Se complica el debate por los aportes de la campaña del año que viene. La figura vacante del recaudador y los problemas de logística. El ala política versus el ala comunicacional. Dudas en Marcos Peña y Durán Barba.
Hay sensaciones encontradas. En las últimas semanas, un número considerable de dirigentes e intendentes oficialistas de la provincia de Buenos Aires peregrinaron por la Casa Rosada con la idea de que tal vez la votación con boleta de papel no es tan mala noticia si se tiene en cuenta que ahora, tras la proliferación de la ola amarilla en Nación y en territorio bonaerense, el PRO cuenta con la estructura y la logística necesarias para sacar provecho electoral. La respuesta de Mauricio Macri no dejó margen de duda: «Boleta Única Electrónica sí o sí».
Con el duro traspié aún a cuestas, y mientras mastican bronca con el PJ, en la Casa Rosada se empezó a profundizar la inquietud en torno al financiamiento de las campañas, que en los planes debería empezarse a discutir el año entrante pero que caída la reforma política obliga a repensar la estrategia de cara al calendario electoral. Un encumbrado funcionario de la mesa chica del Presidente le había confiado a Infobae hace un par de semanas que la implementación del voto electrónico achicaba bastante los margenes de discrecionalidad de la recaudación y del financiamiento electoral del Gobierno, entre otras cosas, por el costo de las boletas, el pago a los fiscales y la logística alrededor de ambos.
Pero la principal inquietud tanto de la cúpula del gobierno nacional como del bonaerense -distrito clave a nivel electoral-, según aseguraron altas fuentes de ambas administraciones, pasa por el sistema de recaudación de campaña del próximo año, que Macri hoy no tiene quien lo maneje y que el año pasado tuvo los buenos consejos de Nicolás Caputo, el más íntimo de sus amigos. «Nadie se quiere hacer cargo», explicaron desde la cúpula de la coalición de gobierno. Es decir: el Presidente hoy no tiene recaudador.
Más allá del supuesto espíritu republicano del cambio del sistema de votación impulsado hasta el hartazgo por el Gobierno, la obsesión por la reforma política que el jueves fue herida de muerte en el Senado obedece en buena medida a la necesidad de Macri de desmantelar ese sistema de recaudación plagado de irregularidades que el año pasado lo llevó a la cima del poder. El proyecto para reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos era -para el Gobierno aún lo es- la segunda parte del plan.
Tras el revés de la semana pasada, y en vísperas del calendario electoral, desde el Ministerio del Interior aseguraron que el próximo año van a encarar el debate por el financiamiento pero ya no son tan optimistas como antes. «Ahora miramos a todos de reojo. Estamos tocando fibras muy sensibles del sistema político», explicó uno de los funcionarios a cargo de los proyectos. En medio de la discusión por el voto electrónico, los senadores peronistas Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti presentaron su propio texto en el que incluyeron financiamiento, con una particularidad: los aportes son propiedad exclusiva del Estado. «Los partidos políticos o alianzas con motivos de la campaña electoral no podrán recibir recursos provenientes de personas físicas o jurídicas distintas del Estado nacional», escribieron los senadores en el artículo 76 del proyecto.
La posición del peronismo -que tras el revés del jueves pasado quedó partido y Miguel Ángel Pichetto sembró un manto de dudas sobre su liderazgo en el Senado- en el borrador de Abal Medina y de Perotti impacta además en el texto que la Casa Rosada elabora desde hace meses y que vuelve a introducir, entre otras modificaciones, el aporte empresario a las campañas electorales.
«¿Cómo van a hacer? ¿Son conscientes, además, de cierta desilusión del empresariado que el próximo año quizá no sea tan generoso como el que pasó?», se pregunta un operador del PRO que durante la campaña del 2015 participó activamente en el engranaje logístico de los aportes macristas. El hombre ejemplifica con dos casos: el de dos funcionarios de Energía que la semana pasada fueron denunciados penalmente por Elisa Carrió y que antes de ingresar a la función pública revistaron en las filas de Pan American Energy (PAE), y el de Carlos Tomeo, el polémico empresario también denunciado por «Lilita» que había aportado a la campaña de Macri del año pasado. «¿Quién va a querer colaborar así?», vuelve a preguntarse.
La inquietud del operador apunta además a la dura puja interna entre los bandos político y comunicacional del PRO, que quedó al desnudo tras las críticas de Emilio Monzó en el diario Perfila la estrategia de gobierno, errada según el jefe de la Cámara de Diputados. Los dichos de Monzó esconden detrás la trama de financiación partidaria que aleja aún más a ambos bandos y que define diversos estilos. «¿O cómo se piensan que llegaron Mauricio a la Presidencia y María Eugenia a la Gobernación?», bramaron cerca de Monzó: «¡Con política y con plata!».
La acefalía en el sistema de recolección de aportes del PRO encima jaquea la política electoral de Marcos Peña, cuya estrategia comunicacional insumió, por ejemplo, la mitad del gasto de campaña del año pasado y en semanas en las que el liderazgo del jefe de Gabinete empieza a ponerse en duda con más énfasis por el entorno presidencial. Con sorna, dentro ese círculo dicen que la plataforma de captación digital de aportes que armó Peña en el 2015 sirvió para captar solo 120.000 pesos.
El Gobierno tiene un desafío extra: el de trazar la línea divisoria entre actos de gobierno y eventos de campaña, ahora que tienen a disposición todo el aparato estatal y ya que desembarcaron en la Casa Rosada con promesas de estándares altísimos de transparencia y apego a las normas. Uno de los ítems del borrador oficial sobre financiamiento que tal vez no llegue a aprobarse el año que viene pone especial atención en ese punto. A propósito, el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, termina de revisar por estos días los aspectos técnicos de la licitación con la que el Gobierno revalidará los contratos de televisación de los actos presidenciales, hoy a cargo de la productora La Corte.
En ese esquema, la relación entre el jefe de Gabinete y Jaime Durán Barba, asesor estrella de Macri, entró en una faceta inusual de desconfianza. ¿Tendrá que ver con un mensaje del Papa Francisco o con algunos excesos por parte del ecuatoriano, que por estos días llega al país? La logística del sistema de financiamiento del PRO que en estos meses entra en una etapa decisiva en cuanto a su funcionamiento también preocupa al gurú comunicacional, cuyo rol se puso en duda como nunca antes. En días en los que, por si fuera poco, también comienzan a trascender picarescas historias en torno al hijo del ecuatoriano.
Fuente: Infobae
