El gobernador deberá explicar en la Corte Suprema por qué impone religión en escuelas públicas. Medios nacionales resaltan que Salta es la única provincia en donde se avanzó con esa excentricidad. El 16 de agosto habrá una audiencia.

“No es un secreto la íntima relación del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. El problema es que llevó esa opción a la esfera de gobierno e impuso las clases de religión católica en las escuelas públicas, contrariando nada menos que la Constitución Nacional que ya en 1853 dispuso la separación de la Iglesia y el Estado”, así de duro comienza un artículo de La Política Online publicado ayer.

El mismo portal admite que tal tema llegaría a la justicia y ahora será la Corte Suprema quien realizará una audiencia pública el 16 de agosto para debatir si es constitucional la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas de Salta, “única provincia del país que avanzó con esa excentricidad” valora el escrito.
En la audiencia deberán exponer funcionarios del Ministerio de Educación de la gestión de Urtubey, los demandantes, padres de alumnos y la Asociación por los Derechos Civiles y ciudadanos que pidieron constituirse como “amigos del tribunal”, un recurso para opinar en una causa de la que no se es parte.

Al historiar el proceso, el portal recuerda que los padres demandantes presentaron en 2010 un recurso de amparo en contra de la enseñanza religiosa para que deje de ser una asignatura del plan de estudios y que los niños no deban rezar ni asistir a misa en la escuela, como impuso Urtubey.  En 2012, el juez de Salta Marcelo Domínguez ordenó al gobierno de Urtubey garantizar que los niños no se vean obligados a participar de prácticas católicas en clase y que los programas incluyan contenidos de todos los credos; aunque en el 2013 la Corte de Justicia salteña consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis.

Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que requirió un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó que imponer en escuelas públicas la enseñanza católica es “discriminatorio” y “lesiona la libertad de culto”, algo bastante obvio.

La ley nacional 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, durante el gobierno del Presidente Julio Argentino Roca y con Domingo Faustino Sarmiento en el cargo de Superintendente General de Escuelas, estableció la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, en todo el país. Sin embargo, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino revisó esta ley en 2012 y la entonces mayoría kirchnerista hizo lugar al lobby eclesiástico y eliminó ese artículo de laicidad de fines del siglo 19, por entender que estaba derogada por normas subsiguientes. Ahora, será la Corte quien definirá sobre este tema.