Luego de que el resbaladizo juez salteño Miguel Medina se excusara de intervenir en la causa que vincula al ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, con el secuestro Miguel Ragone y a la Masacre de Palomitas, se conoció que la misma recaerá en el tucumano Fernando Poviña.
La excusación de Medina ocurrió en los primeros días de agosto luego de que la hija de Pablo Outes (asesinado en Palomitas), Soledad, retorna de la España en la que vive desde 1976 e interpusiera un despacho al juez Miguel Medina para que Lona sea citado a declaración indagatoria “atento la responsabilidad directa que le cabe en la Masacre de Palomitas”. La imputación, según el escrito, es atribuible a los testimonios que Carlos Alberto Mulhall y Juan Carlos Grande ofrecieron en 1984 ante las Fuerzas Armadas y en donde aseguraron que el exjuez fue “quien solicitó el supuesto ‘traslado’ que permitió aniquilar a todas las víctimas”. Medina se inhibió y la conducta provocó lo de siempre: una nueva dilatación judicial que permitirá a Lona gozar de una tranquilidad asombrosa y una fortuna amasada durante cuarenta años.
En función de esa desvinculación de Medina, es que se supo ahora que la investigación sobre las responsabilidades de Lona recaerán en el tucumano Poviña. La información fue confirmada ayer por el fiscal federal Ricardo Azzolín, que viene demandando que Lona sea investigado como partícipe del secuestro y la desaparición de Ragone, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal, quienes fueron baleados cuando observaban el secuestro del ex gobernador, el 11 de marzo de 1976. Azzolín también plantea que Lona tiene debe responder en calidad de partícipe de la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976 sobre la ruta nacional 34, a la altura del paraje Palomitas. Además, existe la posibilidad de que también asuma la investigación en una tercera causa en la que se acumularon las denuncias que tiene el ex magistrado en relación a otras violaciones a los derechos humanos cometidas en Salta durante la última dictadura cívico-militar.
