Florencia Alcaraz, redactora de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, presentó un informe sobre Salta. Resalta que la emergencia por violencia de género llega años después que organizaciones de mujeres reclamaran la medida, mientras otras polemizan sobre la declaración y reclaman la aplicación de la normativa vigente.
Transcribimos a continuación la nota:
“Al cuerpo de Abigaíl Antelo lo encontraron la semana pasada en Bolivia, cerca de la frontera internacional. Tenía las costillas fracturadas y estaba muy golpeada. Todavía no se sabe quién la mató. La joven salteña tenía 17 años y era de Salvador Mazza. Su familia la buscó durante diez días. A Evelyn Beatriz Rivero, de 38 años, la encontraron este fin de semana muerta en una casa de Orán. Su ex pareja la estranguló hasta asesinarla. Ella se había resistido a un ataque sexual. Ayer, el gobierno provincial decretó la emergencia en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial. Hace dos años que un sector de las organizaciones de mujeres salteñas reclama esta medida. Otra parte de las agrupaciones cuestiona la decisión: piden presupuesto y una perspectiva de género.
“Tenemos un marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres. Hay leyes nacionales, provinciales y ordenanzas. Pedimos que se cumplan” dijo a Infojus Noticias, Marta Cesar, vicepresidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta. Y agregó: “La violencia machista no es un accidente que emerge: es producto de relaciones asimétricas de poder. Se naturaliza que el cuerpo de las mujeres es propiedad de los varones. Por eso les pegan, las violan y las matan”.
Violeta Carrique es filósofa y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta. La académica también cuestionó el decreto: “Hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Con la seguidilla de casos el gobierno tiene que salir a decir algo. Pero nosotras venimos trabajando para que se pongan en funcionamiento varios programas que ya existen para estos temas”. Carrique también discutió el término “emergencia”. “No es una emergencia como una catástrofe natural. Es algo que no se resolvió ni se mejoró antes”, dijo.
Las referentes del movimiento de mujeres polemizan sobre la declaración de “emergencia” porque reclaman la aplicación de la normativa vigente, como la Ley Nacional 26.485, sancionada en 2009, que aborda la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas. “Esta declaración a través de un decreto no va a resolver la cuestión de fondo”, se lamentó Gabriela Cerrano, senadora provincial del Partido Obrero.
Cuestionan pero tienen propuestas. “Pedimos un presupuesto adecuado y capacitación con perspectiva de género para todos y todas las funcionarias de los tres poderes. Hay un desconocimiento preocupante”, dijo Marta Cesar.
“Hay indicadores puntuales propios de nuestra provincia. Nosotros creemos que necesitamos una especial atención”, replicó en diálogo con Infojus Noticias el secretario de Derechos Humanos de Salta, Martín García Cainzo. Según el funcionario hace más de dos meses que estaban trabajando en este “plan integral para erradicar la violencia de género en la provincia” pero los últimos dos casos resonantes-Abigaíl Antelo y Evelyn Beatriz Rivero- empujaron la decisión del gobernador de la provincia.
El decreto provincial Nº 2654, que tiene una validez por dos años, se dio a conocer ayer en conferencia de prensa. Apunta a la prevención, promoción de los derechos humanos, asistencia y acompañamiento de las víctimas de violencia de género. Fue presentado por los titulares de las carteras de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Salud. La emergencia pública incluye un paquete de medidas vinculadas a la problemática. Dentro de las iniciativas está la implementación de un registro único de femicidios y un Observatorio de las políticas públicas sobre la temática.
En el ámbito de la Justicia se anunció que se crearán cinco juzgados de Violencia Familiar y de Género, un juzgado Fiscal Penal de Violencia de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género, y se instalarán botones antipánico en toda la provincia. Además se establecerá una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia. “Los juzgados especializados van a estar ubicados en Salta capital, Orán y Metán que detectamos que son zonas de emergencia”, anunció Martín García Cainzo.
El Poder Judicial es el termómetro de la situación. Según el secretario de Derechos Humanos de Salta los juzgados del distrito central reciben 14.000 denuncias al año por violencia familiar. “Las diversas situaciones que se dieron en los últimos tiempos en Salta, en las cuales fueron víctimas mujeres, nos obliga como responsables de la gestión pública, de la implementación de políticas públicas, a tratar de dar respuesta a una situación que preocupa a todos”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, en la rueda de prensa. También estaban la ministra de Derechos Humanos Marianela Cansino, el titular de Salud, Oscar Villa Nougués y la ministra de Justicia, Pamela Calletti.
Las mujeres salteñas en peligro
No es la primera vez que la historia del hallazgo del cuerpo de una mujer golpeada, cortada y desnuda en el monte ocupa las páginas de los diarios locales. Salta fue el escenario del doble crimen de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Por los homicidios condenaron a 30 años de prisión a Gustavo Lasi. El tribunal también absolvió a Daniel Vilte Laxi y Santos Vera. No hay datos oficiales pero según “La Otra Voz Digital”, una organización local feminista, desde 2008 hubo 86 femicidios. El relevamiento es parcial porque recoge los casos que los medios publican. Incluye la violación y asesinato de las francesas. Según datos del Poder Judicial, en la provincia del norte asesinaron, en promedio, a una mujer por mes entre enero de 2013 y mediados de 2014 de acuerdo.
“Acá los casos ocurren de la misma manera que en otros lados pero con un síntoma más serio. Hay una incidencia mayor porque la sociedad siempre ha sido conservadora. Acá hay educación religiosa en las escuelas. También hay una resistencia mayúscula de los poderes del Estado de introducir la perspectiva de género. La palabra género los pone nerviosos porque subvierte el estereotipo de familia. Cuando se habla de igualdad y cooperación entre los dos sexos, se asustan”, analizó Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta.
Los testimonios de las mujeres que trabajan a diario la cuestión de género en la provincia apuntan a la matriz patriarcal, la educación religiosa y la falta de perspectiva equitativa en el Poder Judicial. “Es una provincia con una impronta patriarcal y machista muy fuerte”, opinó Marta Cesar. “Tenemos un Poder Judicial muy conservador”, expresó la senadora Gabriela Cerrano.
Muchas de las medidas impulsadas por el colectivo de mujeres quedaron frenadas en el Congreso. “La Cámara de Diputados de la provincia nos abrió las puertas y muchas normas quedaron trabadas en el senado”, contó César.
El decreto se anuncia en un año en el que Salta y los derechos de las mujeres protagonizarán la agenda. La provincia del noroeste argentino será la anfitriona del XXIX Encuentro Nacional de Mujeres en octubre. Se espera que unas 25 mil mujeres debatan sobre temas generales y específicos referidos a las problemáticas que las preocupan.
