Por segunda vez, la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió una carta a Urtubey para acusarlo de autorizar desmontes en territorios habitados por las comunidades wichis de Cuchuy y San José. Le recuerdan que un decreto del 2009 prohibía desmontar lo que ahora sí se autoriza. (D.A.)
“Urtubey tiene quién le escriba”, podría ser el título de un dossier que reúna todos los escritos que organismos nacionales remiten al gobierno para denunciar los impactos que generan los desmontes en las comunidades del norte salteño. Hace dos años, más precisamente el 19 de septiembre del año 2012, el Defensor del Pueblo de la Nación había remitido una carta a Urtubey en donde denunciaba la vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas “por deslindes y desmontes irregulares”. La misiva, aquella vez, fue hecha pública después de que el mismo organismo publicara un informe de lo que ocurría con pobladores de la localidad norteña de Dragones.
La circunstancia se repite. Y es que ya se ha hecho pública una nueva carta de la Defensoría para denunciar la misma situación, aunque con otros pueblos del norte salteño. El escrito está firmado por el Secretario General de la Defensoría nacional, Carlos Haquim y lleva fecha del 21 de agosto pasado, aunque recién se publicó en la web del organismo el viernes 29. El motivo de la misma, estuvo enmarcado en lo que Haquim denominó “el incumplimiento de la Ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos Nº 7543 de Salta” y la “persistencia del conflicto en relación a los desmontes que se vive en el departamento San Martín, de la provincia de Salta”. La misiva aparece cuando el Grand Bourg profundizaba la estrategia de declarar que las “recategorizaciones” denunciadas por organizaciones ambientalistas, celebridades de la cultura y el espectáculo, organismos nacionales y medios de comunicación, no son ilegales por estar contempladas en la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia que contempla, en su artículo 17, la re categorización de zonas.
Lo que el Grand Bourg no dice, es que ese tipo de “re categorización” violenta la Ley nacional de Bosques. Y es que el artículo 9 de esta última establece que el cambio de categoría sólo está permitido para lograr mayores niveles de conservación, lo que supone que una zona de desmonte puede convertirse en zona de no desmonte pero no a la inversa. En ese punto, justamente, enfatizan todos los que en los últimos meses denuncian la “ilegalidad” de los desmontes salteños. Punto, además, que fue señalado en primer lugar por la Auditoria General de la nación por medio de un informe publicado en mayo de este año.
El pequeño rodeo es útil para enmarcar la carta que ahora el Defensor del Pueblo de la Nación remitió a Urtubey. Y es que allí se denuncia justamente esa violación: la provincia de Salta permitió ahora que bosques nativos categorizados con el color rojo (alto nivel de conservación) y el amarillo (mediano nivel de conservación) se convirtieron en zona verde para el desmonte. Por si no fuera poco, la Defensoría le recuerda a Urtubey que las zonas en cuestión (matrículas 29600, 30315 y 30316) y que fueron recategorizadas a zona verde por el decreto 2211/10, son reclamadas por las comunidades wichi Cuchuy y San José como parte de sus territorios ancestrales. Territorios que actualmente son objeto de un amparo colectivo en la Corte de Justicia de la Nación y de Salta, que aún no resolvieron al respecto.
La ilegalidad manifiesta se completa cuando la Defensoría recuerda que un decreto anterior (el 2789 del año 2009) ordenaba “que no se autoricen desmontes en tierras reclamadas por las comunidades hasta tanto no se realice el relevamiento territorial de los territorios indígenas que exige la ley 26.160”. En ese encuadre, se señala, la autorización a desmontar esos territorios viola la ley nacional, pero también la provincial.
Mucho más que un bosque
Al momento de redactar la carta, Haquim recuerda que miembros de las comunidades impedían el paso de las topadoras. Asimismo, señala aspectos que hablan bien de la estrategia de los propietarios catastrales y el propio gobierno: firmar acuerdo con parte de las comunidades pero sin incluir al conjunto. “Es de mi conocimiento que a fines del 2012 y nuevamente a fines del 2013 y a principios del 2014, algunos de los líderes comunitarios firmaron distintos acuerdos y actas con los propietarios catastrales de las matriculas y en presencia de representantes de la Secretaría de Ambiente de Salta aceptando el desmonte en esta zona a cambio de ciertos beneficios para las comunidades”.
Sin embargo, recuerda Haquim, esos acuerdos fueron repudiados por otros líderes que manifestaron que no comprendían la naturaleza de esos acuerdos, por lo que el representante de la Defensoría enfatiza: “Debe comprenderse que esta ‘conformidad’ con el proyecto de desmonte parte en muchos casos de la necesidad (…) de cubrir alguna necesidades básicas para su pueblo que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad”. Situación que no impidió que el pasado 24 de julio, representantes de Cuchuy, San José, El Chorrito, Corralitos y El Duranizllo enviaran a la Secretaría de Ambiente de la provincia un acta firmada dos días antes, donde indicaban que no querían el desmonte y solicitaban a la empresa el retiro de las topadoras.
Carlos Haquim concluye así que el desmonte debe evitarse hasta que se “resuelva el reclamo judicial y se complete el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, evitando así se genere un daño ecológico y social que no podrá ser revertido en ningún caso y que tendrá severa consecuencias para la supervivencia del pueblo-nación wichí si el tribunal fallará a favor de los mismos y les otorgará la titularidad de los territorios ancestrales ya que recibirán un páramo desolado en lugar de un bosque nativo que provee su sustento y forma parte de su identidad ancestral”.
Ante de rubricar con su firma la nota, el funcionario nacional quiere saber qué es lo que la provincia ha hecho con respecto a esta problemática y, sobre todo, para garantizar los derechos de esos pueblos. Aunque la formal respuesta del gobierno sobre el caso no se ha conocido aún, se descuenta que el accionar gubernamental ha sido nulo para garantizar los derechos indígenas y bien diligentes para garantizar los privilegios de los grandes finqueros.
Es de esperar, entonces, que pronto el gobernador vuelva a ser objeto de una nueva misiva de la Defensoría. Una que, como la redactada en el año 2012, los remitentes no sólo denuncien las irregularidades y las injusticias que ellas provocan en la población, sino que también señalen que el gobierno provincial nada hace para remediar lo injusto.
