Diputados quieren prorrogar, una vez más, la ley que impide desalojos de familias campesinas y comunidades originarias de las tierras que ocupan de manera ancestral y que vence a fin de año.
Diputados salteños quieren prorrogar, una vez más, la ley que impide desalojos de familias campesinas y comunidades originarias de las tierras que ocupan de manera ancestral y sin escrituras.
“La iniciativa está incluida en acta de labor parlamentaria de (la sesión de) este martes” confirmaron fuentes legislativas y detallaron que el proyecto lleva las firmas de Alberto Abadía, Lucas Godoy, Mario Vilca, Elio René Flores Royano, Mario Vilca, Gustavo Ruiz y Eduardo Leavy y Ramón Villa, diputados del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria.
El proyecto propone suspender por 2 años, a partir del 31 de diciembre de este año, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
“Se trata del Artículo 9 de la Ley 7.658 Programa de Regulación Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales que se prorrogó varias veces después de la sanción en 2010” precisó el portal web La Gaceta Salta y recordó que “la última prórroga de ese artículo vencía en julio y en abril, previendo que el vencimiento de la ley traería inconvenientes a pequeños productores que tienen conflictos judiciales por la titularidad de sus tierras, Diputados sancionó una nueva extensión del plazo por 3 años más”.
“El Senado no trató el proyecto, sino hasta el receso legislativo y en medio del receso judicial de invierno, a cuya vuelta tendrían ejecución todas las sentencias pendientes, modificó la decisión de Diputados, imponiendo un plazo solo hasta el 31 de diciembre de este año” amplió y añadió que “durante el receso Diputados debió aceptar los términos del Senado, ya que la ley estaba vencida desde el 7 de julio, con el Poder Judicial en feria y dispuso además, crear una comisión bicameral de seguimiento”.
El gobierno reglamentó la ley casi en forma inmediata, tarea que no había hecho en los 7 años previos.
