El 28 de septiembre se celebró el día por el derecho internacional al aborto que desde el año 1990 instituyeron las organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe. En Salta, las bomberas pertenecientes a la red nacional Socorro Rosa organizaron un debate en la UNSa. (Gastón Iñiguez)
La tarde fría y lluviosa del jueves no impidió que el acotado anfiteatro H1 de la Universidad Nacional de Salta se colmara de gente. Casi 100 personas, la mayoría mujeres, escucharon la disertación de tres referentes sobre la problemática del aborto en Salta: el Dr. Alejandro Ruidrejo, decano de la Facultad de Humanidades, la Dra. Andrea Flores (Antropóloga) y la Prof. en Cs. Políticas Mer Martínez, de Las Bomberas-Socorro Rosa Salta.
Cada uno de los disertantes habló de una parte puntual; comenzando con la historia del aborto en el entramado político y social del mundo capitalista y neoliberal, pasando por la situación del aborto en Salta y cómo choca con las creencias religiosas, la construcción de la figura del “niño por nacer” y el cuerpo (o la cuerpa) de la mujer tratado sólo como un envase. La profesora Martínez, miembra del grupo autoconvocado Socorro Rosa, mostró una presentación con datos registrados mediante una “protocola” que usan para documentar los orígenes, motivaciones, condiciones sociales y nivel educativo (entre otros) de las mujeres que buscan a las socorristas para obtener información sobre las opciones que tienen cuando desean interrumpir un embarazo. Luego de las ponencias se abrió el debate para que los presentes pudieran hacer preguntas puntuales entre las cuales se destacaron muchas relacionadas al uso de la droga misoprostol, la participación del estado, los médicos y su postura antiabortista así como preguntas más básicas pero no menos importantes como la clásica “¿qué es el patriarcado?”.
Volviendo a los números ofrecidos por las socorristas, en lo que va del año, el grupo acompañó 112 mujeres en ocho meses, desde Enero a Agosto 2017, lo que significa que asistieron 14 mujeres por mes, algo así como una mujer cada dos días en un promedio semanal.
Aproximadamente un 61% de estas mujeres tienen entre 15 y 24 años, el 56% no trabaja y un 44% lo hace pero de manera informal. El 66% gana salarios entre 2.000 y 10.000 pesos. En cuanto al nivel educativo el grupo mayoritario lo conforma un 24% con el secundario incompleto, ya sea porque están cursando o bien abandonaron sus estudios.
Entre otros datos relevantes que constataron las socorristas, el 75% de las mujeres acompañadas es creyente y practica la religión católica, el 54% no tiene cobertura social y el 47% ya tiene al menos un hijo/a.
Algo interesante a destacar es la motivación, ya que el 58% de las mujeres deseaba interrumpir el embarazo por proyectos de vida (estudio, trabajo o que simplemente no era/es el momento). El 43% por motivos económicos y entre un 9 y 4% por situaciones diversas como el no querer tener un hijo de ese padre, no tener pareja u otros. Sólo un 4% decide no proseguir el embarazo por problemas de salud, violación o simplemente porque ya tienen muchos hijos. Las causas de salud y violación son las únicas contempladas actualmente por la ley bajo la figura de ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
El otro punto a tener cuenta y que muchas organizaciones sociales y políticas están pidiendo es la derogación del decreto provincial 1170/12 a través del cual, en el año 2012, el gobernador Urtubey instruyó a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos de la provincia para que “de forma inmediata” elaboren e implementen “las guías de procedimiento necesarias para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles”, de acuerdo con la interpretación que dio del artículo 86 inciso 2 la Corte Suprema de Justicia.
El problema es que con esta sentencia Urtubey impuso una exigencia que no estaba contemplada por el máximo tribunal. De acuerdo con el decreto, si no hay denuncia penal voluntaria, será un requisito para acceder a la intervención que se elabore una declaración jurada dentro del ámbito judicial donde se deje asentado que la mujer fue violada, con la asistencia tutelar del Ministerio Público. De esta manera, el gobernador agregó un paso y, según la Corte, imponer otros requisitos a los establecidos en su fallo implicaría obstaculizar el acceso al aborto no punible (fuente: Página12 – 26/4/2012).
Las Socorristas Salteñas son un grupo de acompañamiento que brindan ayuda a mujeres; ellas no realizan intervenciones; en todo momento expresan la importancia de que el estado sea partícipe y proponga soluciones para que las mujeres puedan abortar de manera segura, libre y por sobre todo, feminista.
Durante la reunión las mujeres hicieron hincapié en tres ideas que son la base fundamental de la lucha que se está dando en Salta:
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
