Economistas reconocen que el resultado favorable al gobierno nacional en las primarias tranquiliza a los mercados y a los inversores pero advierten que el país debe encarar profundas reformas para alcanzar el crecimiento y el desarrollo de su economía. (Gonzalo Teruel)
Hace unos días, cuando todavía no se había terminado el escrutinio definitivo de las elecciones primarias en provincia de Buenos Aires pero ya con la seguridad de que aún ganando Cristina Fernández de Kirchner (por mínimo margen) el gobierno nacional saldría fortalecido de su primera batalla electoral, el economista Jorge Vasconcelos de la Fundación Mediterránea escribió que “la política le despeja incógnitas a la economía”. Y aunque no repitió la consigna de los funcionarios del gobierno de que las inversiones que el país necesita llegarán después de las elecciones legislativas de octubre “siempre que ganen los candidatos del oficialismo”, destacó que “no ha habido un ‘voto castigo’ generalizado, pese a que el oficialismo a nivel nacional tuvo que hacer el ‘trabajo sucio’ que la administración anterior buscó deliberadamente postergar”.
A continuación fijó, desde la usina del ideario liberal que es la Fundación Mediterránea, la agenda económica que debe seguir el gobierno nacional en los meses próximos. “Los avances en materia de crédito externo y la ampliación del horizonte que conlleva el resultado de las PASO, permiten y exigen, al mismo tiempo, un énfasis renovado en la recuperación de la inversión privada y de la competitividad” planteó y consideró que “esta dimensión requiere nuevos acuerdos parlamentarios, que seguramente se habrán de facilitar tras las legislativas de octubre, pero siempre con un oficialismo en minoría”.
El especialista arriesgó, además, que “no conviene que el gobierno disperse las energías en un arsenal de leyes de negociación prolongada” y recomendó que, como la reforma al régimen de coparticipación federal podría demorar demasiado, intentar una reforma “de facto” al sistema de coparticipación mediante la reingeniería de impuestos y asignaciones de gasto. Enumeró como tareas a desarrollar por el gobierno “incentivos para reducir la informalidad, de modo de recaudar más con menos impuestos” y el “recorte de los tributos más distorsivos, que son los que desalientan el empleo, las exportaciones y la formación de cadenas de valor” y también, obvio, sugirió reducir los “impuestos al trabajo”.
Pero Vasconcelos advirtió que la “racionalidad oculta” que puede encontrarse, como ahora, en cada votación desde 1983 lejos está de otorgarle un “cheque en blanco” al gobierno. En efecto, el crédito de los mercados internacionales y de los empresarios nacionales sigue siendo esquivo para el gobierno. Esta misma semana, por caso, la calificadora Moodys sostuvo que el riesgo político argentino todavía es “alto” y advirtió que podría representar una “amenaza” para el crecimiento económico, las reformas políticas y las condiciones financieras.
Por eso, una vez más, corrió el arco y en su último reporte a los operadores financieros planteó que “las elecciones de octubre (…) determinarán si el gobierno de Mauricio Macri podrá seguir adelante con las reformas para combatir la inflación y estimular el crecimiento”. Muy poco sutil, Moodys emparentó a la Argentina con Venezuela y afirmó que “la probabilidad de que el riesgo de un evento político impacte en el perfil del crédito soberano permanece latente debido a la posibilidad de reversión de políticas”. “Las elecciones parlamentarias de octubre pueden ser vistas como un referéndum sobre la agenda económica del presidente Macri” sentenció.
Consultado por Cuarto Poder, Emiliano Estrada, economista de la consultora Ficonomics, reconoció que “efectivamente hay un condicionamiento de la política sobre la economía, de hecho los mercados internos y externos festejaron un triunfo mínimo y no aplastante de Cristina porque presuponen que eso genera buenas condiciones macroeconómicas para el país” pero advirtió que los operadores de mercado y las calificadoras de riesgo “sobredimensionan el contexto político”.
“Hay una idea en muchos funcionarios del gobierno de que cuando se mejora ese contexto político llegan las inversiones” amplió y advirtió que “eso no es tan así”. “Es ingenuo pensar que van a llegar inversiones porque el gobierno haya pasado bien un proceso electoral” dijo y precisó que “Argentina ya tiene una capacidad instalada ociosa del 45%, entonces los empresarios no necesitan realizar inversiones para aumentar su producción y sus ventas”.
El economista planteó, en consecuencia, que lo que el país necesita es “potenciar la demanda del mercado interno”. “Las inversiones que esperan (en el gobierno) no van a llegar porque la economía no es competitiva y tiene su mercado interno deprimido” aseguró y observó la falta de competitividad y rentabilidad de las empresas argentinas.
Finalmente, Estrada consideró que el país y las economías regionales como las del norte deben resolver sus “cuestiones de logística, vinculadas al costo de trasladar (por camión y no por tren) hacia los centros de consumo”. “Cualquier inversor que quiera llevar adelante un proyecto de desarrollo en el norte necesita bajar sus costos logísticos” sentenció y planteó que “esa es el verdadero desafío, no cómo reducir el costo laboral”,
