Medios de prensa informaron esta semana lo que Cuarto Poder denunció hace 5 años: las aguas del dique Cabra Corral están contaminadas. Hoy como entonces, el procurador Pablo López Viñals sigue sin ordenar a los organismos competentes que hagan cesar la contaminación de las aguas salteñas.
Las noticias contenidas en las páginas de los diarios son, en una enorme mayoría, viejas. Esta aseveración, en principio contradictoria, es inevitable. Los periodistas cuentan hechos consumados: un accidente, un homicidio, un discurso, un bombardeo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy pocas las cosas que pueden anticiparse: el pago de los sueldos, la inauguración de una autopista y poco más.
Pero esta semana El Tribuno exageró y publicó como noticia algo que Cuarto Poder informó hace casi 5 años, en junio de 2012: las aguas del dique Cabra Corral están contaminadas. “La tesis doctoral de la bióloga Laura Lamas, fechada el año pasado, advierte que, si no se contraponen nuevas acciones para remediar lo que ocurre actualmente, la enorme masa de agua del dique Cabra Corral podría convertirse en tóxica no solo para los peces sino también para las personas que realicen actividades recreativas. Lo que más preocupa es la presencia de metales” publicó el domingo pasado el matutino de la familia Romero y precisó que, de acuerdo al estudio de la especialista, “los sedimentos en la zona de La Maroma presentaron concentraciones de mercurio, cobre, cadmio y zinc, provenientes de actividades antrópicas, que superaron lo permitido según la normativa internacional”.
“En La Maroma, la mayor demanda química de oxígeno y las más elevadas concentraciones de nitrato y fósforo respecto a los demás sitios, indican contaminación proveniente de las fuentes puntuales y difusas del Valle de Lerma que ingresan al embalse, principalmente por el tributario norte, durante el período de aguas altas” amplió y explicó que el “tributario norte es obviamente al río Arenales, el principal contaminador del embalse, porque además de volcar aguas provenientes de la enorme planta depuradora de la ciudad de Salta, también recoge de sus propios tributarios todos los residuos de químicos y agroquímicos utilizados por los agricultores del Valle de Lerma”.
Todo eso, replicado en portales de Internet y estaciones de radio, es real y cierto. Y fue denunciado, a partir de fuentes muy anteriores, por Cuarto Poder en un artículo titulado “Agua de la miseria” a principios de junio del año 2012. “El agua de Salta podría no ser apta para el consumo humano, para el baño o el procesamiento de alimentos por estar contaminada con la bacteria Escherichia coli” reveló este semanario y advirtió que “esta presunción motivó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación que, en octubre, exhortó a las autoridades provinciales a ‘la adopción de las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación cloacal, industrial, agropecuaria u otras’ de los ríos Arenales, Guachipas, el Dique Cabra Corral y de toda la cuenca del río Juramento”.
Además, precisó que “el exhorto firmado por Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría del Pueblo, fue dirigido al Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, para que instruya a los responsables de la política ambiental a tomar cartas en el asunto” y detalló que “la intervención de Sella fue solicitada por distintas presentaciones realizadas (en 2009) por el ex intendente de la ciudad, Walter Luna, y por la titular de la Red Solidaria Salta, María Elena Jimenez”.
Aquel texto periodístico informó que “Luna denunció la grave contaminación que afecta al Cabra Corral, una de las mayores reservas de agua potable del noroeste argentino, por la descarga de líquidos cloacales y residuos en los canales de la ciudad liberando las aguas contaminadas a los ríos que desaguan en el dique” y que “Jimenez, en tanto, notificó la contaminación del río Arenales por el vertido de efluentes cloacales e industriales sin tratar y el aporte de agroquímicos utilizados en los campos”.
Además, se reveló cómo ante burocráticas respuestas de los entonces ministro de Ambiente e intendente de Salta, Julio Nasser y Miguel Isa, el defensor del Pueblo giró el inapelable expediente al procurador López Viñals para que, a nombre de las autoridades salteñas, haga “cesar la contaminación cloacal, industrial, agropecuaria u otras y propender a la recuperación ambiental de los ríos Arenales, Guachipas, el Dique Cabra Corral y de toda la cuenca del río Juramento”. “Antes de concluir su documento, Sella (…) le señala a López Viñals la ley provincial de protección del Medio Ambiente y los artículos 30 de la Constitución de Salta y 41 de la Nacional que garantizan el derecho a un ambiente armonioso y a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras” explicitó este semanario en sus rosadas páginas.
Lamentablemente, casi 5 años después, no hay ninguna noticia que pueda publicarse sobre tareas de limpieza de las aguas salteñas que tengan como protagonista al todavía, como entonces, procurador Pablo López Viñals.
