El juez Ercolini sospecha que la funcionaria cometió “administración fraudulenta” en la compra del edificio de la Procuración por $44 millones y pagó “comisiones exorbitantes” en la operación inmobiliaria.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales, quedó procesada por administración fraudulenta luego de que un juez entendió que urdió un plan con un funcionario a su cargo para direccionar la compra de un nuevo edificio de la Procuración por $44 millones y permitir que un intermediario cobrara una desmedida comisión de casi $8 millones.
La decisión fue firmada por el juez federal Julián Ercolini, que embargó los bienes de Gils Carbó hasta la suma de $7 millones. Con este fallo, el oficialismo retomó la idea de impulsar el juicio político de la procuradora. Ésta es la resolución que esperaba el gobierno para forzar su alejamiento, pues su mandato es vitalicio.
El gobierno entiende que Gils Carbó es la más encumbrada operadora del kirchnerismo que aún conserva poder y que lo usa con fiscales leales para impulsar denuncias contra funcionarios de Cambiemos.
Gil Carbó no reaccionó y, en cambio, dio a conocer anoche un comunicado de su abogado, León Arslanian, en el que dice que apelará porque, sostiene, lejos de perjudicar al Estado la compra del edificio lo benefició, y señala que le provoca “suspicacia” que el fallo se conozca antes de las elecciones.
Además de a Gils Carbó, el juez procesó a Guillermo Alfredo Bellingi, subdirector general de la Procuración, quien llevó adelante la compra, y a Juan Carlos Thill, su medio hermano, que actuó como intermediario de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, que intervino en la operación. Thill cobró la comisión de $7,7 millones “exorbitante” para Ercolini pues ascendía al 17% de la venta cuando lo usual es el 3% o 4%.
Además fue procesado Adrián Fisher, encargado por Arfinsa, empresa del grupo Bemberg, dueño del edificio de la operación, y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria.
Fuente: La Nación
