Esta semana el ministro de Ambiente Sergio Bergman hizo el ridículo disfrazado de árbol y sus colaboradores confirmaban la interrupción del envío de los fondos para el cuidado y el enriquecimiento de los bosques nativos. El gobierno debe a las provincias unos $40 mil millones. (Gonzalo Teruel)

Sin temor al ridículo el ministro Sergio Bergman se dejó fotografiar, el miércoles en la inauguración del Festival Internacional de Cine Ambiental, vestido de árbol. Así como se lee: vestido de árbol. Pero sin perder esa aparente ingenuidad o zoncera, un día después, se sacó el disfraz y también la careta. En la reunión de la Comisión de Bosques del Consejo Federal de Medio Ambiente, realizada el jueves en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, el ministro (con su ausencia) y sus colaboradores (con su presencia) confirmaron lo que en varias provincias argentinas se sospecha desde hace largos meses: el gobierno nacional quiere avanzar sobre los derechos consagrados en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada hace poco menos de 10 años.

En una larga y por momentos muy tensa deliberación quedó claro que el gobierno nacional no piensa modificar en ningún aspecto su última y polémica normativa sobre el envío de dineros a las provincias. En consecuencia, si hasta el 31 de diciembre las provincias no cumplimentan los engorrosos trámites administrativos no recibirán más recursos desde el gobierno nacional para la preservación y enriquecimiento de sus bosques nativos. “Es muy claro lo que quiere hacer el gobierno: dejar sin plata a las provincias para que la Ley de Bosques se vuelva inaplicable” explicaron fuentes confiables a Cuarto Poder.

En efecto, a partir de esas mismas fuentes de organizaciones ambientalistas, este semanario reveló a comienzos de mes que “el gobierno nacional busca volver inaplicable la ley con un doble e inconfesable objetivo: dejar de enviar dineros a las provincias y, sobre todo, reducir los controles ambientales para facilitar ‘inversiones’ en los sectores agropecuario, minero, petrolero e inmobiliario”.

El trámite administrativo para acceder a los pagos nacionales de la Ley de Bosques es realmente engorroso: la provincia recibe un proyecto (de conservación y/o enriquecimiento del bosque nativo) por parte del titular de un predio rural, lo analiza y lo aprueba, lo circula a nación que también lo analiza y lo aprueba y entonces gira los fondos correspondientes que después deben ser rendidos desde las provincias. Ese circuito demora meses y hasta años. Salta, la provincia con más hectáreas de bosques a proteger, fue la primera en establecer un mecanismo más o menos aceitado para la implementación de proyectos y la recepción de dineros. Así y todo tiene todavía fondos de los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012 sin rendición y certificación total mientras que los de 2013, 2014 y 2015 están también pendientes. Pero un último y reciente cambio en los trámites burocráticos y administrativos, a través de la Resolución 391-E/2017 fechada el 14 de julio y publicada hace pocos días, establece como plazo máximo para la debida presentación de comprobantes (y demás papeles respaldatorios) el 31 de diciembre. Sin esa completa y total presentación serán interrumpidas las transferencias futuras, algo no contemplado por la Ley de Bosques.

Representantes de las provincias más afectadas por esta última disposición intentaron un reclamo y pidieron al menos una explicación en la reunión del jueves pero no tuvieron respuesta por parte de los altaneros enviados de Bergman. El tema, en consecuencia, puede explotar la semana próxima en la asamblea del COFEMA o incluso antes con la presentación de recursos administrativos o judiciales. “Hay que entender que no es un regalo de nación a las provincias sino todo lo contrario, es la compensación que nación debe pagar a las provincias por los servicios ambientales prestados” explicó un especialista en derecho ambiental y recordó que “desde la última reforma constitucional (de 1994) son las provincias las titulares de los recursos naturales por lo que nación debe pagarles para que estas puedan compensar su no utilización y/o explotación”.

En números groseros, el gobierno nacional le debe a las provincias unos $40 mil millones por los reiterados incumplimientos en el envío de los recursos correspondientes a la Ley de Bosques. “En los últimos 8 años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $29 mil millones y entregó menos de $2.100 millones. Pero esos casi $27 mil millones nunca devengados medidos en términos reales, es decir actualizados por inflación, llevan la deuda ambiental de la nación con las provincias a casi $40 mil millones” reportó Cuarto Poder, a partir del cálculo de especialistas en la materia, hace un par de meses.

La Casa Rosada, en efecto, nunca, ni con Cristina Kirchner ni con Mauricio Macri, integró conforme a derecho el Fondo de Bosques. Siempre estableció, en la Ley de Presupuesto, una partida tan arbitraria como insuficiente (nunca alcanzó siquiera el 10% de lo debido) para el pago de los servicios ambientales que brindan las provincias en general y los titulares de las tierras boscosas en particular a la sociedad toda.

Ahora, de no mediar una enfática acción de los gobernadores ante el presidente Mauricio Macri, el ministro Bergman dará un paso más hacia la absoluta desprotección de los bosques nativos: a partir del año próximo interrumpirá los giros a las provincias. Al menos eso es lo que dejaron claro el secretario de Política Ambiental y la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Diego Moreno y Dolores Duverges, ejecutores de las presiones y los maltratos a los enviados de las provincias argentinas.

La interrupción de los fondos es, para Salta, especialmente grave: en juego están nunca menos de $80 millones anuales que se destinan a los proyectos de conservación y manejo del bosque nativo y a no pocas actividades e iniciativas de la Secretaría de Ambiente. Aunque están demoradas las transferencias, la provincia recibirá este año unos $78 y el año próximo no menos de $100 millones que, ahora y por medio de artilugios burocráticos, están en riesgo.

“La cosa es mucho más grave: no sólo quieren desfinanciar a las provincias para que no puedan ejercer debido control de los desmontes sino que, decididamente, quieren avanzar con proyectos productivos sobre los bosques nativos” acusó un especialista y advirtió que “el propio Bergman ya pide hablar de ‘reforestación’ y no de ‘desmontes’ y ese mensaje es muy claro”.

En efecto, desde el Ministerio de Ambiente no hubo ninguna objeción a la reciente sanción de una discutida Ley Agroforestal en Córdoba que permite el cambio de uso de suelo (de bosque nativo por bosque implantado) y, según se cree, esa será la “alternativa” que propondrá en el futuro el gobierno nacional a sus pares provinciales.

Este antecedente y la falta de precisiones en las estrategias de MBGI (Manejo del Bosque con Ganadería Integrada) preocupan a las organizaciones ambientalistas que, por ejemplo, creen que en Salta se permitirá el avance con emprendimientos productivos sobre “zonas amarillas” del mapa de Ordenamiento Territorial.

A comienzos de mes, ambientalistas desilusionados con varios funcionarios de Bergman, otrora miembros de organizaciones que promovieron la Ley de Bosques, acusaron que “en realidad lo que subyace es una clara intención de desfinanciar a las provincias y provocar que la ley se vuelva inaplicable”. Denunciaron, además, que “para determinados sectores económicos la Ley de Bosques es un claro escollo para los grandes desarrollos inmobiliarios y productivos que pretende llevar adelante el gobierno nacional”.

La negativa a aportar fondos para el cuidado de los bosques y el recurrente rumor, por ahora siempre negado, de un futuro desmantelamiento del Ministerio de Ambiente parece darles la razón.