de cuatro años alejado de la intendencia, en diciembre inició su quinto mandato al frente del Municipio de Morillo, y la entonces jefa comunal, Marcela Carabajal. El portal digital asegura que Carabajal se había reunido con representantes de la empresa y del gobierno provincial, donde le garantizaron 300 puestos de trabajo para gente del lugar en el tendido del gasoducto. Pero que poco después el secretario de Relaciones Institucionales de Vertúa, Federico Hanne, en acuerdo con Gerala y el senador Mashur Lapad, prescindió de esos trabajadores.