Por ley, en la provincia de Buenos Aires debe hablarse oficialmente de 30 mil desaparecidos. Fue aprobada por la Legislatura bonaerense. La cifra había sido discutida desde sectores del oficialismo.

Cada vez que en la Provincia de Buenos Aires se hagan menciones públicas al denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), se deberá acuñar “el término dictadura cívico militar” y convalidar el número 30.000 a la expresión “desaparecidos” en ese período.
Acaba de publicarse esta normativa en el Boletín Oficial bonaerense, después de la sanción de la legislación respectiva, con esa disposición obligatoria, en la última sesión de la Legislatura provincial.

Sin confrontaciones a la vista en el Parlamento y con la aceptación del Ejecutivo para su promulgación, la ley 14.910 comenzará su aplicación a resguardo de polémicas a nivel nacional que involucraron, por alguno de sus dichos al propio Mauricio Macri. “Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”, explicó en su momento el presidente en una entrevista con el sitio BuzzFeed.

La cantidad de víctimas desaparecidas fue simbolizada por las organizaciones de derechos humanos, en plena dictadura, para alertar al mundo sobre la mayor tragedia humana por razones políticas en el país durante la dictadura.

Hace meses, la saga de opiniones dispares había empezado con el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, al afirmar que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. Incluso desde voces reconocidas como Graciela Fernández Meijide, desde otro compromiso personal diferenciado del ex funcionario, insinúo que la discusión extrema del número final de las víctimas del terrorismo de estado no debería estar impregnada de rigideces, de un lado u otro.

Cuando aún no se agotan la controversia, Buenos Aires avanza en términos institucionales. La propuesta, ahora con vigencia, fue impulsada por el senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Establece en sus articulados que “en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires” se deberá incorporar “el término ‘dictadura cívico-militar’ y el número 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.

La aprobación en ambas cámaras determina que la administración de María Eugenia Vidal deberá ajustarse a la normativa en todos sus términos.

Además de innovador en materia legal, introduce para la ley el reconocimiento, al menos en jurisdicción bonaerense, de la morfología política de la última dictadura en connivencia –de acuerdo con esta interpretación- de sectores del poder civil detrás del gobierno de facto ejercido por las Juntas de las Fuerzas Armadas.

Fuente: Clarín