Las familias que toman desde el 6 de septiembre el loteo 3 de abril adelantaron que continuarán en esa tesitura pese a la orden del fiscal Gómez Amado de “no innovar” en el lugar. El IPV pide represión y el municipio intenta lavarse las manos. (C.A.F.)

En Lajitas se produjo una toma de tierras desde el 6 de septiembre en el loteo 3 de abril, sector norte de la ciudad. Son 142 familias las que se encuentran acampando a la intemperie. Los terrenos fueron donados por la empresa La Moraleja a la Provincia mediante un convenio luego de las inundaciones ocurridas el año pasado. Ante la demora en la entrega, decidieron realizar la ocupación. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) denunció a todos por usurpación pidiendo el desalojo, la causa está en manos del fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, quien ha dispuesto a los/as ocupantes no innovar por el momento.

Roxana Reynaga es una de las voceras y delegadas de la toma, expone: “Son 6 hectáreas que se donaron al municipio desde finca La Moraleja por la inundación, se le adjudicaron a 60 (69 en realidad) familias que ni se les entregó. Además somos 73 familias, las que nos asentamos en los lotes”. Yanina Guerrero, otra de las delegadas expresa “vamos a seguir acá, nos dijeron que tenemos que esperar la justicia, vamos a esperar y sin violencia porque hay niños. Nos dijeron que hay una causa penal. La gente no se mueve, hace 37 grados de calor pero vamos a seguir”.

En la toma hay dos grupos con sus delegados/as. Uno es el de damnificados/as por la inundación, que tenía 69 adjudicados y otro es el de las familias sin techo que exigen que se les otorguen los terrenos que sobran.

El lunes hubo una reunión entre las distintas autoridades y los/as vecinos/as de la toma, estuvieron presentes el coordinador de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, la arquitecta Natalia Vorano y el abogado José Domingo Bejarano por el IPV, el intendente Alberto Fermani, el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado y los concejales Graciela Roldán, Johana Marce, Adelina Castellanos.

Las delegadas Yanina Guerrero y Roxana Reinaga en comunicación con Cuarto Poder, comentan que les quisieron hacer firmar un acta donde accedían al desalojo y por eso no lo hicieron.

No hubo un acuerdo  para firmar el acta, según explica Reynaga, porque no se planteaba la entrega de los lotes a quienes están realizando la ocupación, sino que quedaban sujetos a la decisión del IPV que evaluaría cada caso. “No firmamos el acta porque decía que decidíamos retirarnos y desalojar y después ellos iban a analizar quienes podían acceder a los lotes”. Ella sostiene que todas las personas que están en el lugar tienen necesidades habitacionales, y contradice la versión de que habría quienes tienen vivienda, terrenos, comercios, otras posesiones.

Roxana Reynaga pone énfasis en la demora en la entrega de lotes a las familias  inundadas, y aunque no es vocera de ese grupo, menciona que esta semana “quisieron construir casitas de madera, 4 familias, armaron a la mañana, vinieron las autoridades, la policía y les hicieron desarmar, volvieron a intentar a la madrugada y también sucedió lo mismo“.

“El intendente no nos quiere poner un caño, ni eso quiere […] estamos cansados de las injusticias que hay acá, el intendente siempre hace lo que quiere. Hace 25 años que está, es el único que no quiere dar el brazo a torcer. Él se va a sentir derrotado por lo que la gente ha hecho, como él está acostumbrando a manejar a la gente se sentiría derrotado. En todos los sorteos de barrios —del IPV— hay gente que tiene —otras viviendas—  y han salido en los sorteos, todo es política”, afirma Yanina.

«estamos cansados de las injusticias que hay acá, el intendente siempre hace lo que quiere. Hace 25 años que está, es el único que no quiere dar el brazo a torcer».

Tras consultar al  intendente, Alberto Fermani, esgrimió: “Nos quieren presionar con todo esto y hay políticos buscando una reelección con la necesidad de la gente”. El caso “está en manos del fiscal Gómez Amado, él tiene que decidir porque hay una denuncia del IPV  por usurpación de los terrenos, y pide el inmediato desalojo”.

El mandatario aporta algunos datos: “El lunes 17 vino la gente del IPV  a sortear los lugares a la gente que estaba por adjudicación directa que eran 69, porque fueron los más afectados después de la inundación que transcurrió el 31 de marzo del año pasado. Vino -en ese entonces- el gobernador, la gente de asistencia crítica de Salta y evaluaron la situación de esas familias que tuvieron serios problemas con la inundación. Se les dijo que se haría todo lo posible para conseguir terreno, se comenzó a trabajar entre el gobierno, la municipalidad, Obras Públicas, Tierra y Hábitat. Se consiguió un convenio de la provincia con La Moraleja  y se consiguieron 125 lotes. La Provincia no puede entregar lotes sin los servicios. Por eso después de haber presentado las carpetas y hacer los expedientes de cada persona se iba a hacer la adjudicación directa, se iban a sortear los lugares, no se iban a ceder hasta ese momento. Iban a sobrar terrenos,  como 50, la municipalidad comenzó a recibir los expedientes para después hacer un sorteo libre para todos aquellos que no tienen terreno y cumplieran los requisitos del IPV”.

“Una semana antes de que se produjera el sorteo, una persona del grupo de los que eran de  gente que iba a ser sorteada por el IPV, envió un pedido de ayuda por Facebook diciendo que el IPV se estaba tardando. Un montón de gente fue sin estar anotada, hay algunos que tienen propiedades, que tienen negocios, etc., hay familias con muchas necesidades es verdad pero también hay [otras] que están aprovechando el momento”, relata Fermani.  Dice que la delegada no le creía al IPV que realizaría el sorteo y que sí se le informó del mismo. Considera que para la entrega de los lotes se deben cumplimentar los requisitos del IPV, “hay gente que tiene dos o tres propiedades en Lajitas y está metida ahí adentro”, alega.