El caso del menor Santiago C., ocurrido en el Colegio Santa María ha puesto en evidencia la crisis del sistema educativo provincial y la cimiente autoritaria de una elite. Los dinosaurios no desaparecen sino que se reciclan. En Salta aparecieron algunos que se abroquelan bajo el discurso cristiano y gustan de formar las mentes adolescentes. (Salvador de la Calle)

El “Tutor” abochornó al alumno frente a sus compañeros por usar una pulsera colorida que lo identifica como todas las pulseras identifican. No conformes, el personal directivo violentó los derechos personalísimos del adolescente en un interrogatorio huérfano de derechos y abundante en lo invasivo. Sólo les faltó la capucha, la picana y un catre humedecido. Claro que estas personas pequeñas son asalariadas y siguen en sus puestos avaladas en sus excesos. Luego fue la fundación Santa María, que preside Virginia Blaquier de Patrón Costas, la que decidió expulsar a los cuatro amigos de Santiago C. bajo la excusa de un derecho de admisión que les permite ser selectivos a su arbitrio.

A quienes gobiernan el colegio les preocupó más un gesto juvenil que consideraron obsceno para con sus símbolos, que la discriminación lisa y llana que ejercieron sus dependientes. La reacción de los alumnos a quienes consideran díscolos fue el único acto lúcido en medio de tanta obscuridad. De nada sirvieron los pedidos de disculpas y una desproporcionada sanción de catorce amonestaciones que se aceptó pensando en el final del conflicto. Se treparon nuevamente al atril de la autoridad para decidir la expulsión. Querían dar un ejemplo para que los “diferentes” no se multipliquen ni se agrupen. Es por ello que también se comunicaron con otros colegios católicos para sugerir que estos alumnos también eran homosexuales y que, antes, participaban activamente a favor del aborto. 

Demonizar a las víctimas devela otra de las prácticas insanas de estos directivos que se exhiben en vidrieras pregonando la virtud con la cruz en la mano. En ámbitos de confianza los miembros de la fundación calibraron el peligro que para ellos significaba constituir el gueto dentro del colegio y optaron por echarlos aislando a Santiago C.

Les autoridades

La Dirección General de Enseñanza Privada tampoco actuó conforme sus facultades sino que se plegó al silencio cómplice. Luego, el responsable de esa área, Walter Raúl Benedicto, se mostró parco para intervenir y en sus declaraciones relativizó el hecho de que hubiera discriminación en un colegio. En un lapsus que lo condujo al absurdo manifestó que él no era el INADI para atender esos asuntos.

A Benedicto lo traiciona su pasado clerical. Antes fue sacerdote pero lo vencieron sus instintos; luego obtuvo formación en filosofía pero lo vencieron los dogmas; ahora es funcionario provincial con atribuciones pero ha claudicado en el control. Demasiadas derrotas para una sola persona.  Está claro que ante la puesta en juego de intereses de un colegio que se declara ultracatólico, no pudo menos que demorar su actuación y omitió relevar la grave situación.

La ministra de Educación, Analía Berruezo, también mostró su veta autoritaria adhiriendo públicamente a las posturas del colegio. Ella también relativizó el hecho discriminatorio y pretendió acotar el problema a un caso de indisciplina de los alumnos que fueron encubiertamente expulsados.

Para no ser menos, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, también sostuvo que no había expulsiones y calló a la hora de contestar sobre la discriminación. Su secretaría de derechos humanos quedó amordazada y nada hizo hasta la fecha.

Frente a semejante apoyo, el Colegio Santa María se animó a publicar un comunicado en el que negó estar en falta y en conducta discriminatoria, a la vez que puso el acento en la falta de respeto de los alumnos para con uno de los símbolos de la institución educativa. Para ellos los actos eran compartimentos estancos y las situaciones no debían entreverarse.

Gente con pasado oscuro

La mentora de las estrategias negacionistas es Virginia Blaquier, nieta de Carlos Pedro Blaquier, y socia de Alberto Lemos, quienes todavía se encuentran cubiertos de la sangre de los muertos del “Apagón” en el que asesinaron a vecinos de Libertador General San Martín en 1976. En Ledesma todavía se asienta el emprendimiento azucarero de la familia Blaquier.

Lemos era el administrador acusado de colaborar con los militares proveyendo vehículos y recursos para la represión a cambio de que docilizaran y desaparecieran a los empleados con perfil gremialista. Todo con la anuencia de la familia propietaria del ingenio. Virginia Blaquier es una digna heredera de estas prácticas y lo hizo notar con autoridad en el Colegio Santa María.

Sin embargo, la noche del martes el escándalo alcanzó a Juan Manuel Urtubey y torció esta inercia cómplice. Nuestro gobernador ya había sido reprobado en la materia educativa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2017 luego de que impusiera por diez años la enseñanza obligatoria del credo católico en las escuelas públicas. Este conflicto nuevamente lo colocaba en el centro del huracán por la pasividad de sus ministros y funcionarios. 

Con más sentido de conveniencia política que por convicciones manifestó por las redes sociales que la actitud del Colegio Santa María era “inaceptable”, a la par que anunció haber instruido a sus subalternos a garantizar los derechos de los menores. Es este el punto de inflexión del conflicto, puesto que Berruezo y López Arias mudaron sus posturas para asegurar que irían hasta las últimas consecuencias, cuya intensidad todavía no se conoce porque nada hicieron. A partir de ese momento el Colegio Santa María maduró el retroceso y buscó en Álvaro Ulloa al operador de sus intereses.

Aprobados en discriminación 

El delegado local del INADI, que inicialmente se había mostrado timorato, avanzó a favor del colegio e improvisó una audiencia a la que invitó a los intolerantes y a los discriminados. La mediación fracasó porque los padres de los alumnos se negaron a revictimizar a sus hijos y a reducir la polémica a las interpretaciones legales. En el paladar de los familiares de los menores discriminados quedó la sensación de que Ulloa solamente actuó para dar escenario y excusas a un colegio caído en medio del bochorno.

Jorge Martín Coraita, el padre de Santiago C. no se calló nada y en una entrevista personal con Álvaro Ulloa le cuestionó que ejerciera el rol de emisario del colegio ante un hecho de tamaña trascendencia y en desmedro de su hijo. Al delegado no se le movió un pelo. Después de tanto, parece explicarse la falta de escrúpulos de quien, años atrás, falseara hasta su título de abogado.

En esa audiencia el “Tutor”, el abogado Juan Cánaves y la dueña del colegio —Blaquier Patrón Costas— anunciaron que revertirían la medida y que autorizarían la inscripción de los expulsados en el período 2019. Ulloa convalidó allí la negación del colegio sobre el hecho discriminatorio. El pretendido bálsamo llegó tarde porque luego de 42 días de ocurrida la decisión de segregación los menores encontraron otros colegios para continuar sus estudios.

Como suele ocurrir en estas tierras de grandes prestidigitadores, ni el colegio ni el Ministerio de Educación han notificado sus decisiones oficialmente y por escrito; el gobernador nada dice sobre la desobediencia de sus subalternos y el INADI nada expresa sobre el perfil negligente y cómplice para con los intolerantes de su delegado local.

El conflicto ha dejado al desnudo a quienes bajo las supuestas mandas católicas condenan la homosexualidad y la combaten con arbitrariedad en un colegio en donde coinciden los perfiles celosos de la ortodoxia. “Si sos puto o lesbiana buscá otro colegio” repiten y anestesian a sus hijos. Los padres de otros alumnos temen el contagio y quieren preservarlos de los monstruos. No importa si antes de esta puesta en escena eran amigos de los avasallados o si todos pertenezcan a la “clase decente” o las “buenas familias”. Ser gay los convierte en descastados.

Son los mismos padres que cada domingo asisten al servicio dominical que brinda la iglesia católica con doctrina ahora distorsionada. En cada acto de consagración exhuman consignas ultramontanas que propician mentes castas, homogéneas y ultratradicionalistas. Están cultivando una nueva generación de intolerantes. Imaginen a los dinosaurios en la cama…