La Provincia incorporó cuatro proyectos privados a su Régimen de Promoción Industrial, Minera y Turística, no pagarán ciertos impuestos por al menos cuatro años y recibirán créditos fiscales millonarios para afrontar otros tributos. Como contrapartida, generarán sólo 67 puestos de trabajo. (Franco Hessling)

Esta semana se dieron a conocer cuatro nuevos convenios que estableció el Gobierno de la Provincia con empresas o particulares, quienes se comprometieron a realizar inversiones importantes a cambio de ser acogidos en el Régimen de Promoción Industrial, Minera y Turística, establecido por ley provincial 6.025 y sus modificatorias -la ley original es de 1982, la última enmienda se introdujo en 2004 a través de la ley 7.281.

Que el Gobierno opte por aceptar estos cuatro proyectos dentro del citado régimen implica que serán eximidos de ciertas presiones fiscales y que se los favorecerá con créditos fiscales para asumir el resto de gravámenes. La Provincia, a través de su Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, concede esas promociones con miras a propiciar el desarrollo económico, que puesto en abstracto suena encantador, pero que en el análisis minucioso puede tener criterios no del todo auspiciosos desde un punto de vista colectivo.

Hay que reconocer que los cuatro convenios, de ser cumplidos, en un plazo no mayor a un año y medio potenciarán el crecimiento industrial en distintos puntos de Salta (Güemes, Anta, Capital y Cafayate). Las inversiones de cada proyecto son variables aunque anticipan un abastecimiento de maquinarias y espacios que mejorarán significativamente la calidad y volumen de producción de cuatro emprendimientos de tipo privado, es decir, la ampliación infraestructural redundará en beneficios patrimoniales particulares y no en erario público.

Uno de los argumentos preferidos para defender la necesidad social de acompañar estas iniciativas privadas, es la idea de que el desarrollo económico se traducirá linealmente en una sociedad más cercana al Sueño Americano, donde no exista la desocupación, el empleo en negro ni las penurias que suelen padecer aquellos que engrosan el anillo más alejado del centro, donde diríamos -metafóricamente- que están las riquezas. El planteo es que el abstracto crecimiento económico de esos particulares se traducirá, por ejemplo, en puestos de trabajo y cotización de las tierras cercanas a los emplazamientos industriales, acarreando una prosperidad social que ni las experiencias colectivas que buscan la igualdad pueden forjar.

Antes de ahondar en las especificidades de los convenios suscriptos por el Gobierno en su afán de hacer proclive la bonanza de los emprendimientos privados, apúntese que, sumando los puestos de trabajo permanentes que se comprometieron a generar los cuatro particulares, no se alcanza la centena de empleados. Exactamente, las iniciativas abrirán paso en el espinoso campo laboral a sesenta y siete personas. Sólo con ese dato ya se desgrana el relato de que ése crecimiento económico beneficia a la sociedad en su conjunto.

Padrinazgo

Los decretos provinciales 1.053, 1.055, 1.057 y 1.059, dados a conocer a mediados de la última semana, aceptan que los proyectos de inversión de Campo San Benito, Medicina Ambulatoria Salta, Pablo José Padilla y Agroindustrias San Antonio se acojan al Régimen de Promoción Industrial, Minera y Turística, quedando exentos de las cargas tributarias por actividades económicas y sellos, y haciéndose acreedores de créditos fiscales para afrontar otros impuestos.

Campo San Benito es una firma creada en 2010, en forma de SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), integrada por el matrimonio Claudia Marcela Alemandi y José Alberto Hemsy. Éste fue acusado de adquirir de modo irregular unos terrenos en Santa Ana II, que habían sido regenteados de manera ilegítima por un grupo de vecinos que se apropiaron de lo que el barrio había planificado como su futuro club social y deportivo.

La empresa marital realizará en Cafayate obras para ampliar su bodega, y también adquirirá nueva maquinaria para potenciar el proceso productivo. La ejecución de la obra debe extenderse como máximo por ocho meses y la inversión que se comprometen a realizar oscila los 4 millones de pesos. Generará un solo puesto de trabajo permanente, pese a que estará exenta de pagar los tributos por actividades económicas y sellos durante cuatro años, además de recibir 1,2 millones como “certificado de crédito fiscal”.

Medicina Ambulatoria Salta efectuará su proyecto en Salta capital, la inversión será de 40 millones de pesos para obras edilicias y adquisición de un Resonador Magnético. Estas tareas deberán cumplirse en un plazo de seis meses. La empresa de sanidad, de acuerdo a su acta de constitución, en 2008, está conformada por los médicos Bernardo Pérez Alsina, Martín Adolfo Balbi, Martín Guillermo Pecci y Eduardo Nallim; también se trata de una SRL, que a cambio de promociones impositivas por cuatro años y “certificados de créditos fiscales” por siete millones de pesos, solucionará la suerte laboral de seis personas.

El decreto 1.057 introduce una particularidad, el convenio del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable es llevado a cabo con una persona particular, no con una firma comercial, con el señor Pablo José Padilla, quien asumirá una importante inversión -145 millones de pesos- para instalar una “planta procesadora de limones” en la Finca Miraflores de la localidad El Galpón, en Anta. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 17 meses, poco menos de un año y medio. Finalmente, la industria del señor Padilla generará treinta y seis vacantes de trabajo estable, a cambio de recibir exenciones fiscales por ocho años y un “certificado de crédito fiscal” por dos millones de pesos.

Por último, la firma Agroindustrias San Antonio de los Cobres, una sociedad anónima compuesta por el matrimonio Luis Alberto Haddad y Agustina Mansilla, invertirá 34 millones de pesos para equiparse en los próximos ocho meses y producir cajones y pallets desde la localidad General Güemes. Para ello, recibirá exenciones fiscales en tributo a las actividades económicas y los sellos durante cuatro años, y dos millones de “certificados de crédito fiscal”. El resultado para los que componen los anillos más alejados del centro de la riqueza será la creación de veinticuatro puestos de trabajo permanentes.

Guiño flexibilizador

Según los más recientes guarismos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en materia laboral Salta es la segunda provincia con mayor empleo en negro, trepando a un 42,5% de trabajo no registrado, sólo detrás de Santiago del Estero, por encima del 50%.

En parte, ese panorama se da por ausencia de políticas laborales que penalicen la precarización, aunque mayormente esa realidad se explica no por falta de políticas positivas sino por la artera decisión gubernamental de fomentar la flexibilización laboral. Por ello, el Estado es uno de los principales empleadores que apela a los contratos temporales, locaciones de servicios laborales y otras formas de vulnerar la estabilidad en el trabajo.

Por si faltarán ejemplos de que el trabajo precarizado en Salta y Argentina no es consecuencia de ausencia de políticas sino de decisiones denodadas, baste citar un pasaje repetido en los cuatro convenios que el Gobierno de la Provincia hizo públicos esta semana: las iniciativas, que asumen el mandato de crear sesenta y siete puestos de trabajo estables, se comprometen a “incorporar una dotación de puestos de trabajo en forma directa o a través de subcontrataciones según fuera su especialidad, correspondientes a personal técnico, administrativo y operario” (el resaltado es propio).