Esta semana un ciudadano y su abogado hicieron una presentación a la Justicia Federal para plantear su sospecha por los fondos con los que Martín Grande financia su campaña. Lo acusan de usar su radio como vía para recibir aportes aunque la condición la comparten otros candidatos. (Franco Hessling)

Hasta el más distraído paseo por la ciudad capitalina alcanza para percatarse de la innumerable cartelería, folletería y demás estrategias de difusión callejeras que impregnan cualquier paisaje. Son semanas de campaña y las caras de los candidatos aparecen por todas partes. Algunos lo llaman “contaminación visual”, otros lo definen como obscenidad electoralista y un tercer grupo se preocupa más por calcularlo que por catalogarlo: ¿cuánto invierten los candidatos en semejantes campañas? Los que a esa preocupación cuantitativa le adosan un interés político son aquellos que indagan en la procedencia de los fondos, nunca queda claro si los caudales invertidos, en parte, son ilegítimos.

Esta semana se conoció una presentación realizada por el señor Marcos Alberto Molina, patrocinado legalmente por el abogado Luis César Fernández, en la que solicita a la Justicia Federal que revise el caso del pre-candidato a diputado nacional por Cambiemos País, Martín Grande, quien por ser propietario de un medio de comunicación tendría una manera de recibir aportes para su campaña de forma solapada. En concepto de pauta publicitaria, aducen los que realizaron la exposición, Grande podría estar recibiendo tanto fondos públicos como privados,  que en realidad nada tienen que ver con un acuerdo comercial con la emisora sino con financiamiento para la campaña.

Volviendo al paseo distraído por la ciudad, lo cierto es que el propietario de FM Profesional es de los pre-candidatos a la diputación nacional que menos material de campaña tiene desplegado. Es cierto que, al igual que Bettina Romero -por solo citar un caso-, es apoderado de un medio de difusión más efectivos que los del resto de postulantes, aunque no es menos real que la prudencia en el uso de cartelería, folletería, pancartas, y banners de Grande destaca con respecto a la voracidad de otros pre-candidatos adictos a infestar el ejido urbano con su semblante.

Los autores de la presentación que ingresó el 2 de agosto último direccionaron su inquietud exclusivamente contra Grande, y ensayaron un texto vidrioso. Primero afirman que “…estos montos que en principio recibiría [por Grande] en concepto de “PUBLICIDAD”, no se considera una forma de financiamiento indirecto? En el caso de que así fuera se estaría vulnerando el espíritu de la ley”, para luego aclarar que “la presente no es una denuncia, sino simplemente el ejercicio del Derecho a la Información que tiene todo ciudadanos antes de emitir su voto” (Sic).

El pedido a la “Justicia Federal con competencia electoral” lo realiza el letrado Fernández en representación de Molina, quien se presenta como un mero ciudadano, sin ninguna injerencia en otras listas de la compulsa electoral que transcurre este año. El abogado tiene el número de matrícula profesional 4087 y, según consta en los arcanos de la web, tendría su estudio en la calle Zuviría, macro centro de la capital provincial.

Este semanario intentó comunicarse con el especialista jurídico que patrocinó la presentación, lo telefoneó en reiteradas ocasiones sin éxito. Igual suerte corrieron los mensajes que fueron enviados a su teléfono personal. Lo cierto es que la presentación resulta tendenciosa en cuanto sólo se ocupa de vivar el Derecho a la Información para conocer los aportantes y montos de la campaña de Martín Grande, de quien sospecha por su condición de propietario de un medio de comunicación, sayo que también le cabe, cuanto menos, a Bettina Romero (AM 840 y El Tribuno), Andrés Zottos (Video Tar), Adrián Valenzuela (Radio Vos) y Jorge Villazón (FM La Cigarra).

Alta gama

Conforme al enunciado presentado por Fernández en representación de Molina y, por extensión, de todos los salteños que honran el Derecho a la Información, las entidades que podrían estar aportando de modo subterfugio a la campaña del empresario de medios serían el banco Macro, los gobiernos municipal, provincial y nacional, Agrotécnica Fueguina, Coca Cola y Edesa. El marco legal para las campañas electorales establece que no puede haber aportes públicos, y que los fondos privados tienen un tope y no deben ser realizados por empresas que tengan contratos con alguna administración estatal.

No es extraño vincular a un candidato del PRO, devenido empresario, con el patrocinio financiero de las empresas de grandes capitales. Además de ser una expresión política compuesta por integrantes de aquel exclusivo grupo, el PRO ha implementado una forma de blanquear los aportes privados a sus campañas: cenas en las que se vende el cubierto a un precio excelso para cualquiera que no tenga los volúmenes de rentabilidad ampliados a seis cifras mensuales, cuanto menos. Hace pocos días, Grande replicó ese mecanismo en Salta, acompañado por el senador nacional Federico Pinedo y el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Pese a que estos indicios y la plataforma política-ideológica del PRO tornen viable la sospecha de Fernández y Molina expuesta esta semana, hay que remarcar que la presentación no expone cifras ni agrega otros indicios para hacer más concluyente el pedido. Se limita a sugerir como curso de acción una revisión de lo que Grande percibía de los actores mencionados en carácter de pauta publicitaria antes de lanzar su candidatura, y compararlo con lo que recibe actualmente. De haber una divergencia sustancial, supone el escrito firmado por el abogado, “se estaría vulnerando el espíritu de la ley”.