Horacio Verbitsky, presidente del CELS.

El CELS publicó el Informe 2017 sobre Derechos Humanos en la Argentina. Salta es mostrada como una provincia que reprime a los trabajadores y se puso especial énfasis en la problemática de los trabajadores azucareros. (Federico Anzardi)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó esta semana la vigesimoprimera edición del informe anual sobre Derechos Humanos en la Argentina. El texto, de casi trescientas páginas, puede leerse completo de manera online en la web del organismo (cels.org.ar).

El trabajo es un resumen detallado de cómo hubo un claro retroceso en materia de derechos en nuestro país desde la llegada de Cambiemos al poder. Además, muestra prácticas que se mantienen desde hace más tiempo: allí toma protagonismo Salta, gracias a las represiones a trabajadores que se han dado históricamente y de manera regular durante las diferentes gestiones de Juan Manuel Urtubey.

En la sección “Acciones contra el fortalecimiento de la organización sindical en los ingenios de Jujuy y Salta”, el informe asegura que “la represión de la protesta tiene un correlato en la persecución penal de manifestantes y referentes sociales”. Agrega que “esto muestra una afinidad de criterios y acciones entre autoridades políticas y sectores judiciales para limitar la acción colectiva. El encuadramiento penal de acciones que son propias del acto de manifestar no sólo procura limitar la protesta, sino que resulta instrumental a una persecución más amplia de la organización social, política y sindical. Muchos referentes con amplia representación y legitimidad están sometidos a proceso, acusados de una variedad de figuras penales. Algunas acusaciones son muy graves y prevén penas altas. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos. Tanto de los que están directamente involucrados en las causas como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.

“En los últimos años, los trabajadores de la industria del azúcar de Jujuy y Salta fortalecieron sus organizaciones sindicales, consiguieron una recuperación significativa del salario y mejoras en las condiciones laborales. La reacción de muchos empresarios fue impulsar políticas antisindicales, respuesta que ha sido articulada con las autoridades políticas y con sectores del Poder Judicial”, expresa el informe.

“En Salta, en los últimos años, las manifestaciones de los obreros azucareros fueron reprimidas en numerosas ocasiones. Además, se abrieron diversas causas penales contra quienes protagonizan los reclamos laborales. En 2012, los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal fueron reprimidos por la policía provincial de Salta, durante una manifestación para reclamar la reincorporación de 50 trabajadores. Algo similar ocurrió con los obreros del Ingenio San Isidro, en abril de 2014, cuando se manifestaban por mejoras salariales y la reincorporación de 200 trabajadores del Programa Interzafra. La policía disparó a quemarropa con balas de goma contra quienes participaban del reclamo (que estaban acompañados de sus familiares, mujeres y niños) y lanzó gases lacrimógenos”, sigue, y agrega: “Al secretario general del Sindicato de Obreros del Ingenio San Isidro, entre 2014 y 2015 se le iniciaron al menos once causas penales, en su gran mayoría por amenazas denunciadas por directivos de la empresa”.

También se hace referencia a que “los miembros de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal también fueron procesados por denuncias de la empresa. Y cita a un dirigente del gremio: “Ya perdí la cuenta de la cantidad de causas penales que me abrieron”.

“Este conjunto de prácticas es incompatible con el ejercicio de la libertad sindical”, concluye el informe. Y agrega otros casos en la zona: “En julio de 2016, los trabajadores del Ingenio Ledesma, en Jujuy, iniciaron un paro para exigir mejores sueldos. En el marco de ese conflicto, realizaron una manifestación alrededor de la sede del ingenio, que fue reprimida por la policía provincial con balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos 80 trabajadores resultaron heridos”.

Para el informe, “el caso extremo de esta lógica de la criminalización político-judicial es la persecución contra la Organización Barrial Túpac Amaru de la provincia de Jujuy”. “Su referente, Milagro Sala -sigue-, fue encarcelada por hechos vinculados a una protesta social el 16 de enero de 2016, aunque el encadenamiento de causas por las que se busca justificar la prolongación de su prisión preventiva tiene motivaciones muchísimo más amplias. Su detención arbitraria activó un proceso de persecución social, política y judicial sin precedentes contra todo el colectivo al que pertenece”. Asegura que “durante el último año se consolidó en Jujuy un escenario de fuerte intervención contra los dirigentes sociales que deriva en un mensaje atemorizante y disciplinador”. De manera más general, determina que desde 2015 el gobierno nacional asumió “una posición muy adversa a la protesta social y a la movilización pública como formas de expresión e interpelación a las autoridades”.

Un panorama sombrío

“Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos. Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. No se trata de hacer una caracterización global del proyecto que lleva adelante la alianza Cambiemos, sino de señalar una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país”, asegura el informe en la introducción.

Este año hubo un suceso ineludible en materia de Derechos Humanos: el caso Santiago Maldonado. En el informe, el CELS asegura que “el gobierno nacional hizo una defensa corporativa de la Gendarmería” mientras no se sabía lo que había pasado con el joven, desaparecido en ese momento. “Esto implicó que durante semanas no se brindara información sobre el operativo al Poder Judicial y que hasta ahora ningún gendarme haya sido siquiera sancionado por ilegalidades tales como arrojar piedras a los manifestantes, hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad o mentir públicamente y en actuaciones administrativas sobre el operativo. La incondicionalidad de las autoridades con la Gendarmería contribuyó a que los agentes no se vieran comprometidos a contradecir las falaces e incompletas versiones oficiales de sus superiores. En vez de liderar la investigación y aportar toda la información al Poder Judicial para encontrar a Maldonado, el gobierno nacional se mostró incondicional con la fuerza de seguridad involucrada y encaró una estrategia agresiva de desinformación que día tras día puso a circular hipótesis que no se encuentran en los expedientes en los que se investiga el hecho”.

Para el CELS, “el discurso oficial legitimó la represión presentando a la comunidad como una amenaza al sistema y un enemigo interno, una fórmula que se inscribe en la insistencia en introducir ‘la cuestión del terrorismo’ como si fuera uno de los problemas centrales de la Argentina. Desde que asumió el gobierno colocó el reclamo de comunidades mapuches por la tierra y el problema del narcotráfico entre los peligros principales de la seguridad nacional. Esto es parte de una de las líneas más consolidadas en el programa de Cambiemos: la reinscripción del país en la agenda global de las ‘nuevas amenazas’. Esta cuestión se deriva del realineamiento con los Estados Unidos y la relación preferencial con Israel, y coloca a la seguridad nacional y al orden público como bienes principales a ser protegidos. Tiene graves consecuencias en el diseño de las políticas y en las prácticas de las fuerzas de seguridad, ya que sus efectos no se limitan a las relaciones internacionales, sino que impactan en la concepción de la seguridad interior. Un planteo central de la agenda de ‘las nuevas amenazas’ es identificar enemigos internos que justifican la militarización de las intervenciones. Esto se traduce en el endurecimiento de la represión policial, incorporando otras lógicas y/o armamentos”.

“Otra vía que impulsa esta agenda a nivel global, prohibida en nuestro país, es la habilitación para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones internas, como sucede en países como México y Colombia provocando verdaderas tragedias en materia de derechos humanos. De hecho, desde 2015, de diferentes formas y en distintos momentos, algunos voceros del gobierno han puesto en duda la pertinencia de sostener el principio de demarcación entre seguridad interior y defensa nacional”, indica.

Otros de los temas abordados y analizados es el impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales, las crecientes dificultades en el acceso a un hábitat digno. En materia de memoria, verdad y justicia, se trata el discurso oficial sobre el terrorismo de Estado. Se analiza la criminalización en los migrantes. El “preocupante estado de las instituciones creadas por la Ley Nacional de Salud Mental” y la “persistencia de la discriminación y falta de tratamientos adecuados y respetuosos de los derechos” de las personas abordadas en estos ámbitos. También se analizan las políticas de drogas y se las define como “arcaicas, ineficaces y contrarias a la protección de los derechos humanos”.

El informe concluye que “en un contexto regional e internacional que es adverso a los acuerdos globales en materia de derechos humanos, la respuesta del gobierno argentino ante la desaparición de Santiago Maldonado y su muerte, las represiones y los discursos puestos a circular sobre las amenazas del presente y hechos del pasado, junto con decisiones judiciales que apuntan contra algunos pilares de la democracia argentina como la lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y el compromiso con los sistemas internacionales de protección, ponen en alerta los núcleos de la agenda de derechos humanos en la Argentina”.