Ayer se informó que desde este mes la luz cuesta un 27,3% más en Salta, totalizando un aumento del 120% desde que Macri gobierna el país. La política de Cambiemos “sinceró” tarifas pero empeoró los engaños de otras variables económicas, como los salarios. (Franco Hessling)

Desde la factura de luz que llegará en junio próximo, el servicio será un 27,3% más caro, alcanzando así un aumento del 120% desde diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri y su team aterrizaron en la Casa Rosada. La suba fue formalizada ayer por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), que aprobó el cuadro tarifario propuesto por Edesa sin introducirle ninguna modificación. Más evidencia sobre la inutilidad que tienen las audiencias públicas no vinculantes, que no solo no resuelven nada sino que los aportes que allí se discuten nunca son tomados en cuenta por los organismos que tercian entre las empresas que prestan los servicios esenciales y los usuarios (además del Enresp, la Autoridad Metropolitana de Transporte para el caso de las tarifas del colectivo).

El aumento de 120% en la luz desde que Cambiemos llegó al Gobierno empieza con una de las primeras medidas apenas asumidos: la supresión del Plan de Convergencia Federal de Tarifas que encaraba el Ministerio de Planificación y que implicaba el congelamiento de los precios para usuarios finales; rigió desde 2014. Parte del 93% que aumentó el año pasado se justificó por adecuaciones tarifarias pedidas por la distribuidora -Edesa- y aprobadas por el organismo público de arbitrio -Enresp- que no se implementaron por la política nacional de subvencionar las tarifas impidiendo que los valores se incrementen para los ciudadanos de a pie. Borrado el Plan de Convergencia, Edesa no tuvo ni que recordarle al caprichosamente expeditivo Enresp sobre aquellos pedidos cursados durante 2014 y 2015, el ente por su propia cuenta dispuso lo que los pregones del “cambio” gustaron llamar “sinceramiento”.

Sin perder tiempo y ante los vientos a favor para el empresariado, Edesa ingresó otro pedido de aumento a mediados de 2016, también aprobado sin modificación alguna por el Enresp. El año pasado, lejos de lo que aumentaron los salarios -entre 15 y 30% para los empleados en blanco, tomando en cuenta que para colmo los trabajadores informales en Salta ascienden a prácticamente la mitad del total-, la tarifa de luz tuvo un incremento del 93%. Algunos aún se preguntan cómo es que el afán de “sinceramiento” fue para algunas variables de la economía pero marginó a otras: no hubo paritaria en la que se hablara de un sinceramiento de los sueldos o de los siempre supinos aumentos no remunerativos, en negro. La negreada no se sinceró.

A fines del año pasado, tal como indica el contrato de concesión de la Provincia con la prestadora, Edesa presentó un proyecto quinquenal (2017-2022) que, por supuesto, incluía un nuevo incremento a implementarse urgentemente: 27,3%. Tal proyecto fue analizado por un consultora contratada por el Enresp, es decir, la entidad pública que representa los intereses de la ciudadanía ni siquiera se tomó el trabajo de analizar el proyecto presentado por Edesa, lo delegó para que otra empresa privada, Gestión Eléctrica Empresaria S.A. (GEESA), emitiera un informe tras analizar la propuesta quinquenal.

Tras ello y la audiencia pública celebrada el cinco de mayo pasado, el Enresp informó ayer mediante Resolución 500/17 que aceptaba cabalmente lo propuesto por Edesa, monopolio natural que además de lucrar sin competencia prácticamente no realiza inversiones; de 2011 a 2016 la empresa invirtió 1,1 millones de pesos, 220 millones al año. Es cierto que 1,1 millones pueden sonar gigantescos si se los compara con el Salario Mínimo Vital y Móvil (poco más de ocho mil pesos), pero para una distribuidora exclusiva -monopolio natural- de un servicio básico que, como tal, el Estado se ocupa de hacer más y más extensivo -o al menos debería-, son una insignificancia.

Monopolio: inversión magra

Solo los usuarios residenciales que mensualmente le pagan a Edesa por la luz trepan a 302.493. Considerando que cada uno de ellos pague 100 pesos mensuales -algo excesivamente bajo en referencia a cualquier realidad tarifaria actual-, la empresa ya supera con creces los 220 millones que invirtió por año en el último quinquenio (serían más de 362 millones al año). Ese cálculo burdo aun no contempla los usuarios industriales ni aquellos que forman parte del servicio disperso que también otorga Edesa a través de otra firma de su propiedad, Esed. Los cálculos especulativos obedecen a que ni Edesa, por responsabilidad legal, ni el Enresp, por deber público, han divulgado las utilidades reales del monopolio.

De igual modo, el Enresp fue diáfano para plantear su curiosa idea de lo racional y de lo justo: “El servicio suministrado por la Distribuidora será ofrecido a tarifas justas y razonables, entendiendo por tales a aquellas que aseguren a la empresa ingresos suficientes para cubrir los costos operativos razonables aplicables al servicios, las amortizaciones y provean una razonable tasa de rentabilidad”. El Enresp, al mejor estilo Cambiemos, no contempla los salarios en sus razones económicas esgrimidas en la Resolución 500/17.

Monopolio: sin costos

La facturación del usufructo que cada particular hace del servicio se compone de tres conceptos: los impuestos (municipales, provinciales y nacionales) que representan un 8%, la transferencia directa que se hace al usuario de las inversiones para adquirir energía -es decir, Edesa no invierte en el abastecimiento- que representa el 53%, y el Valor Agregado de Distribución (VAD) -lo que queda neto para Edesa-, que representa un 39%. El argumento es que con ese 39%, la empresa monopólica -que opera el servicio desde 1996- debe afrontar costos -aquí sí aparecen los salarios como variable económica- y llevarse su “razonable tasa de rentabilidad”.

De lo dicho anteriormente, se observa que Edesa no invierte en la adquisición de energía a raudales, pues el valor de las compras se transfiere directamente a las facturas de los usuarios finales, y que el VAD representa un porcentaje suculento del total de facturación mensual. Igual que Saeta, Aguas del Norte, y otros monopolios que generan rentabilidades a partir de prestaciones esenciales para la vida humana en sociedad, Edesa es una empresa sin riesgos de pérdida. Vaya ventaja para jugar al capitalismo, sistema que como sus intelectuales debieron reconocer injusto, arguye equilibrio en la idea del riesgo: solo el que arriesga capital puede acceder a ganancias.

En términos históricos, en el país se conoce a las empresas que aprovecharon el no riesgo de las contrataciones públicas o prestaciones de servicios básicos como los acólitos de la “patria contratista”. Los Pérez Companc y los Soldati fueron dos de las familias que dieron cátedra de crecimiento privado al calor del favor gubernamental; el triángulo lo completa otro emporio parental que dio vida a quien hoy ocupa el sillón de Rivadavia: el clan Macri. Franco fue aliado de todos los gobiernos desde la última dictadura en adelante, acuñó su fortuna siendo un empresario sin riesgos, beneficiado constantemente por las contrataciones públicas, desde el fraude de Yaciretá hasta Manliba, el Correo o las obras públicas de infraestructura básica (cañerías). Incluso entraron en el selecto grupo de endeudados privados a los que Horacio Cavallo les estatizó el pasivo a principios de los 80. Los Macri son el paradigma de empresario que en la Salta de estos días se representa en Gasnor, Saeta, Edesa y Aguas del Norte-Cosaysa, entre las principales. Los empresarios que siempre ganan.