Rivadavia es noticia nacional tras las muertes de niños por desnutrición. Acá reproducimos cifras y comportamientos políticos en un departamento que representa bien eso que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski definió como pobreza perenne para describir escenarios donde escasean hasta las esperanzas. (Daniel Avalos)
Analicemos las estadísticas y ciertos comportamientos políticos de un escenario que es noticia nacional debido a las muertes de niños por desnutrición, las que se han convertido en titulares de diarios, zócalos televisivos e informes radiales.
Según el censo 2010, habitaban en aquel año 30.429 habitantes repartidos en tres municipios: Rivadavia Banda Norte (9.754); Rivadavia Banda Sur (8.866) y Santa Victoria Este (11.809). Por entonces, esa población habitaba 6.656 viviendas, de la cuales 2.412 son ranchos y otras 465 casillas de madera. En esas precarias viviendas vivían 13.462 personas, es decir el 45% de la población. Las 3.711 casas en la que habitaban las 16.540 personas restantes, estaban lejos de escapar a la precariedad de la vida.
Al menos eso se infiere de la lectura de otras variables como las que indican que de los 7.154 hogares (tecnicismo censal para identificar familias nucleares que pueden habitar una misma construcción) sólo 1.472 (20,5%) contaban con sanitarios con descarga de agua, mientras los restantes 5.682 (79,4%) carecía de ese tipo de descarga y hasta de retrete. De esos hogares, además, 4.825 (67,5%) no contaba con heladeras (67,5%); 6.681 (93,5%) no poseían computadoras; 7.042 (98,5%) no tenían un teléfono de línea; y en donde el 11% de la población mayor a diez años era analfabeta: 2.384 sobre una población total mayor de diez años de 21.981. Con respecto a lo estrictamente nutricional, el Anuario Estadístico 2012 publicado por el propio gobierno en el año 2013, indicaba que el nivel de desnutrición llegaba al 10%.
Semejante situación social explica en parte el comportamiento electoral de los habitantes de ese departamento. Tomando como referencia las legislativas de octubre del año 2013, el archivo del Ministerio del Interior de la Nación muestra que allí hubo una abstención del 47,3%: de los 17.120 electores habilitados para votar, 8.111 decidieron no hacerlo. ¿Desencanto o pobreza tal que algunos ni siquiera pueden ir a cumplir con su deber ciudadano? Las dos cosas.
Los 9.009 electores que sí fueron a votar -para la categoría senador nacional- lo hicieron en un 71,42% por el candidato oficialista Rodolfo Urtubey (6.435 votos). Muy por detrás con 2.496 sufragios (27,7%) se ubicó Juan Carlos Romero. Entonces, una pregunta se impone: ¿Por qué semejante diferencia a favor de un gobierno que evidentemente no resolvió los problemas del lugar? La potenciales respuestas son varias: porque no sienten que el otro candidato que también fue durante mucho tiempo gobernador haya representado un pasado distinto al que hoy viven; porque el clásico manejo del aparato estatal se subordina a las maniobras electorales del gobierno de turno; y porque en escenarios tan pobres como Rivadavia el montaje de un poderoso aparato clientelar es más fácil por precisar de dos variables insoslayables: inescrupulosos caporales locales con recursos suficientes para comprar voluntades a pobres que, por ser muy pobres, se ven obligados a poner un magro precio a la voluntad propia.
Desgranando
Sobre el pasado poco auspicioso de los habitantes de ese departamento durante los gobiernos de Juan Carlos Romero, también hay registros concretos. El Censo nacional 2001, por ejemplo, muestra que en aquel momento el porcentaje de hogares y población con Necesidades Básicas Insatisfechas era el más alto de toda la provincia: de un total de 5.667 hogares censados, 3.320 (58,6%) sufrían esa condición. Eso suponía que de una población registrada de 27.278 habitantes, 17.868 (65,5%) vivían sin poder satisfacer sus necesidades básicas.
Sobre lo importante que es controlar el aparato estatal en épocas de campaña, conviene recordar que la candidatura de Rodolfo Urtubey en el año 2013 estuvo acompañada por el llamado Fondo de Reparación Histórica, una inversión de casi 1.000 millones de pesos para los tres departamentos hidrocarbúriferos: 175 obras de las cuales 48 correspondían a Rivadavia por un monto original de $77.050.000. Es cierto, esos números eran menores a los proyectados para los otros dos departamentos (San Martín con 66 obras por un monto original de $243.550.000, 57 para Orán por un monto de $265.460.000; y 4 interdepartamentales por un monto original de $338.000.000), también que en Rivadavia el avance de las obras fue mucho más lento que en Orán y San Martín; pero que igualmente permitieron la instalación de la figura de Rodolfo Urtubey quien basó su campaña anunciando esas obras porque él, justamente, fue el encargado de administrar esos fondos desde el momento de su aprobación (finales del 2012) hasta meses antes de las elecciones de octubre de 2013.
Sobre los poderosos aparatos clientelares que los intendentes son capaces de montar para comprar voluntades políticas, no hay pruebas concretas que ofrecer. Lo que sí puede hacerse es confirmar la presencia de dos de las condiciones que posibilitan el montaje de esos aparatos: pobres que se van obligados a vender su voluntad a cambio de supervivencia e inescrupulosos que se aprovechan de esa condición. Acerca de la existencia de pobres, ya se dieron arriba pruebas contundentes. Para confirmar la presencia de funcionarios inescrupulosos conviene dirigir la mirada a los intendentes. Esos seres que durante el urtubeicismo se hicieron del poder territorial del interior a partir de las llamadas políticas de descentralización que le supusieron un mayor manejo de recursos, y una total impunidad para manejarlos.
Botón de muestra
Los informes publicados por la Auditoria General de la Provincia lo prueban para el conjunto provincia y para el departamento de Rivadavia en particular. Leopoldo Cuenca, intendente el municipio de Rivadavia Banda Sur, por ejemplo, recibió la visita de los auditores en el año 2013. Estos fueron a evaluar el manejo que hizo de los magros recursos municipales entre fines del 2010 y el primer semestre del 2011. Lo que descubrieron fue que Cuenca nombró a familiares directos en cargos que las normas prohíben (la CPN Ángela M. Cuenca como Receptor Fiscal del Municipio y Eladio A. Cuenca similar cargo en la Delegación de la Unión) y la contratación de asesorías legales y contables que además de representar miles de pesos, exigían del municipio espacio físico e implementos de trabajo. Era el caso del Estudio Contable Herrera & Asociados del que, sin embargo, los auditores informaron que “No existen evidencias de la actuación concreta del asesor contable en la sede municipal cumpliendo la labor administrativa de referencia”.
Las irregularidades no se agotaban allí: los auditores descubrieron que la Tesorería no poseía ningún sistema o registro que permitiera administrar los conceptos financiero, contable y patrimonial; que los cheques eran librados con la única firma del intendente sin las otras dos que permiten el control sobre la disposición de los fondos; que la ejecución presupuestaria no se ajustaba a los conceptos contenidos en el presupuesto; que en la primera mitad del 2011 el municipio realizó 56 compras por $1.700.445 y ninguna de ellas contaba con legajo o expediente que permitiera algún tipo de control. Una de esas operaciones incluyó la compra de un camión VW por el que se pagó $83.920, pero como los registros eran insuficientes, los auditores entrevistaron al Secretario de Gobierno y al Responsable del Parque Automotor que terminaron de hundir al intendente: el primero declaró que durante el periodo auditado “solamente se compró una camioneta Hilux que utiliza el Intendente”; el segundo enumeró, entre los bienes de propiedad Municipal, “un camión cisterna marca Volkswagen año 2010 en muy buen estado de conservación”. En definitiva, los antecedentes sobre la compra nunca aparecieron.
Las 123 irregularidades encontradas se comunicaron al intendente para que hiciera su descargo, aunque Cuenca prefirió no responder. Algunas de esas 123 irregularidades estaban relacionadas a las políticas que deberían ayudar a paliar la mala nutrición en los niños. Los auditores descubrieron que respecto a los subsidios, subvenciones y ayudas que el Municipio entrega a personas carentes de recursos, no existía registro alguno de los beneficiarios. Espantados, los auditores fueron en busca del Secretario de Gobierno, Fermín Salazar, para saber el porqué de esa ausencia. Salazar respondió que no hacía falta. Que los subsidios contaban con su autorización y que no se efectaron padrones ni relevamiento porque “en el pueblo son pocos y todos conocen las necesidades”.
El informe concluía que “en atención a las observaciones formuladas (…) correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res. AGPS Nº 20/04”. Esa resolución, precisemos, busca proveer a la Auditoría de un reglamento para que el Estado se haga de herramientas que fundamenten la acción judicial que haga efectiva la responsabilidad civil de los funcionarios “ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”. Nada de eso ha ocurrido.
El intendente Cuenca sigue ocupando su lugar. En el triunfo de personas como él, está inscripta la derrota de miles de habitantes de Rivadavia postergados desde hace décadas; la muerte de niños inocentes, y la resignación de quienes viven allí seguros de protagonizar una película sobre la que no tiene ningún control. Ryszard Kapuscinski vuelve a la memoria. Fue él quien dijo que “en las situaciones de pobreza perenne, la característica principal es la falta de esperanzas”.
