Salta fue acusada de ser una de las que más desmonta y el Grand Bourg rebatió con datos. No dijo que la merma obedece a la Ley de Bosques y a un decreto de 2014 que prohibió las “recategorizaciones” que la Auditoria nacional calificó de ilegales. (Gonzalo Teruel)
La noticia sorprendió y hasta incomodó a los funcionarios salteños que se aprestaban a recibir las deliberaciones del Consejo Federal de Medio Ambiente integrado por ministros y secretarios de todas las provincias argentinas y de la nación. “Salta, con la tasa de deforestación más alta del mundo” publicaron algunos medios de difusión y replicaron organizaciones políticas y sociales.
De inmediato, el malestar corrió por despachos del gobierno provincial. “Eso no es cierto” protestaron y explicaron que desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 y, sobre todo, desde la rúbrica de un decreto provincial prohibitivo de las “recategorizaciones” de zonas del mapa de Ordenamiento Territorial en 2014 los desmontes se redujeron de manera notable en la provincia.
En rigor de verdad, la denuncia periodística (y política) no era nueva y estaba sustentada en datos tan ciertos como viejos. Esos que mostraron, en su momento y oportunamente, que sólo superada por Santiago del estero, Salta fue la provincia con mayor tasa de deforestación y que la región del chaco salteño fue la más afectada del mundo por el avance de las topadoras y el corrimiento de la frontera agrícola.
“En Salta se desmontó el 2,5% de los bosques nativos remanentes por año mientras que el promedio latinoamericano fue del 0,5% y el promedio mundial fue 0,2%” plantearon los medios de difusión sin indicar con exactitud en qué periodo se registraron esos porcentajes y con solas menciones al especialista del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y del CONICET, Lucas Seghezzo, y a un reporte de la ONG Global Forest Watch.
Pero los datos que maneja la provincia, propios de la Secretaría de Ambiente y del INTA, muestran que la tasa de deforestación no llegó a ese 2,5%. Para la Dirección de Planificación Territorial la evolución de esa tasa fue: 0,90 en 2008; 0,72 en 2009; 0,73 en 2010; 0,81 en 2011; 1,01 en 2012; 0,85 en 2013; y 0,85 en 2014. Y para el INTA fue: 0,68 en 2009; 0,57 en 2010; 0,99 en 2011; 1,14 en 2012; y 0,53 en 2013. Con niveles superiores, la serie de Global Forest Watch tampoco llegó a 2,5 y fue: 0,86 en 2009; 1,50 en 2010; 1,19 en 2011; 1,27 en 2012; 1,24 en 2013; y 0,66 en 2014.
Un estudio realizado en la Universidad de Stanford, Estado Unidos, publicado en el mes de enero en la revista Ecological Economics muestra que en efecto la Ley de Bosques redujo las tasas de deforestación en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero. Los investigadores norteamericanos analizaron las diferencias entre las tasas de deforestación durante el período de planificación de la ley (2007 a 2009) y durante los primeros años de aplicación (2010 a 2014) y observaron que la deforestación disminuyó significativamente en zonas amarillas, comparado con zonas verdes. Esta diminución es la más fuerte en Salta donde la tasa de deforestación fue 73% menor en lotes ubicados en zonas amarillas, comparadas a lotes similares en zonas verdes durante la fase de implementación de la ley (0,6% frente a 2,2% deforestación por año).
“El efecto adicional de las zonas rojas sobre las tasas de deforestación fue menor. En Salta y Santiago, los lotes en zonas rojas tuvieron tasas de deforestación menores que los lotes en zonas amarillas, pero solo en el período de planificación. En el período de implementación, no se observan diferencias” aseguró el reporte publicado en la revista especializada y añadió que “la diferencia entre las tasas de deforestación en lotes en zonas rojas y verdes en Salta es significativa, pero no supera la diferencia entre lotes en zonas amarillas y verdes”. “Adicionalmente, se observa un aumento de las tasas de deforestación en propiedades amarillas en Salta durante el período de planificación, reflejando la aceleración de los desmontes durante ese período en anticipación del aumento de las restricciones de desmonte” puntualizó la publicación norteamericana.
Más aún, en la provincia para encabezar las deliberaciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, el propio ministro Sergio Bergman aseguró que “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor en deforestación”.
Otras estadísticas oficiales como las de la FAO (la oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) muestran que entre 2010 y 2015 la Argentina ocupó el noveno lugar entre los países que más hectáreas de bosques perdieron. Brasil (984 mil hectáreas y un 0,2%), Indonesia (684 mil y 0,7%), Myanmar (546 mil y 1,8%), Nigeria (410 mil y 5%), Tanzania (372 mil y 0,8%), Paraguay (325 mil y 2%), Zimbawe (312 mil y 2,1%), Congo (311 mil y 0,2%), Argentina (297 mil hectáreas y 1,1%) y Bolivia (289 mil y 0,5%) son las 10 naciones que mayor superficie boscosa entregaron a las topadoras.
Esos números, sumados al histórico atraso socioeconómico del norte argentino y al contexto político nacional favorable a los agronegocios, revelan no obstante la vigencia del debate sobre la forma de administrar los recursos naturales en la provincia y en el país. Al respecto, el ministro Bergman señaló “que esté pintado de amarillo (el chaco salteño) no impide la producción, sino que hay que hacerla con otras técnicas”.
“No puede inhibirse el desarrollo pero el desarrollo tiene que ser sustentable. Lo que tenemos como antecedente son malas prácticas y tenemos que pasar a buenas prácticas. Entonces tenemos que avanzar hacia una ganadería sustentable como la silvopastoril” indicó y aseguró que las 5 millones de hectáreas que entidades rurales piden poner en producción “no van a pasar de amarillo a verde”. “No veo ningún argumento técnico que pueda sostener la provincia para pasarlas a verde” advirtió.
Pero, tal como sucedía durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, la gestión de Mauricio Macri demora los envíos de fondos a las provincias y, peor aún, aporta menos recursos de los que corresponden al cuidado de los bosques. En los últimos 8 años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $29 mil millones y entregó menos de $2.100 millones. Pero esos casi $27 mil millones nunca devengados medidos en términos reales, es decir actualizados por inflación, llevan la deuda ambiental de la nación con las provincias a casi $40 mil millones.
“Sin esos fondos se hace difícil cuidar los recursos naturales de una provincia tan vasta y diversa como la nuestra” reconocieron en la Secretaría Ambiental y subrayaron que, de cualquier manera, de acuerdo a datos todavía preliminares, los desmontes ilegales se redujeron casi un 70% (de 1.138 hectáreas en 2015 a 385 hectáreas en 2016) el año último como consecuencia del endurecimiento de las sanciones y, sobre todo, de la efectiva incorporación de los infractores a un registro(provincial y nacional) que les impide recibir compensaciones dinerarias y continuar con nuevos emprendimientos productivos.
“Hay desarrollo ganadero en bosques” dijo el ministro Bergman e insistió en que desde el gobierno nacional “bajo ningún punto de vista estamos en cosas de preservación del ambiente para inhibir la posibilidad de la actividad ganadera o productiva agropecuaria, pero la vamos a acotar, regular y controlar”. El año último, sin embargo, ya en la gestión de Bergman el gobierno nacional aportó menos de $1 por hectárea de bosque a proteger en el territorio salteño.
Desarrollar una producción ambientalmente sustentable es el desafío para los gobiernos nacional y provincial que, por caso, acaba de recuperar más de 80 mil hectáreas en Anta, en la zona de Salta Forestal, para incorporar al desarrollo ganadero. Es preciso entonces que el gobierno nacional integre como manda la ley, con el 0,3% del Presupuesto y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y aporte más y mejores capitales al cuidado de los recursos naturales de las provincias.
