Allanaron un monasterio de Carmelitas Descalzas de Entre Ríos por torturas físicas. El lugar está en Nogoyá. Se investiga si los elementos de castigo encontrados fueron utilizados contra algunas de las religiosas. La Iglesia, acusada de callar.

El operativo se realizó en el marco de una investigación de un medio local que llevó casi dos años. Las autoridades encontraron instrumentos de castigo y autoflagelación. Falta determinar si se aplicaron en las religiosas

Durante las primeras horas de hoy se realizó un allanamiento en el interior del convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas, de la localidad entrerriana de Nogoyá, donde las autoridades judiciales y efectivos policiales encontraron instrumentos de castigo y autoflagelación.

El operativo tendría relación con una investigación por supuestos casos de torturas que realizó la revista local Análisis Digital, revelación que llevó casi dos años.

El padre Jorge Bonin, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, se acercó hasta el lugar y se mostró sorprendido. «Esto es muy doloroso, son cuestiones que no entiendo», afirmó, y anticipó que el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, viajaba al lugar.

El fiscal Federico Uriburu, que encabeza el operativo judicial, reveló que en un principio la Madre Superiora «opuso resistencia» y que «hubo que utilizar la fuerza para ingresar, con lo cual se rompió una puerta del convento».

El funcionario judicial dijo además que se halló documentación. «Hay una biblioteca que es una habitación con numerosos libros de teología y religión pero no hay manuales o libros sobre la instrumentación de estas prácticas de tortura», agregó.

«Hay castigos permanentes; es habitual el uso del látigo y el cilicio para autoflagelarse; hubo casos de desnutrición y existe una estricta prohibición de no hablar de lo que sucede», sostiene la publicación local. Incluso, denuncian que varias de las ex monjas están con tratamientos psicológicos por las secuelas que tuvieron.

Asimismo, la investigación apunta contra Puíggari –quien tiene la máxima responsabilidad sobre el convento– por no revertir la situación. Además, sostiene que el arzobispo de Paraná tenía conocimiento de los excesos que se cometen en dicho monasterio.

El fiscal confirmó que «la investigación comenzó de oficio y en caso de acreditarse el delito es de privación ilegítima de la libertad agravada» y explicó que «por el momento no se prevé la detención de ninguna persona».

Fuente: Infobae