Buscan precarizar el trabajo, a pedido del FMI.

Ya lo decía Jack, el destripador: vamos por partes. Como este año hay elecciones, el gobierno de Mauricio Mari buscará aprobar en partes la flexibilización laboral.

Tras la convulsionada aprobación de la reforma previsional en diciembre de 2017, en medio de masivas marchas de repudio y la feroz represión ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobierno de Mauricio Macri tuvo que poner en stand by su ansiada flexibilización laboral.
Se preveía que el paquete delineado en el Poder Ejecutivo no iba a pasar por el Congreso e iba a significarle un duro revés político al gobierno de Cambiemos. Por eso cambió su estrategia y resolvió fraccionar la polémica iniciativa en una serie de leyes separadas de modo de diluir la resistencia.
Ahora el gobierno puso primera y se prepara para comenzar a dar la pelea en el Congreso. Según consignó Ámbito Financiero en su edición de este viernes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, “avanzará en el verano en los capítulos menos conflictivos de la reforma laboral. El objetivo será preparar el terreno para debatir en el Congreso en el arranque de las sesiones ordinarias al menos el tramo de blanqueo que prevé un amplio perdón a los empresarios por declarar trabajadores no registrados”.
Ante la fuerte resistencia que genera “quedará al margen, al menos en la primera etapa, el apartado sobre relanzamiento de las pasantías laborales, que había generado inquietud en sectores del sindicalismo por su asociación con las prácticas de flexibilización aplicadas en los ’90”.
Además, según adelantó el periodista Mariano Martín especializado en temas gremiales, “en la cartera de Producción y Trabajo explicaron que el foco estará puesto en los ítems ‘blanqueo’ y ‘litigiosidad’, lo que también abrió la puerta a la eventual inclusión del capítulo relacionado con la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas. Con la posible incorporación de ese ítem el debate podría contar con un aval al menos implícito de la CGT, interesada tanto como las empresas de medicina privada en la implementación de ese cepo judicial mediante un consejo de notables que deberá dictaminar sobre la viabilidad de los reclamos”.
Nada que salga de Macri va a ser favor de los trabajadores. Más de 100 mil trabajadores quedaron en la calle solo en 2018 en todo el país.