Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta emitieron un comunicado sobre la detención de los abogados del caso Reynoso. “Cuando se suscitan hechos de esta características, la abogacía y el profesional del derecho a nivel general es víctima de agresiones de todo tipo”, mencionaron.

Aunque sin nombrar al juez Reynoso en ninguna parte del comunicado, sí hacen referencia a la “lucha contra el narcotráfico”. Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, salieron en defensa de los abogados involucrados. Reproducimos el texto:

“En razón de los allanamientos y detenciones ordenados por el Juzgado Federal N°: 1 de la Provincia de Salta, donde se encuentran imputados y privados de la libertad profesionales del derecho pertenecientes a nuestro medio, es que nuestras Instituciones hacen saber a sus asociados, a la comunidad toda y a las autoridades públicas, su preocupación por estos acontecimientos, recordando y poniendo a disposición algunas reflexiones a tener en cuenta.

Cuando se suscitan hechos de esta características, la abogacía y el profesional del derecho a nivel general es víctima de agresiones de todo tipo, falta de consideración y respeto, tratamiento indecoroso en los medios y de diversos agravios por el sólo hecho de patrocinar un interés que desde ciertos sectores no se comparte.

En este sentido, Caja y Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, desean recordar que no puede confundirse la defensa de un derecho ejercida por un profesional, con los hechos a que el caso esté vinculado. Aquello podrá ser cuestionable moral o legalmente –lo decidirá la opinión pública o la Justicia- , pero el ejercicio de la abogacía y lo que ella representa para el Estado de Derecho, constituye una salvaguarda fundamental de nuestra libertades que separa la civilización de la tiranía y la fuerza.

Es por lo expuesto que instamos a la comunidad y medios periodísticos a que los hechos investigados sean tratados con la debida prudencia. Al Juzgado interviniente para que cumpla con lo normado en la Ley 23.187, Art. 7, teniendo en consideración que al estar involucrado un abogado, el secuestro de sus herramientas informáticas también podría afectar su intimidad, la de su familia y terceros, viéndose afectado el secreto profesional que su trabajo conlleva.

Sobre el particular, debemos aspirar a que la Justicia actúe libremente y sin condicionamientos. Hechos de tamaña envergadura deben ser analizados y trabajados con libertad e independencia por verse afectada la seguridad de toda la comunidad. Como sociedad merecemos que cualquier imputación de estas características sea investigada y reprimida con todo el peso que prevé la legislación penal, sin olvidar que durante el proceso todo ciudadano goza de la presunción del estado de inocencia, condición que parece haberse perdido en los tiempos que corren.

Por último, requerimos del Gobierno Nacional acciones concretas en la desigual lucha que tenemos como sociedad contra el narcotráfico, políticas olvidadas por nuestras autoridades quienes parecen retacear fondos y herramientas para combatir este flagelo que nos aqueja, y con más fuerza a los hermanos de ciudades fronterizas”.