Comerciantes piden a Urtubey que vete el consenso fiscal. Ocurre a horas de la promulgación de la ley 8064. Directivos de la Cámara de Comercio reiteraron su rotundo rechazo a la suba de las alícuotas del Impuesto a la Actividades Económicas.

La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, reiteró su rotundo rechazo a la suba de las alícuotas del Impuesto a la Actividades Económicas (Ingresos Brutos) medida incluida en el paquete de medidas y el fondo para las cámaras empresarias destinado a combatir la ilegalidad.

Desde el sector aseguran que las empresas comerciales, de servicios y las Pymes están en una profunda crisis que hay que solucionar. “Previo al tratamiento de la medida a nivel provincial, en la que se incluyó el alza del impuesto de hasta el 200% para algunos rubros, se descartaba de lleno por parte de las autoridades provinciales  la suba de los gravámenes” afirma el comunicado.

Luego agrega que en el Plenario de Cámaras que se llevó a cabo el 10 de noviembre, sólo se hablaba de la generación de mano de obra y fuentes laborales genuinas, la reactivación de la economía, y el fin de actividades ilegales.

Los comerciantes rechazan además el “fondo de promoción específico” que prevé la asignación del 10% del incremento de lo recaudado en concepto del Impuesto a las Actividades Económicas que comenzarán a pagar los comerciantes para incentivar la actividad y luchar contra la evasión y la competencia desleal. Estos fondos serán administrados con la participación de las Cámaras que representan al sector.

“Desde siempre es responsabilidad del Estado articular y controlar las medidas para combatir la ilegalidad e informalidad en el territorio provincial. La inclusión de una cláusula de “devolución” del 10% de los tributos del comercio no redunda en un avance real en esta lucha”, sostienen.

“Exigimos que ese 10% sea descontado de la alícuota a fin que el comercio tenga un mínimo alivio a esta pesada carga que nos terminará por afectar negativamente a todos los salteños”, señalan.  Por último solicitan la apertura al diálogo para que mediante la articulación de las políticas público-privadas correctas se pueda propiciar el desarrollo sostenido.