El gobierno nacional propuso una salida para los 498 investigadores que no podrán ingresar al Conicet por falta de presupuesto: que sean docentes, sin estabilidad y con menos salario. Como Midas con el oro, todo lo que Macri toca se flexibiliza. (Franco Hessling)
La educación, la ciencia y la innovación tecnológica siguen relegadas en la agenda gubernamental. Lo que empezó en 2016 con un recorte presupuestario que se resolvería pronto, tras la toma del edificio del Mincyt (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) en diciembre pasado, por estos días tuvo un nuevo capítulo por un proyecto para relocalizar a las y los investigadores aprobados para ingresar en la planta del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
El proyecto surgió luego de que el Mincyt acordara con el Ministerio de Educación y Deportes, a través de su Secretaría de Políticas Universitarias, un convenio para que los cuatrocientos noventa y ocho trabajadores evaluados y aprobados para iniciar su carrera de investigadores como planta del Conicet, que no podrán hacerlo por falta de recursos, sean reubicados como Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) en las universidades nacionales.
Los pliegos del asunto fueron enviados a las diferentes casas de altos estudios para que suscribieran, aprovechándose de las necesidades múltiples de los actores en cuestión. Es decir, a los investigadores calificados para tal labor, a quienes se les clausuró su ingreso en la carrera formal, se les ofrece una alternativa inmediata de trabajo, y a las universidades se les responde al reclamo de falta de vacantes docentes con esta enmienda para reubicar a los segregados del Conicet. Puesto en esos términos suena conveniente, el problema estriba en que el ofrecimiento laboral retacea aranceles, suma flexibilización y muta tareas, por una parte, y responsabiliza a las universidades sobre algún porcentaje de las erogaciones para esos cargos, por otra.
El jueves último la propuesta del Gobierno de la Nación se trató en el Consejo Superior de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), adonde tras una reñida votación en la que prácticamente no hubo diferencias, se resolvió aceptar el ofrecimiento. Un caso típico de cuando lo urgente se impone a lo importante.
En Salta no son muchos los casos de investigadores que hayan realizado años de capacitación de postgrado y que por estos días se hayan visto marginados de ingresar a la carrera formal de trabajadores del Conicet. Sin embargo, una de las cláusulas del proyecto de Nación es que puede haber casos de desarraigo, es decir, podrían llegar a la UNSa nuevos docentes formados como investigadores, que no pertenecen a ésta, ni como ex estudiantes ni como becarios en el área de pesquisa.
Como la situación aún es vidriosa a nivel nacional ya que los damnificados adujeron que en el acuerdo original se cambia su remuneración de investigadores por la un cargo de JTP, cuyo monto es menor, la salida que se anticipa es una paga extra en modo de compensación. Puede que la UNSa deba afrontar esas cuotas con su propio presupuesto como condición para recibir la dotación de docentes que llegarían en este contexto.
Si bien la aceptación del proyecto por parte de la universidad local ya es un hecho, una de las críticas conceptuales que se le hicieron merece ser revisitada: sin necesariamente haber realizado antecedentes docentes y sin concursar -uno de los principios ganados en la Reforma Universitaria del 18, que el año que viene celebra su centenario-, los investigadores que debían entrar al Conicet accederán a un cargo de relativa jerarquía, como el de JTP, por encima de los auxiliares que vienen realizando su proceso como profesores. Es cierto que el beneficio para los reubicados sólo durará dos años (señuelo de flexibilidad laboral) y luego deberán concursar sus cargos, pero no puede pasarse por alto que el hecho de imponer cargos sin concurso previo significa una vulneración a la autonomía universitaria y sus principios de co-gobierno.
El rector Antonio Fernández Fernández ha dado otras muestras recientes de su liviandad para asumir aquellos principios del 18, señeros de todas las universidades públicas de Latinoamérica. Unas semanas antes de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 13 de agosto último, emitió un instrumento legal para anular la actividad político partidaria de la universidad, planteo que además de censor resulta basal para marginar a la academia de los problemas sociales, como si fuese un ente abstraído de la realidad que la rodea. En aquella oportunidad, el Consejo Superior rechazó la medida luego de una movilización interna que presionó para que así sea.
