Ayer se conocieron las condiciones en las que vive Álvaro Dante, un adolescente de catorce años del Chaco salteño que pasa las tardes enjaulado porque su familia no tiene quién lo cuide. Similar a una política de acorralamiento sistemática: el olvido. (Franco Hessling)

Ayer se conoció el caso de un adolescente de catorce años que, desde hace ocho años, pasa sus tardes enjaulado, como consecuencia de su situación neurológica y la falta de dinero para rentar a quien se encargue de sus cuidados. Sus padres duermen con él y comparten hasta el mediodía; pero por la tarde, cuando se ausentan por responsabilidades acuciantes, el chico queda encerrado tras barrotes de madera en una minúscula porción del mundo de menos de tres metros cuadrados.

El hecho tomó relevancia pública por mérito del periodista de la zona, Brian Salazar, quien divulgó su labor en la comunidad de Alto La Sierra, a unos 70 kilómetros de Santa Victoria Este, en las profundidades del Chaco salteño. En un audio grabado por Salazar con el padre del muchacho y el cacique Asencio Pérez, el periodista afirma que se trata de una familia de originarios aunque sin especificar la etnia. Pérez aprovechó el espacio para demandar indiferencia por parte de la Municipalidad de Santa Victoria.

El tutor de Álvaro Dante, según lo nombra en un vídeo que circuló desde ayer temprano en portales digitales, cuenta que el principal problema estriba en la fuga. Si lo dejan suelto y sin cuidado, el púber se escabulle por el monte, y para prevenir que se pierda o que le suceda algo en el camino, optaron por encerrarlo. En las imágenes el joven emite quejidos desde dentro de una jaula, como si fuese la escena que se repite tarde a tarde -cuando está solo-, en este caso montada especialmente para que se vislumbre en la filmación.

El adulto a cargo cuenta que alguna vez recibió la visita de funcionarios del Gobierno, no recuerda qué cargos ocupaban ni cómo eran sus nombres, al fin de cuentas cuando vinieron, ellos desconfiaron sobre la insólita preocupación altruista, tantas veces citada, tan ineficiente. Tenían razón, los funcionarios otorgaron un retazo de chapas y materiales y, sin hacerse cargo ni siquiera de la obra, se marcharon para no volver. La historia de nunca acabar.

Los foráneos gubernamentales les habían dicho que lo ideal era que un médico lo viera. Jamás regresaron.

En su intervención, el cacique Pérez se ocupa de aclarar que la familia sí percibe una pensión mínima por la discapacidad del joven. Subraya que “no hay ayuda, ni de la Municipalidad ni de nadie”, enfatiza en que la asistencia que se requiere es integral al asegurar que “hay muchos chicos más en la zona que necesitan ayuda”. Se refiere al modo de vida de las familias, llevadas a un extremo de privación que a menudo agrada sólo como relato ficcional de una película o de un best-seller. Hipocresías de la sociedad líquida.

El Chaco salteño es un enclave estratégico para pensar en los anacronismos convivientes en la contemporaneidad. Grandes terrenos yermos e inhóspitos, porciones ingentes en manos de pocos, que no tienen más virtud que estar en cercanías de una triple frontera entre Argentina, Paraguay y Bolivia. La familia del propio presidente Mauricio Macri posee una suculenta suma de hectáreas. No son los únicos, renombrados apellidos del capital vernáculo e internacional son los que van acorralando a las comunidades que habitan la zona. La explotación de las tierras aún no es la más voraz, y la ubicación estratégica que se reparten los latifundistas enciende suspicacias. En el medio, los habitantes del lugar van siendo desplazados -barnicemos con eufemismo-, y despojados de las condiciones ambientales mínimas para desenvolver su modo de vida.

El modelo de propiedad de tierra ha sido abordado por los gobiernos nacionales y provinciales, sobretodo en el último quinquenio. El primer rastro de injerencia legal-política en tales asuntos puede hallarse en la reforma constitucional de 1994, cuando tardíamente se reconoció a los pueblos originarios que habitan el “suelo argentino” como sujetos de derecho. En adelante, los reclamos por la propiedad de la tierra tuvieron ese respaldo etno-histórico y se conjugaron con las demandas criollas ante la expansión que desde medidos de los 90 tuvo el modelo de desertificación de la tierra para la agroexportación, aplicando el barniz eufemístico diríamos la “ampliación de la frontera agropecuaria”.

El Gobierno de Salta, en particular, desde entonces tuvo, y aún tiene, organismos avocados exclusivamente a reorganizar en parcelas estilo citadino a las comunidades que, otra vez con prisma de ciudad, han elegido agrupar como “unidades”, “puestos” o “familias”. El registro catastral que se viene elaborando concluirá cuando se agote el himen legal que inhibía los desalojos (ley provincial 7658, prorrogada hasta diciembre), y se avance definitivamente a “despejar” -abusemos del barnizado- zonas para el uso productivo o la pujanza en el mercado de bienes raíces.

Esto último a colación de ciertos programas de urbanización fugaz que se están llevando a cabo como parte de la política del Gobierno nacional. Cuando se eligió el centenar de lugares más carenciados del país, Salta prestó su Chaco Salteño como epicentro. El Plan Hábitat y otras líneas son las que se están volcando en la zona para acabar definitivamente con los que, por tradición, inercia, autodeterminación u obligación hacen una vida distinta a los presagios del “desarrollo” hermanado al mercado. ¿Qué pasará entonces con esos otros que hacen una vida distinta? Quedarán (aún más) acorralados.

Además de la organización territorial promovida por el Gobierno provincial vía ley 7.658 y de la próxima cesación de la emergencia que favorecía a los pueblos originarios (ley nacional 21.610), la desertificación de esas zonas, proceso que en otros tiempos históricos se conocieron como campañas del desierto, incluye el mecanismo de condenarlos al olvido.

Ésa inclinación gubernamental se intentó disimular -la técnica del barniz no sirve sólo para este escrito- proliferando la injerencia de la Fundación Conin, del médico mendocino Abel Albino, a la que se contrató mediante diversos convenios públicos. A su vez, el Ministerio de Primera Infancia, hizo lo propio con los signatarios locales de Unicef y Techo (la ex Un techo para mi país), y se jacta de haber elaborado sistemas cuantitativos para “conocer” la realidad de los pobladores chaqueños y ser un providencial regadero de centros de primera infancia. La cartera encabezada por el contador Carlos Abeleira, Charly para los Esparta, se puso en funcionamiento a finales de 2014, luego de que tomase estado público por primera vez lo que después se hizo moneda corriente en la agenda de medios locales: muertes de niños de las comunidades por malnutrición.

Por si faltasen áreas para ocuparse específicamente de la cuestión, en el último recambio que dispuso Juan Manuel Urtubey en su gabinete incorporó el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario. De esta forma, cuatro son las carteras que tienen responsabilidad directa en el caso de Álvaro Dante, y en cualquiera que se le asemeje, sea por falta de dignidad humana o de respeto a la diversidad civilizatoria: Derechos Humanos y Justicia, Salud Pública, Primera Infancia y Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.

Que no vayan a decir que el problema es cultural o que los familiares de Álvaro Dante insisten tercamente en querer encerrarlo como solución a su contratiempo. Hay una política de olvido, de acorralamiento.