Reconocidas personalidades del derecho y la política entrecruzaron opiniones acerca de la reforma constitucional en Salta esta semana. Los principales conceptos que se vertieron en esta nota. (Rolando Motta)
Durante la semana se desarrollaron unas jornadas en la Caja de Seguridad Social de Abogados, organizadas por el Centro de Estudios y Formación Política Juan Domingo Perón —cuyas autoridades son Julio Argentino San Millán y Antonio Lovaglio Saravia—.
En el evento se pudo ver a Jesús Villa, a César Álvarez, a los hermanos Caro Figueroa, a Álvaro Ulloa, entre otros. A cargo de la presentación estuvo Francisco Sotelo El Tribuno y, a modo de puntapié inicial del debate, Julio San Millan señaló que el centro de formación que organizaba no pertenecía a ninguna fuerza política.
No a las re-re
Ricardo Gómez Diez, actual director general de la Agencia de Acceso a la Información Pública, consideró que es un exceso que el gobernador pueda tener tres mandatos. “Está claro que el limite a las reelecciones incentiva la alternancia en el poder, incentiva la renovación dirigencial, ayuda a mejorar la competitividad electoral, porque el que está en el poder las utiliza para poder seguir, por lo tanto, es una regla virtuosa la de limitar las reelecciones, por eso la democracia incorpora esos límites a la reelección”, indicó.
Y subrayó: “La experiencia demuestra que tres mandatos en el cargo de gobernador son un exceso. Es conveniente construir un consenso que limite en general las reelecciones en los cargos”.
A modo de autocrítica dijo que “muchos de los temas que se discuten ahora están relacionados con faltas de consenso en algún momento” y agregó: “El tema del sistema de representación arranca en el año 1986, los temas de los límites a las reelecciones, y llevamos quince años debatiendo esto. El tema es cómo pasamos al terreno de los hechos, cómo la sociedad en su conjunto termina de comprender que hay una estrecha relación entre la calidad institucional y el progreso”.
“La experiencia demuestra que tres mandatos en el cargo de gobernador son un exceso. Es conveniente construir un consenso que limite en general las reelecciones en los cargos”.
¿Para qué el senado?
Santos Jacinto Dávalos, miembro del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), señaló que “nuestro sistema es anti republicano” y afirmó que el Senado no es ni pluralista ni participativo, que las mujeres tienen una escasa representación al igual que los partidos de oposición y que sugería su disolución. Además, subrayó que la ciudadanía no tiene la posibilidad de convocar a un referéndum como en otras ciudades y que en los organismos de control no hay participación de partidos opositores.
“El Tribunal Electoral es en realidad una prolongación de la Corte de Justicia”, dijo y agregó: “Necesitamos un Tribunal Electoral absolutamente independiente que tenga el poder de convocar a elecciones, actualmente en manos del gobernador”.
Además añadió: “Un gobernador que puede modificar la Ley de Presupuesto, que dicta decretos de necesidad y urgencia que ni siquiera son analizados por la Legislatura, que no cumple con los mandatos constitucionales, que integra el órgano de control sin respetar las minorías, que elige a los miembros del Magisterio sin ninguna razonabilidad y que puede durar tres períodos, con una Corte superpoderosa, sin controles externos independientes, configura en conjunto un sistema constitucional antirepublicano”.
Con una exposición rigurosa, el reconocido abogado fue crítico respecto a la tarea que cumple la Cámara Alta en la política provincial. En ese sentido señaló la primacía desde el 83 hasta la actualidad del Partido Justicialista. “Las minorías no tienen lugar en el Senado”, resaltó.
Y precisó: “En el año 1985, apogeo de Alfonsín, los representantes de la oposición conquistaron cuatro bancas en el Senado, y el Justicialismo 19, pero como ganaron Capital, superaron al partido del gobierno en toda la provincia. Mayoría de votos, pero sólo cuatro bancas, ninguna mujer. En 1987, 17 bancas para el PJ, 4 para la oposición, pero aparecen dos mujeres. En 1989 se incorpora un nuevo senador por la democracia cristiana, 5 de la oposición, una sola mujer, Amalia Corregidor. Llegamos a 2017: sólo una mujer elegida, María Silvina Avilés”.
“Desde 1983, hasta ahora, en 12 departamentos, los senadores fueron siempre hombres. Anta. Chicoana, Guachipas, La Poma, La Viña, Los Andes, Metán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y San Carlos. En tres departamentos, las mujeres elegidas senadores estaban estrechamente emparejadas con el partido político del lugar: Cerrillos, Cachi, y Santa Victoria. En los departamentos en general sólo una mujer llegó al Senado desde la oposición, Gabriela Cerrano por capital. La presencia de la mujer en el Senado es esporádica, como también la oposición”, agregó.
Luego expresó: “El Senado es conducido por doce senadores que representan menos del 10% de la población de Salta, el 90% restante tiene sólo 11 senadores, esto significa que el 10% de la población tiene el poder de dar o no acuerdo a que se convoque o no referendúm, a que apruebe o no una ley, incluyendo la ley de presupuesto, a destituir o no al gobernador, al vice, al fiscal de Estado, los jueces, el Ministerio Público, y lo más importante, el 10% de la población representada por sus 12 senadores puede autorizar o no una reforma constitucional”.
Respecto al gasto que significa la cámara de Senadores consideró que resulta caro para las arcas estatales. “Su presupuesto 2018 es de 350 millones de pesos. Dividido en 23 senadores, cada uno de ellos nos cuesta 15 millones de pesos, y cada diputado nos cuesta 8 millones 400 mil”.
“Salta no es participativa”, afirmó Santos Jacinto Davalos y al tiempo indicó que el artículo 6 de la Constitución Provincial, dice que “las cuestiones de gobierno y el mantenimiento de reformas o derogación de normas jurídicas de significativa importancia puede ser sometida a la consideración del cuerpo electoral, para ello es necesario una ley. El electorado no puede por sí convocar a un referendo, como puede hacerlo en otros lugares. Sólo la Legislatura, y la participación de la comunidad puede elegir el qué y el cuándo, eso no es participación, es adhesión. Y no hay ningún caso de referéndum convocado a nivel provincial”.
Según el letrado en el artículo 59 de la Constitución “se reconoce a los ciudadanos el derecho a la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, pero no hay departamento obligatorio por parte de la Legislatura”.
Consejo de la Magistratura
La exjueza de la Corte de Salta, Cristina Garros Martínez, dijo que “en el Consejo de la Magistratura debe haber mayor participación académica y yo creo que tienen que tener más participación los ciudadanos, ya sea a través de ONGs o como en algunas provincias, donde en la boleta se eligen los miembros del Consejo de la Magistratura, un ciudadano común”.
Asimismo recalcó que en la constitución “se pone una edad mínima medio rara, porque entre los años que se exigen de ejercicio de la profesión y la edad da como que un chico recién recibido con cinco años ya puede ser Juez de la Corte”.
“El ser Juez de la Corte es tan importante, porque allí se resuelven muchas causas de última instancia. Por eso los requisitos para Juez de la Corte no tienen que ser solamente el tener determinada edad o ser abogado. Yo creo que tienen que existir otras condiciones”, indicó y al tiempo precisó: “En la Escuela de la Magistratura yo creo que tiene que ser el lugar por donde se inician los jueces, porque no es lo mismo estudiar para la universidad que para la doctrina de ser juez. El juez tiene que analizar en estos tiempos, no sólo resolver cuestiones individuales que cada vez son menos, sino cuestiones colectivas, que cada vez son más. Derechos de usuario, derechos ambientales, las cuestiones de las comunidades originarias, acá en Salta tenemos varias. No es suficiente tener muchos doctorados, es saber si conoce, si conoce la gente, el lugar, el momento histórico”.
Para concluir pidió “un código de ética”, el cual “tiene que ser para la función” aunque aclaró que “es muy difícil para una persona que no tiene ética, que un código de ética lo pueda encausar. Y la ética no es sólo no haber robado o haber matado, sino estudiar, comprometerse, trabajar todos los días, interesarse por la comunidad, interesarse por las personas que están involucradas en los papeles”.
