En noviembre pierde vigencia la ley nacional que declaraba la emergencia en materia de posesión y ocupación en favor de las comunidades originarias, y en diciembre se termina la inhibición provincial a los desalojos. Se avizora un 2018 con represiones y gestas del “desierto” impulsada por terratenientes. (Franco Hessling)

Desde diciembre de 2011, la Provincia lleva relevados 1.108 puestos campesinos en el territorio salteño, todos los cuales tendrán un himen legal hasta diciembre, cuando se agote el plazo para inhibir los desalojes recientemente sancionado en la Legislatura. El proyecto original se había elaborado en la Cámara Baja, en Senadores recibió sensibles modificaciones, entre otras cosas, impugnar los despojos a familias radicadas sólo por seis meses -hasta diciembre- y no por tres años.

En un abrupto cambio de pareceres, los diputados recibieron su propio proyecto maltrecho y lo aprobaron sobre tablas con desconcierto de los oficialistas y rechazo de la izquierda por cuestiones de forma y fondo, y de la derecha por aspectos formales -el diputado Carlos Zapata se quejó de que se tratase sobre tablas, sin permitir días para estudiar las enmiendas introducidas por los Senadores-.

De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Provincia, de los 1.108 puestos campesinos, 864 están en el departamento Rivadavia, zona donde el mismísimo presidente, Mauricio Macri, es poseedor de numerosas hectáreas. En cuanto a la situación dominial, se indica que en Rivadavia sólo el 11% tiene documentación que acredite titularidad de la tierra, mientras que en San Martín, de los 216 puestos censados, el 14% cuenta con documentación de propiedad.

El relevamiento es aportado por la repartición provincial, actualmente dependiente del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario. Se indica que el 90% de las familias totales de Rivadavia (782) se declara poseedora de la tierra en la que habita, argumentando, como es sabido, milenios de arraigo de sus antepasados inmediatos. De acuerdo a la subsecretaría, de esas 705 familias que se reconocen poseedoras hay 515 que se encuentran en “tierras privadas”, entiéndase las hectáreas “legalmente” en manos de acaudalados que creyeron desiertas las tierras y fueron a la conquista. El orden occidental impuso su visión de la propiedad -individual y pecuniaria- sobre las que preexistían en estas tierras. Bajo ese orden es que unos se consideran titulares y otros ocupantes milenarios, aunque no propietarios.

Para el caso de San Martín, se indica que poco más del 89% de las unidades campesinas son poseedoras de la tierra y que alrededor del 90% se encuentra sobre “tierras privadas”. Las más de mil familias relevadas en la provincia se completan con las fichadas en Chicoana, donde se relevaron 21 núcleos rurales, todos en Escoipe. No se especifican detalles de esas fichas censales, es decir, la subsecretaría no advierte cuántas de esas familias se declaran poseedoras y cuántas ocupan las pretendidas “tierras privadas”.

El registro de las familias rurales empezó a realizarse en el 2012, a poco de que se sancionara la Ley provincial 7.658 -recientemente prorrogada por seis meses-, en la que se establece la prohibición de realizar desalojos. Textualmente, ese himen legal lo que establece es la suspensión de “las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios”. No sólo es un himen en cuanto a que la cobertura no avanza en reconocer directamente la propiedad en aquellos tenedores centenarios y milenarios de la tierra, sino que el peso de la ley muchas veces desaparece ante la presencia de otros poderes como el político o el económico.

El plazo con tintes perentorios con el que los Senadores cambiaron la tónica de la prórroga que los diputados habían acordado en tres años, hace que a partir de diciembre no sean pocas las familias que corran peligro de ser desalojadas, sea de forma pacífica o violenta para los que resistan amparados en sus legítimos milenarios derechos, pero también en el marco legal contemporáneo, particularmente la ley nacional 26,160, sancionada en noviembre de 2006, prorrogada en 2009 y luego en 2013. Según su última extensión, sancionada por la Ley 26.894, la vigencia de este cerco legal se extiende hasta el 23 de noviembre de este año.

Puntualmente, la Ley 26.160 y sus prórrogas establecen que se declare “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente”, es decir, el IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta). Los tiempos de vigencia de esta ley, hasta noviembre, que seguramente no será renovada por el macrismo, explican de alguna manera el ajuste en los tiempos que hicieron los miembros de la Cámara Alta salteña. Desde diciembre no habrá emergencia ni prohibición a los desalojes, casi mil familias salteñas podrían ser expulsadas de los lugares donde están afincadas.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural agregaron que, desde que se inició con el fichado de las familias, también se han efectuado sesenta capacitaciones sobre el asunto de las que participaron más de setecientas cincuenta personas.