Dos fiscales investigan al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, por fraude a la administración pública. La denuncia surge tras la aparición de una decena de beneficiarios del programa «Salta Solidaria» que nunca cobraron el beneficio, pero aparecen en los padrones y hasta firmaron los recibos. (N. B.)
En la ciudad termal que comanda el empresario Gustavo Solís Mónico, la línea divisoria entre el dinero público y el privado aparece cada vez más difusa. Esta semana se conocieron al menos diez casos de supuestos beneficiarios del plan «Salta Solidaria» que jamás cobraron un peso del municipio. La denuncia realizada por el periodista Miguel Padilla va acompañada de una grabación en la que se puede oír al jefe comunal y a su hermano «Pepe» Solís, planificando la «inscripción» de, al menos, unas cuarenta personas al programa social. Ahora bien, esto representa sólo una fracción de los casi 1500 inscriptos que el programa «Salta Solidaria» tiene registrados en el Ministerio de Trabajo. No se conoce a ciencia cierta la cantidad exacta de beneficiarios truchos que conforman la usina fraudulenta de Solís, pero sólo con los diez casos investigados y confirmados como falsos, la maniobra del intendente llega a los $210.000 mensuales y a $2.520.000 anuales.
La operatoria de Solís Mónico, según describieron los supuestos beneficiarios del plan, resulta bastante rudimentaria. Se trata de un viejo convenio entre la provincia y los municipios para otorgar una ayuda social a los más necesitados a cambio de contraprestaciones de servicios por 3 o 4 horas diarias. Para lograr el alta en el beneficio, es necesario que el postulante presente su fotocopia de DNI y número de CUIL. Nada muy difícil de conseguir para la gente de Solís; ya que, lo primero puede estar en posesión de la administración municipal por cualquier trámite administrativo que hayan realizado los vecinos y lo segundo puede averiguarse fácilmente vía Internet. Aun así, para concretar la operación era necesario contar con la firma de los supuestos adjudicatarios, escollo que supieron resolver nada menos que falsificando —o mejor dicho— inventando firmas.
Ricardo Moyano, uno de los falsos agraciados, exhibió una serie de recibos que lo mostraban como beneficiario del plan por sumas de $1800 y $2100 mensuales, dinero que nunca percibió. El zafarrancho es tal, que incluso su firma aparece en el recibo de pago de otro beneficiario.
El escándalo propició el inicio de una investigación por parte del concejo deliberante de Rosario de la Frontera. Se avanzó particularmente en esa instancia debido a que los pedidos de informe por parte de los ediles son ninguneados una y otra vez por el intendente rosarino. El órgano deliberante de la localidad termal había pedido la conformación de una comisión investigadora en 2017 pero el ejecutivo —y el bloque alineado con Solís— rechazó esa posibilidad. La compulsa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todavía no hay una resolución al respecto. Así y todo, los ediles opositores decidieron continuar con la investigación por su cuenta.
Cuando parecía que nada podía añadirle una cuota más de desfachatez al asunto, aparecieron las explicaciones oficiales. El encargado de dar la cara fue Javier Mónico, secretario de gobierno municipal y primo de Gustavo Solís. Para el funcionario, las denuncias obedecen a operaciones políticas como respuesta a las exitosas actividades municipales entre las que destacó la inauguración de un cine: “Lo veo sin temor a equivocarme desde un punto de vista político, venimos de un fin de semana con muchísima actividad que se recuperó el Cine Teatro Güemes que ha tenido una gran aceptación en todos los rosarinos».
En la causa intervienen dos fiscales: Oscar López Ibarra de Rosario de la Frontera y la fiscal de la unidad de delitos económicos complejos Mónica Poma. La documentación respaldatoria fue presentada oportunamente, como así también una grabación que circula en redes sociales por estos días. La cinta registra el supuesto momento en que el intendente y su hermano «Pepe» Solís diagraman las acciones a seguir para concretar la operación. Si bien, se desconoce quién documentó la conversación, el objetivo es evidente:
Gustavo Solís: Yo necesito gente y fotocopias de los documentos
Pepe Solís: Si ¿De cuánta gente le vas a sacar?
GS: Y bueno… nosotros, como te decía, gastaremos en cuarenta suponete.
PS: Si querés que le saquemos más, le sacamos.
GS: No, vos sacame, escuchame, la fotocopia del documento y el lunes le damos, le hacemos cheque y lo recuperamos.
PS: De hecho yo te puedo dar efectivo, si es que tengo, y vos le pagás. O sea, me refiero que hay algunos que ya están confirmados para cobrar
GS: Confirmados ¿qué? Si esto es nuestro. Yo después la utilizo a la cooperadora como quiero.
PS: Por eso te digo, no te hagas problema.
GS: Ya la otra semana vamos a recuperar.
PS: ¿Cuánto nos corresponde a cada uno de nosotros?
GS: Como 15% de lo recaudado
PS: ¿Cuánto debe ser?
GS: Como 150 lucas, la otra semana…
La charla se interrumpe por la llegada de un tercero al que saludan: «pase doctor». El rumbo de la conversación cambia drásticamente y empiezan a hablar de obras de pavimentación: «Esto está muy bueno, las luces como quedan» comentan.
Los kiosquitos de la familia Solís
¿Cómo llega un empresario exitoso con una deuda cercana a los $20 millones a liquidarla en dos años? Adentrándose en la función pública.
En 2015 el intendente Gustavo Solís Mónico comenzó su gestión con $25 millones en las arcas públicas, monto que había dejado su antecesora Rómula Gómez de Montero. La situación financiera actual del municipio es desconocida hasta para los propios ediles, quienes elevaron nada menos que 140 pedidos de informe sin conseguir respuesta alguna.
Sin embargo, lo que no se puede constatar en los balances, se percibe hasta en las más burdas acciones del jefe comunal. Solís ya fue acusado de remodelar su casa con fondos públicos, de utilizar el combustible del municipio para abastecer la maquinaria de sus campos, de realizar adjudicaciones directas y compras con sobreprecios.
Solís dirigió dos empresas contratistas de obra pública antes de ser intendente: El Portal Obras y Servicios e Isidro Solís. A esta última renunció seis días antes de asumir como jefe comunal.
El Portal Obras y Servicios, en tanto, está señalada como una empresa sub-contratada por la metanense Conta SRL, para la realización de un tramo del gasoducto del NEA con una extensión de 215 kilómetros en el Chaco. Conta SRL —una de las empresas más favorecidas durante la gestión de Juan Carlos Romero— a su vez, integró una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con UCSA y Chediak, una de las empresas de Ángelo Calcaterra, primo del presidente.
Sin embargo, la imagen de emprendedor triunfante que supo construir para fundamentar sus aspiraciones políticas, contrastan fuertemente con los registros públicos oficiales que dan cuenta de deudas millonarias con diferentes entidades bancarias, muchas de las cuales, fueron asumidas como «incobrables». A dos años y 10 meses de gestión, la deuda estimada en casi 20 millones de pesos, está prácticamente saldada según los registros. A esto se añade el ostentoso crecimiento patrimonial del alcalde que se hace palpable en la opinión de los rosarinos.
El comandante de la comuna es, además de una persona de negocios, un hombre de familia. Su primo Javier Mónico es el secretario de gobierno; su hermana, Carolina Solís Mónico, es la secretaria de Hacienda; su tía es directora de discapacidad, su cuñado es encargado del canchón municipal y los empleados de su estudio contable, pasaron a ser empleados municipales cuando asumió en la intendencia. En Rosario de la Frontera, la distancia entre lo público y lo privado, tiene matices casi imperceptibles.
