El caso Maldonado domina la agenda oficial, pero Macri ordenó despolitizarlo. El presidente, que no se refiere al tema desde el 11 de agosto, pidió no entrar en la pelea con la oposición.
No entrar en la pelea política. Ésa es la estrategia que puso en marcha el Gobierno para enfrentar los cuestionamientos de la oposición por la desaparición de Santiago Maldonado. En la Casa Rosada no tienen dudas de que un grupo, al que relacionan con el kirchnerismo, busca sembrar dudas sobre el accionar del oficialismo.
Pese a que desde la administración de Mauricio Macri se esfuerzan por demostrar que el caso Maldonado no les cambió la agenda ni alteró el rumbo, lo cierto es que genera «inquietud» y «preocupación». Incluso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió ayer con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, para repasar las últimas novedades y establecer un discurso homogéneo.
Se definió allí que no habrá respuesta para los reclamos políticos. En el Gobierno ubican en ese listado el pedido de parte de la oposición y de organismos de Derechos Humanos para que el Presidente hable públicamente de lo que ocurrió con Maldonado. El silencio de Macri era parte de la estrategia. Pero ayer fue sorprendido por un cronista del programa Animales sueltos, de América y dio una primera y breve definición: «estamos colaborando con la Justicia», dijo Macri.
Tampoco habrá respuesta para la exigencia que plantearon organizaciones sociales y políticas para que Macri desplace a Bullrich. El mismo respaldo tendrán los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto en el lugar donde se vio por última vez a Maldonado. Será así al menos hasta que no haya una prueba contundente que los involucre.
Bullrich tiene el apoyo del Presidente. «Está haciendo un excelente trabajo», dijo a LA NACION uno de los hombres de confianza del jefe del Estado.
El Gobierno se focalizará en discutir los hechos y no entrará en la pelea política a la que, aseguraron cerca del Presidente, lo quiere llevar parte de la oposición. Y aunque los principales asesores de Macri buscan despegarse de lo que ocurrió, la desaparición de Maldonado se debate en cada rincón de la Casa de Gobierno. Ayer también fue parte de la reunión de coordinación en la que estuvieron Macri, Peña y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, entre otros.
Macri está «inquieto» con la causa. Según contó un integrante del gabinete nacional, «le cuesta entender cómo hasta ahora no hubo certezas». Ayer, la Justicia de Esquel determinó que la persona herida por el puestero de la finca de Benetton, en Chubut, no era Maldonado. El informe judicial tumbó la principal hipótesis del Gobierno.
En conversaciones privadas ya nadie descarta que se le pudo haber ido «la mano a un gendarme», pero en todas las oportunidades los funcionarios consultados resaltaron que si eso fue lo que ocurrió será o serán castigados los responsables con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, en el Gobierno miran con recelo el trabajo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, en particular su actuación durante los primeros rastrillajes. Es que cuatro días después de la desaparición se usaron dos prendas: un «cuello» y una gorra para seguir el rastro. Pero esa medida fue suspendida por pedido de la comunidad mapuche, que alegó que «permitir el paso de los perros hacia el otro lado del río Chubut violentaba un espacio sagrado». Eso truncó la posibilidad de dilucidar si Maldonado cruzó o no el río. También hubo quejas contra el magistrado porque no estuvo presente en uno de los allanamientos. En el Gobierno no descartan ahora el uso de drones para analizar la zona.
Otra de las grandes dudas fue por qué los compañeros de Maldonado tardaron 36 horas en denunciar la desaparición. «Nadie las puede explicar. Es raro que la Gendarmería se haya llevado a uno de los manifestantes y nadie lo note durante tantas horas», describió un hombre cercano al Presidente y que conoce los detalles de la pesquisa.
Fuente: La Nación
