Al reciente caso del diputado Singh, se suman otros hechos que involucran a políticos y funcionarios del interior provincial, donde el ciudadano común parece estar todavía más desprotegido frente al poder y los vínculos de la clase política.
En los municipios del interior de la provincia, la percepción de la impunidad entre los vecinos es muy alta, sobre todo si se trata de personalidades de cierto contacto con el poder. Los casos recientes de legisladores, intendentes y ediles involucrados en delitos graves alimentan esta realidad cotidiana.
Mientras la justicia todavía se debate entre solicitar el desafuero de Kuldeep Singh a la cámara de diputados, otros hechos ocurridos en en interior fueron saliendo a la luz. En el día de ayer se conoció que el presidente del concejo deliberante de Apolinario Saravia, Marcelo Días, fue denunciado por una menor -que habia denunciado en mayo abusos por parte del edil- por amenazas y agresiones. La joven manifestó que fue atacada por el concejal con una trincheta. El hombre todavía sigue en funciones.
Ayer al mediodía, por otro lado, se radicó una denuncia contra el intendente Moisés Balderrama de Santa Victoria Este por ocultar números y datos de su gestión. Pese a los reiterados requerimientos de los concejales, el intendente no presentó el informe de gastos del municipio. Una situación similar, pero mucho más prolongada en el tiempo, se vive en Salvador Mazza con el intendente destituido Rubén Méndez.
En Pichanal, el intendente Julio jalit anunció sin tapujos que irá en busca de su quinto mandato al frente del municipio. El jefe comunal enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito y por trabajo esclavo. Esta última denuncia motivó esta semana la visita en sus fincas de inspectores de la secretaria de trabajo y la UATRE. Los fiscalizadores fueron recibidos a tiros por familiares de Jalit.
