Advierten que en lugar de convocar a varias empresas para que integren un Banco de Prótesis para el IPSS, el gobierno se inclinaría por adjudicarle el contrato a una sola empresa con reprochables antecedentes en la provincia: Prima SA. (Gonzalo Teruel)

La idea es buena: planificar y prevenir para no tener que correr tras la emergencia. Pero, como casi siempre sucede en la administración salteña, su aplicación es cuanto menos cuestionable. Para no tener que salir al mercado cada vez que un afiliado necesita una prótesis u algún otro complejo elemento quirúrgico, el Instituto Provincial de la Salud de Salta quiere constituir un “banco” que tenga siempre en stock y a disposición esos insumos médicos.

Llamó a licitación pública. La declaró fracasada. Hizo una nueva convocatoria. Y ahora tiene un reclamo administrativo que puede terminar en los tribunales. Según supo Cuarto Poder, al primer llamado se presentaron un par de compañías pero como una de ellas no cumplía los requisitos mínimos se declaró fracasada. Y, peor aún, la nueva convocatoria parece, según se reclama, elaborada “a medida” de esa misma empresa.

“El año pasado se llamó a licitación y como los pliegos no estaban correctamente redactados hubo una discusión muy fuerte entre las empresas que se presentaron: la salteña Magnus SA y la cordobesa Prima SA” indicó una fuente que conoce el caso y advirtió que “Magnus SA se quejó porque la licitación, elaborada por el gobierno provincial, parecía favorecer a Prima SA”. Pero una vez fracasada esa convocatoria pública, el nuevo llamado fue mucho peor y aún más “favorable” a Prima SA, una empresa con pésimos antecedentes en la provincia.

Durante el año 2011, incluso antes, las autoridades sanitarias recibieron numerosos reclamos y denuncias de pacientes y médicos por la pésima calidad del material provisto por Prima Implantes SA al Hospital San Bernardo. El escándalo fue tal que el doctor Gonzalo Herrera renunció a su cargo de jefe del Servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial y el entonces interventor del IPSS, Gabriel Chagra Dib, rescindió el contrato que la obra social tenía con la empresa “por considerar que el servicio que le prestaban no era óptimo”.

Según consta en distintos medios gráficos, la falta de provisión de los materiales requeridos por los profesionales del Hospital San Bernardo se repitió durante el año 2013. Siempre de acuerdo a medios de prensa, la empresa con sede en Córdoba tuvo problemas similares en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy (dónde también sufrió la rescisión de un contrato con el gobierno) y San Luis por demoras en la entrega de materiales requeridos por el PAMI.

“Los abusos de las condiciones particulares de la licitación son alevosos: ponen un precio a los pliegos de $70 mil cuando en la anterior valían $2 mil y la tendencia general es que sean gratuitos, exigen capacidad económica y financiera con unos índices muy ambiguos y exigen que la garantía de mantenimiento de la oferta sea por $80 millones cuando la oferta concreta no superaría los $20 millones. Piden a su vez antecedentes en el ‘sistema de provisión’ que nadie tiene en Salta salvo Prima SA” reconoció a Cuarto Poder una fuente con acceso al expediente y advirtió que “el contrato tiene un plazo de 24 meses con opción de renovación por 24 meses más y, otra vez, hasta que se llame a una nueva licitación o sea que puede ser indefinido”.

Bajo esas condiciones, y como era de esperarse, a la nueva licitación se presentó un solo oferente: nada menos ni nada menos que la mismísima Prima SA. La impugnación previa realizada por los representantes legales de Magnus SA fue rechazada de cuajo, por lo que el reclamo administrativo puede terminar en la justicia y demorar, vaya uno a saber hasta cuándo, la implementación del necesario Banco de Prótesis por lo terquedad de los funcionarios públicos de no admitir otras opciones de contratación más transparentes.

“Ante el llamado a la segunda licitación se presentó una impugnación (de los pliegos) que la Secretaría de Contrataciones rechazó y, entonces, se presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría General de la Gobernación que giró el expediente a la Secretaría Legal y Técnica” explicó la misma fuente aunque no precisó cuándo podría haber una respuesta gubernamental.

En cualquier caso, ante otro posible rechazo a la impugnación habrá un consecuente nuevo recurso jerárquico ante a la Gobernación. “Si Ramiro Simón Padrós (el secretario de la Gobernación) rechazara la presentación tendrán que ir directamente al gobernador Juan Manuel Urtubey con el reclamo” anticipó y advirtió que “el tema va a terminar judicializado”. Esa certeza incomoda a las autoridades provinciales que quieren arrancar con el Banco de Prótesis lo antes posible y quieren tener los papeles firmados en el mes de septiembre.

El documento de impugnación advierte que “se pretende contratar un solo proveedor para todo el Sistema de Prótesis del IPSS” y denuncia que eso “atenta contra la libre competencia creando un monopolio en la provisión de tales insumos”. “Surge el interrogante sobre la conveniencia de adjudicar a éste único proveedor la totalidad de las prestaciones en materia de prótesis que consume el IPSS por un plazo que puede tornarse indefinido” anticipa y describe que “en los pliegos de condiciones y en el sistema propuesto se limitaron tanto las posibilidades de presentación de diversos oferentes, atentando contra el principio de promoción de la mayor concurrencia prevista en la Ley 6.838, que sólo se presentó uno solo, el mismo contra el cual se observó (reclamó) su anterior oferta en el fracasado intento de la Licitación 259/15 con argumentos tan decisivos como que ya había sido prestador del IPSS y había expulsado por sus reiterados incumplimientos y oposición generalizada de los médicos especialistas y que pretendía cubrir únicamente el suministro de prótesis traumatológicas, esto es, solamente una parte del amplio espectro de insumos que se requieren en esta oportunidad”.

En su tan interesante como inusual reclamo, la compañía Magnus SA sugiere que el Banco de Prótesis puede y debe conformarse con múltiples proveedores. “Ninguna compañía, ni Prima SA ni ninguna otra, puede garantizar el suministro de todos y cada uno de los insumos que puede requerir la práctica médica”, planteó en ese sentido un profesional que en su momento denunció a la empresa. En efecto, según su propia página web institucional, Prima SA está “dedicada a la fabricación, venta y exportación” pero no es distribuidor de productos de terceras compañías y, en consecuencia por ejemplo, no podrá proveer de insumos que no se fabrican en el país.

“La simple necesidad de provisión de prótesis, ha sido disfrazada de ‘sistema’ para ser monopolizada en manos de un solo proveedor ‘calificado’ a la luz de estándares ambiguos o tendenciosos” acusa el texto de la impugnación. Todavía, pese al cruce de documentos administrativos, nadie pudo explicar con argumentos serios por qué la provincia se inclina por adjudicar un contrato estimado en $8 a $10 millones mensuales a una sola empresa en lugar de abrir el juego a varias compañías (algunas locales) para fomentar la actividad y la competencia comercial y bajar los precios de los insumos médicos. Ni el ministro de Salud ni el titular del IPSS, Roque Mascarello y Martín Baccaro, se expresaron públicamente sobre la controversia.

Todavía, como en 2011 durante el escándalo en el Hospital San Bernardo, es un misterio quién está detrás de la compañía cordobesa con enormes contratos en distintas provincias argentinas.