La multinacional francesa Carrefour presentó un proceso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Repasamos algunos de los elementos de este escenario, cómo repercuten en Salta y qué solución ensayan el Gobierno nacional y las cámaras empresariales. 

Iván Mastropiero 

El Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios (SECyS), dirigido a nivel nacional hace ya más de 30 años por Armando Cavalieri, registra en sus filas casi un millón y medio de afiliados. Es el de mayor envergadura en el país. Empleados de hipermercados, supermercados y minis, como también empleados de tiendas de todo tipo, desde telas y vestimentas hasta pinturas, se encuentran representados en este importante gremio que por lo menos hace dos años atraviesa una sangría de puestos de trabajo. 

En una nota publicada por La Nación la semana pasada se da cuenta de la cantidad aproximada de fuentes laborales que se perdieron en el sector, puntualmente en supermercados: “(…) las grandes empresas del sector empleaban a 93.030 personas en enero de este año (último dato disponible), un 6,2% menos que los 99.226 puestos registrados en diciembre de 2015. Son, en términos absolutos, 6.196 empleados menos”. 

Sin diferenciar entre supermercados y otras dependencias, en nuestra provincia en el año 2017 se perdieron unos 400 puestos de trabajo en el sector, según declaraciones del secretario general del SECyS seccional Salta, César Guerrero.

A esta pérdida sostenida de fuentes laborales, en términos nacionales y provinciales, se sumó la última semana una incertidumbre abierta por la presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de la Nación por parte de la empresa de capitales franceses Carrefour. La cadena extranjera cuenta con unos 19.000 empleados en todo el país distribuidos en 500 locales, tres de ellos en Salta donde son empleados 170 mercantiles.

Entre el lunes 9 y el miércoles 11 tuvieron lugar las dos primeras audiencias en el marco del PPC, entre el Gobierno nacional, representantes de la empresa y del sindicato. Luego de las reuniones, voceros del SECyS afirmaron que “las conversaciones están avanzadas. Se evalúan retiros voluntarios y si tienen que cerrar locales alquilados, el personal va a parar a otras sucursales”. Los 3.000 despidos que en principio pretendía llevar adelante la firma francesa, con su nuevo CEO a la cabeza, Rami Baithié, habrían sido “desactivados” en las negociaciones por un plan de 1.000 retiros voluntarios con indemnizaciones al 150%. 

Dato de color 

El miércoles mientras se llevaba a cabo la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, más de 1.500 delegados y trabajadores de empresas como Coto, WalMart, Vea, Disco, Garbarino, Musimundo, Rodo, Ausa, Mastercad, Atento, entre otras, se movilizaron hasta las puertas de la cartera ministerial bajo la convocatoria de un sector del SECyS dirigido por Ramón Muerza, quien aspira a competir con Cavalieri en las elecciones del sindicato en Capital Federal.

“El caso de Carrefour tiene una situación bastante dispar a lo largo y ancho del país, pero la empresa en el informe que ha presentado demuestra que tienen pérdidas en los dos últimos años. Ahora bien, sobre eso nosotros hemos hecho un relevamiento, no sólo el sindicato de Salta sino los sindicatos hermanos de todas las provincias, y de todas las localidades donde Carrefour tiene tiendas, y hemos llegado a conclusiones concretas sobre la responsabilidad de la misma empresa, de su cuerpo directivo”, señalan desde el Sindicato de Comercio de Salta y agregan además que “en la provincia tenemos 3 tiendas que engloban a casi 170 trabajadores en forma directa y que tienen las góndolas, las provisiones, el recambio del producto, con normalidad, es decir, el funcionamiento de las tiendas es totalmente normal…nosotros en los informes que relevamos en el centro del país, en parte de Santa Fe, o provincia de Buenos Aires, vemos locales que están con las estanterías vacías, con partes de los salones fuera de servicio; y obviamente esto daba pérdida y eso es lo que alega la empresa en primer lugar”. 

Además indican que se registran despidos “por goteo” en diversos supermercados y hasta algunos cierres de empresas más pequeñas, y en lo que va de 2018 son más de 150 puestos de trabajo que se habrían perdido. 

En picada

Un dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta enumeró para Cuarto Poder los principales problemas que atraviesan las empresas del sector. El escenario político y económico ha sufrido transformaciones, sobre todo desde diciembre de 2017 a esta parte. 

“La situación de las grandes empresas y de las PYMES con respecto a los costos fijos es un problema que realmente ha crecido, no sólo con la presión fiscal nacional sino también provincial, presión sobre ingresos brutos, impuestos a los sellos, las tarifas de servicios”, enfatizó. Luego añadió: “Las empresas hoy no sólo tienen grandes erogaciones en alquileres y logística, sino que también tienen grandes gastos con el servicio eléctrico y de comunicaciones…y todo lo que tiene que ver con construcción, con el mantenimiento de grandes estructuras, como los supermercados que demandan un gran costo en cuanto a mantenimiento”. El gremialista aseguró que la caída de ventas en términos brutos no se puede revertir desde hace dos años.

Resulta ilustrativo detenerse por un momento en las diversas presentaciones realizadas por las cámaras, tales como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Mediana Empresa, y la Cámara Argentina de Supermercados, entre otras. La insistencia y los reclamos de éstas dieron lugar a una “mesa de competitividad del sector” impulsada por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Trabajo de la Nación, una iniciativa que por el momento ha logrado cristalizar en cuatro mesas de trabajo: “Formalización y facilitación” (formas de pago, pagos electrónicos, regímenes de retención y percepción, costos en traslado de efectivo, crédito y débito, precios, tecnología y conectividad), “Normativa” (correspondencia entre regulaciones provinciales y municipales, leyes provinciales sobre grandes superficies, reglamentos técnicos y certificaciones), “Simplificación” (financiamiento a empresas con deudas con el fisco, factura electrónica) y “Laboral” (costos laborales más eficientes). 

Días antes de que la reforma previsional y la reforma tributaria, o “pacto fiscal”, fueran refrendadas en el Congreso de la Nación en diciembre pasado, la Cámara de Comercio de Salta emitió un comunicado titulado “No al impuestazo” donde declaraba no apoyar el “pacto fiscal” y reiteraba su “ROTUNDO RECHAZO a la suba de las alícuotas del Impuesto a la Actividades Económicas (Ingresos Brutos)” partiendo de que “su tratamiento en las Cámaras Legislativas provinciales resultó en su aprobación mediante un trámite expreso, sin posibilidad de debate ni consenso de los sectores económicos salteños”. 

Más abajo la entidad llamaba la atención: “No se debe perder de vista que la toma de este tipo de medidas aumenta severamente los costos de las empresas salteñas que inmediatamente se reflejarán en los precios al consumidor de mostrador, en el cierre de los comercios y en la pérdida de empleos”. Sucede que Salta es una de las 14 provincias que aumentó el gravamen sobre los ingresos brutos para el comercio y sub-rubros pasando de 3,6% a 5%. 

Esta presión fiscal se combina con el incremento de tarifas en diferentes servicios, como el agua que en Salta aumentó hasta un 21%, y el transporte público que alcanzó uno de los incrementos más elevados de los últimos años, pasando de 3,45 a 10,45 pesos y según se reglamentó recientemente -debido a la quita de subsidios nacionales para SAETA destinados a cubrir parte de los salarios- la tarifa para el usuario común llegaría hasta 12,45 después de julio. Los aumentos en luz, nafta e impuestos inmobiliarios también erosionan el bolsillo del consumidor final.

Mientras tanto, los voceros y personal jerárquico de las grandes cadenas de supermercados alegan que hace ya tiempo se viene desarrollando un cambio de conducta de los consumidores, que registra una tendencia compras mayoristas (según informe de Indec sobre mayoristas estos tipos de comercios registraron en 2017 medio millón de nuevos clientes) en detrimento del consumo minorista y en supermercados. Siguiendo al Indec, también hubo una caída en la rentabilidad debido a la disminución del consumo en supermercados que en el primer trimestre de 2018 registró un 3% menos en relación al mismo período del año pasado.

Se observan así por lo menos tres factores económico-políticos que se conjugan y afectan las ganancias de uno de los sectores que más empleo privado registra en el país, un combo que termina por golpear directamente en el eslabón más débil de toda la cadena: los empleados. Las “mesas para la competitividad del comercio” impulsadas por el gobierno nacional junto a diferentes cámaras empresariales tienen, como veíamos más arriba, especial preocupación por el “costo laboral”, entre otras cuestiones de índole técnica y normativa. Más allá de su carácter nacional habrá que seguir con atención que logran resolver puesto que las cámaras empresarias locales podrían tomar nota y buscar instancias similares con los gobiernos provinciales; asimismo se deberá seguir con atención de qué manera esta crisis golpea e impacta en el seno del Sindicato de Empleados y Comercio y la Federación que los engloba en el país, puesto que las elecciones para comisiones directivas tendrán lugar este año. 

Posnet sí o sí 

En febrero de 2017, la AFIP anunció un cronograma de medidas en el marco de un plan para “la formalización de la economía y la bancarización”, el entonces titular del organismo de recaudación, Alberto Abad, dio a conocer que “los comercios, profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento y mono-tributistas tendrán que cumplir con esa obligación para sus operaciones comerciales”.

Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, la Resolución General 3997-E dictada por la AFIP, “extiende de manera masiva la obligación de aceptar, como medios de pago, las transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas de prepago no bancarias u otros medios equivalentes”. Si se indaga más aún en la normativa citada se podrá encontrar que la misma refiere que deberán hacerse eco de estas disposiciones los “contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”.

En marzo, Alberto Abad renunció a la AFIP tras 35 años de encontrarse al frente del ente estatal, en su lugar asumió Leandro Cuccioli, actual Secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, dirigido por Nicolás Dujovne. Cuccioli trabajó en empresas consultoras asesorando “en temas estratégicos a clientes privados y estatales de Argentina, Brasil y Chile, en sectores de gas natural, electricidad y servicios postales”. Y según se supo, la primera cruzada del nuevo funcionario será lograr imponer a los profesionales la obligatoriedad de utilizar el posnet. 

La obligatoriedad de aceptar tarjetas data del año 2001 (DNU 1387/2001), por eso, resulta sospechoso el apuro por lograr la aplicación plena de la medida, evidencia fehaciente de a quiénes busca beneficiar el Gobierno nacional: el sector financiero.  

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