Al desplante de los diputados oficialistas que no dieron quorum para convertir en ley la adhesión de la provincia al protocolo para abortos no punibles, esta semana los legisladores locales del Senado y del Concejo Deliberante capitalino lo redoblaron: aprobaron declaraciones contra el derecho al aborto.

Andrea Sztychmasjter

El próximo miércoles se debatirá en el Congreso de la Nación la despenalización y legalización del aborto en Argentina, luego de una histórica discusión en audiencias públicas que tuvo a oradores a favor y en contra durante dos meses. El debate se realizará un día antes del comienzo del mundial de fútbol y lxs diputadxs tendrán la responsabilidad política en su papel de “representantes del pueblo” de decidir sobre un tema crucial cuando hablamos del derecho inalienable a la salud pública.

Los siete diputados nacionales por Salta, hasta el momento anunciaron que no sumarán su voto a favor del proyecto de aborto legal. Todos al ser consultados respondieron estar a favor de los abortos clandestinos y de la criminalización de las mujeres, cuestión que deduce de su posición contra la ampliación de la cobertura de salud pública para aquellas mujeres que decidan abortar.

Imagen difundida por redes sociales

En Salta, considerada a nivel nacional como una de las provincias con más tintes conservadores y con gran incidencia de la iglesia católica en las decisiones políticas, sucedieron una serie de hechos que involucran a legisladores y concejales que con argumentos confesionales demostraron el peso que, todavía hoy, posee el catolicismo en la provincia.

Luego de la huida de diputadxs para dejar sin quorum la sesión en donde se debería haber aprobado por ley la adhesión de la provincia al Protocolo nacional sobre abortos no punibles, cuestión que el gobernador estableció por decreto (584/18). El miércoles en la sesión del Concejo Deliberante, en un extenso debate y en una ajustada votación, ediles aprobaron un proyecto que pide que los diputados nacionales de Salta rechacen el “aborto libre”. Matías Cánepa (UCPS), autor del proyecto y presidente del Concejo Deliberante, fue quien tuvo que desempatar y posteriormente celebró la iniciativa.

La situación de las muertes de mujeres por abortos clandestinos, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de embarazos no deseados, la ausencia de la implementación de la ley nacional de Educación Sexual Integral y la Maternidad Infantil Forzada, divide a legisladores incluso de mismas bancadas. Por ejemplo, en la última sesión el concejal de la UCR, Raúl Córdoba, referente reconocido por su lucha contra la impunidad, dio su apoyo a la iniciativa de Cánepa. Mientras que en sentido contrario su compañera de bancada, Sandra Vargas (UCR), votó en contra.

Córdoba argumentó señalando que “el Estado es quien debe velar por la salud física y mental de las personas y quien tiene que implementar medidas alternativas al aborto”. Vargas, en cambio, afirmó: “El aborto existió y existirá, no puedo ver como se criminaliza a una mujer que está en esta difícil situación”.

El proyecto de resolución aprobado en el Concejo no sólo devela la intromisión del poder católico sino que también introduce la incumbencia legal y judicial, puesto que la resolución estipula que los diputados nacionales consideren lo previsto en el artículo 10 de la Constitución de la Provincia de Salta. Pero no sólo eso, el proyecto de Cánepa va más allá y además se entromete con los derechos humanos individuales: “La implementación de diferentes políticas públicas destinadas al apoyo integral de la mujer durante el embarazo y después del parto, incluyendo cuestiones como la adopción y la simplificación de su trámite”.

Hace un par de semanas, 37 diputados provinciales presentaron firmas contra la despenalización del aborto porque consideraron que sería un “genocidio”. Fue cuando los diputados del Partido Justicialista se fueron y dejaron el recinto vacío para no dar debate al proyecto sobre aborto no punible, ocasión en que el diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, denunció: “Parece que el teléfono de los curas de cada pueblo ha funcionado sobre cada uno de los diputados y los ha hecho levantarse de sus sillas”.

Mientras que este jueves lxs senadorxs provinciales, en consonancia con lxs diputadxs y concejales, también aprobaron un proyecto de declaración. Por unanimidad aprobaron la declaración mediante la cual se manifiestan “a favor de la vida desde el momento de su concepción, articulando políticas de educación sexual integral y de protección de la mujer embarazada y del niño por nacer, respetando las disposiciones de la Constitución Provincial, Nacional y de los Pactos y Tratados Internacionales”.

El senador Guillermo Durand Cornejo expresó al momento de fundamentar: “No es poca la emoción que siento. No pensé nunca que en el senado provincial los 23 íbamos a tener un pensamiento tan acorde, tan preciso de lo que es el derecho más importante que tiene el hombre, que es la vida….”

Mientras que la senadora que materializa a las claras que no solo es necesario “ser mujer” para estar a favor de los derechos femeninos y por el contrario demuestra que muchas mujeres poseen una mirada sesgada por el sistema patriarcal, Silvina Abilés, manifestó: “Este senado defiende las dos vidas, de la madre y del niño por nacer”. La representante de La Caldera, además, forma parte de una de las supuestas alas progresistas del peronismo provincial, Memoria y Movilización.

“Defender las dos vidas” es la excusa argumentativa que escuchamos a diario por parte de quienes siguen queriendo perpetuar un poder patriarcal que busca controlar la vida de mujeres y niñas. Defienden las dos vidas dicen, y sin ningún tipo de escrúpulos conducen a niñas abusadas a ser doblemente violentadas, no sólo en el aspecto corporal mediante la institucionalización de formas de control, sino también atacando el aspecto psicológico de quienes han tenido que sufrir violaciones reiteradas, incluso por parte de hombres que deberían cuidarlas.

Tanto en el Concejo como en las cámaras de diputados y senadores, los hombres son mayoría. Esos hombres elegidos por el voto popular han impuesto por mayoría también su voz a favor de muertes de mujeres por abortos clandestinos, han priorizado sus creencias religiosas y han solapado sus discursos en torno a cuestiones morales y éticas, en función a la imposición de sus valoraciones personales, cuando en realidad el debate por el Aborto Legal es netamente político. Entonces, ¿qué responsabilidades le caben a los hombres, mientras las mujeres sigan siendo criminalizadas y encerradas por realizarse abortos sin el amparo del sistema de salud del Estado? Quizás valdría recordar una idea ya señalada: si los abortos se lo realizarían los hombres, hace tiempo sería un tema cerrado. Más aún en una provincia como Salta reconocida a nivel nacional como vulneradora sistemática de derechos femeninos.