Con las reestructuraciones decididas por Juan Manuel Urtubey el Gobierno de la Provincia suprimió la Secretaría de Adicciones y la fusionará con la de Salud Mental en una agencia. Derivas de un ajuste que siempre recae en las mismas áreas. (Franco Hessling)

Los cambios en el organigrama del Gobierno de la Provincia no son, únicamente, una mera demostración de reorganización ni una oportunidad para sacar del ojo de la tormenta a los políticos expuestos para reposicionar a algunos que venían operando en las sombras. Ni siquiera son exclusivamente un reflejo de recorte a partir de la tendencia de ajuste que se propala desde la Casa Rosada. Estas modificaciones permiten vislumbrar prioridades, jerarquías entre las áreas estatales y, por lo tanto, proporciones presupuestarias para una u otra cuestión. Normalmente, las dependencias avocadas a las finanzas, los armados políticos y la justicia no se ven severamente erosionadas, aun cuando padecen constreñimientos económicos. En cambio, sectores vinculados a la educación, la salud y las problemáticas sociales a menudo son los espacios más golpeados por los ajustes.

Entre otras reorientaciones, la nueva conformación ministerial que urdió el gobernador Juan Manuel Urtubey le quita rango de Secretaría al abordaje de las adicciones. Además de mostrar desdén ante un dilema social que cunde de modo preocupante, la decisión termina un proceso que, tras un atisbo de estrategia real apenas asumió, fue iniciado en 2009 cuando un titular del área, Gustavo Farqhuarson, abandonó el cargo, entre otras cosas, por las nimias partidas con las que debía trabajar en una temática que arrebata juventudes. Desde aquel momento, el área sufrió virajes en su concepción, que pasó de una mirada más social a un prisma encasillado en lo médico, de la mano de Claudia Román Ru. Luego tuvo una esporádica vuelta al plano integral, de la mano del psicólogo Martín Teruel, y finalmente regresó a la órbita del Ministerio de Salud Pública.

Entretanto, los informes de la Sedronar y los relevamientos propios de la Secretaría de Adicciones fueron dejando al desnudo la complejidad de una problemática que no tanto tiene que ver con las drogas, como suele creerse desde los discursos superficiales, sino con los comportamientos de consumo excesivo. Las consultas aportan rangos etarios que atribulan incluso a los/las más indolentes: se han tratado niños de entre 5 y 7 años. El contacto con las sustancias es cada vez más temprano y un porcentaje de los salteños/as abordados sostiene la ingesta de bebidas alcohólicas durante toda la vida.

La mirada punitiva los cree delincuentes de rango inferior, la mirada sanitaria los patologiza y la social, que se pretende integral, los entiende como consumos problemáticos encadenados con situaciones de vida generales. Los condicionamientos económicos, las posibilidades de acceso a la información y los bienes culturales, la comodidad dentro de la vivienda y el tiempo para estudiar o practicar deporte son sólo algunos de los factores que pueden intervenir en el complejo cuadro de caer en un consumo problemático.

En los últimos días se conoció que la Secretaría de Adicciones y la de Salud Mental dejarían de existir y serían fusionadas en la Agencia de Salud Mental y Lucha contra las Adicciones, una especie poco común en la estructura burocrática del estado salteño, más bien colmada de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones y jefaturas de programa. Tal vez la Agencia Antidrogas sea el único antecedente, creada por Urtubey en 2009 en el espectro del Ministerio de Seguridad. La conversión de las secretarías es más que un cambio de nombre, repercute directamente en los recursos que se destinarán a trabajar la problemática. Esa merma, a su vez, impacta en las posibilidades de crear amplios equipos multidisciplinarios que aborden los casos con la mayor diversidad de dimensiones posibles.

La unidimensionalidad, muy probablemente, se vuelque definitivamente hacia la mirada sanitaria, patologizante en esencia, donde los adictos son vistos como enfermos físicos que deben curar sus cuerpos. Aun la mente, desde esta perspectiva, es una parte esencialmente corpórea, se la equipara al órgano cerebral. Reducidos a esa óptica, los y las pacientes se convierten en blancos de abordajes farmacológicos que abstraen el problema con el consumo al resto de escenarios cotidianos e históricos que los y las componen.

En los últimos informes de la Secretaría de Adicciones se alcanzaron conclusiones que derriban muchos de los preconceptos que acompañan la unidimensionalidad patologizante. Por ejemplo, a principios del año pasado, se difundieron datos sobre jóvenes que abandonaban el colegio antes de haber incurrido en consumos problemáticos. Es decir, el consumo no concitó que abandonasen los estudios sino al revés. Ello demostró que los factores socio-económicos son decisivos en el devenir de quienes se contactan a menudo y por vías corrientes con sustancias. El problema crece mientras el Gobierno desalienta la intervención sesuda para reducir los daños que causa la multiplicación de cuadros de consumo adictivo.

A mirar los números

Según datos dados a conocer por la ahora ex Secretaría de Adicciones a principios del año pasado, sobre el total de consultantes con los que se trabajó durante 2015 y los primeros meses de 2016, un 86% no estudiaba. La cifra ratifica la necesidad de trascender miradas unidimensionales y asumir las situaciones en su complejidad integral. Sólo el 23% de ellos/as abandonó los estudios a causa del consumo, el resto, como subrayábamos antes, incurrió en el comportamiento adictivo una vez que abandonó la contención institucional que ofrece la escolaridad.

El 54,4% de los/as consultantes, que ascendieron a 5.544, no contaba con trabajo al momento de contactarse con la extinta secretaría. La edad promedio en la que se inician los consumos son los trece años, la mayoría lo hace con marihuana o alcohol. Al momento de realizar acercarse para un tratamiento, el 52,3% se reconoce adicto a la pasta base, seguida por las bebidas legales, preferidas por el 45,5% de los más de 5.500 abordados.

Campeones de la miseria

Un reciente informe publicado por la Sedronar signa a un barrio salteño como el de mayor propensión a situaciones críticas, como el consumo de adicciones. El interminable título del documento es “Departamentos con alta vulnerabilidad social y baja cobertura de oferta asistencial y preventiva de adicciones en la República Argentina”.

Fiel a la fiebre de jerarquización cuantitativa que imponen los regimenes políticos contemporáneos, la Sedronar elaboró un ranking de lugares con distintos grados de vulnerabilidad social y cobertura asistencial y preventiva. Se lo confeccionó de mayor a menor, y en el cúspide se situó el barrio “Norte Grande” de Tartagal. Antes de avanzar hay que aclarar que el informe tiene yerros sobre los lugares que cita, que es acotado porque pese a su título no abarca todo el país, y que se realizó tomando en cuenta, principalmente, los relevamientos realizados por la eclesial ONG Techo, sin avales académicos ni trayectoria en investigaciones sociales.

Para determinar que el departamento San Martín de Salta está a la cabeza de la vulnerabilidad social, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: jefes/as de hogar que nunca asistieron a la escuela, analfabetismo, hogares sin agua en la vivienda y hacinamiento crítico. Norte Grande en Tartagal, según el informe, tiene a más del 24% de la población en potencial vulnerabilidad. El propio trabajo reconoce que en los primeros diez sitios del ranking no hay dispositivos de intervención de la Sedronar.

Volver a las raíces

El subtítulo bien puede confundirse con el título de una trasnochada zamba con efusiones tradicionalistas, pero en realidad se trata de una referencia directa a la situación actual del gobernador Urtubey. Quienes hayan leído su libro Sembrando Progreso, editado a finales de los 90, pueden estar seguros que los encomios al por entonces mandatario, Juan Carlos Romero, no fueron sólo una estrategia arribista.

Cuando asumió la gobernación, el tema de las adicciones era tan subsidiario que se reducía a un mero programa, con un magro presupuesto de 150 mil pesos. La joven promesa de la política local, fresco y con una trayectoria inmensa por delante, supo adecuarse a los tiempos discursivos de la arena nacional y aumentó la jerarquía del asunto, impulsando la creación de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones. Con la reciente decisión de suprimir el área para fusionarla con Salud Mental y reducirlas a una agencia, no hace más que retrotraer el estado de cosas que imperaba durante las postrimerías del gobierno de Juan Carlos Romero. En otras palabras, Juan Manuel está volviéndose, oportunamente (oportunista), hacia su costado más romerista.