Los últimos operativos de la AFIP en Salta y la suspensión dictada por el Banco Central en contra de Dinar dieron lugar a los memoriosos de viejos negociados. El caso de los PRINTICOS molesta a renovadores porque toca a Ulloa, a romeristas que protegen a Romero y a los “U” porque toca a Loutaif. (Gonzalo Teruel)

Muchos recordaron el escándalo de los PRINTICOS. Siempre fiel a su consigna de “periodismo de anticipación” Cuarto Poder hizo referencia la semana pasada a aquel proyecto financiero, que unió los gobiernos de Roberto Ulloa y Juan Carlos Romero, en su nota sobre la obra de del ministro de Gobierno, Julio César Loutaif.

Los PRINTICOS, sigla que significaba Proyectos de Inversión con Títulos de Consolidación, representaron un negocio -en perjuicio de las arcas públicas- para unos pocos empresarios de unos 400 millones de pesos/dólares.

En sintonía con el gobierno de Carlos Menem, en 1992, Roberto A. Ulloa decidió “consolidar” las deudas que la provincia mantenía con particulares a través de la emisión de 2 bonos “uno a 16 años para cancelar las deudas en litigio o controvertidas, y otro a 5 años para la deuda corriente. Los papeles de emitían en pesos o en dólares, a elección del acreedor. La operación involucró unos 400 millones de pesos/dólares”, recordó el periodista especializado en economía Julio Nudler en un artículo publicado en Página/12.

Poco después y presionado por el empresariado local, Ulloa echó al ministro de Economía, Roberto Guzmán y designó en el cargo a Julio César Loutaif. Este cedió a las presiones y lanzó un canje de los bonos por otros avalados por los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos que, obviamente, tenían un valor de mercado muy superior a los originales. Así nacieron los PRINTICOS que además de contar con la garantía de la coparticipación, servían para obtener créditos del Banco Provincial de Salta, que los tomaba en garantía. “Con ello se cerraba el círculo: el banco estatal aceptaba como garante al Estado local, que a su vez dependía de la asistencia de ese mismo banco. Quienes recibían en canje PRINTICOS a 5 años, los calzaban con créditos a igual plazo, con lo cual era como si cobrasen cash su acreencia. Además, los nuevos bonos eran en dólares”, explicó Nudler.

El entonces ministro de economía, Julio César Loutaif, gestionó el negocio de unos pocos y arregló los papeles para entregar el gobierno “ordenado” al peronismo en 1995. Siguiendo el mandato liberal de la época, J.C. Romero modificó los títulos de la deuda provincial y amplió la garantía de los bonos con los dineros de las regalías hidrocarburíferas.

El armado del hoy ministro de Gobierno le sirvió, en definitiva, a Romero para proyectar “inversiones” en la provincia y “modernizar” el Estado.

Los PRINTICOS se canjeaban por viejos títulos bajo compromiso de realizar alguna inversión pero como los empresarios no estaban obligados a presentar ninguna garantía de realización, muchos proyectos nunca se concretaron. Entre las empresas beneficiadas por estos bonos se destacan Dinar que recibió más de 73 millones, Bodegas Lavaque, por más de 66 millones, e Inmobiliaria Cervera por unos 9 millones.

El gran beneficiario de esta operatoria financiera fue el Grupo Macro, que consiguió capitalizarse -comprando a precio de remate bonos viejos y canjeándolos por PRINTICOS- para adueñarse del Banco de Salta. Jorge Brito, desde el Macro, compró bonos de la provincia y con eso pagó las pasivos y los activos del Banco Caseros -que había absorbido al Cooperativo del Noroeste- y del Banco Provincia convirtiéndose en agente financiero oficial de Salta.

Los negocios en claro perjuicio de las arcas de la provincia, PRINTICOS mediante, se calculan en unos 400 millones de pesos/dólares.

El gran deschave

El escándalo de los PRINTICOS cobró notoriedad cuando Hernán López Velasco se arrepintió y reveló la operatoria al periodista Sergio Poma. López Velazco era un “arbolito” al que le ofrecieron “armar un proyecto de inversión turística” por 5 millones de dólares para obtener PRINTICOS pero como no tenía los viejos Títulos de Cancelación -condición sine qua non para recibir PRINTICOS- los compró en el mercado al 15% de su valor nominal. López Velazco tampoco tenía proyecto pero Romero y el inefable Marcelo Emilio Cantarero lo orientaron hacia el estudio Laham. Así recibió unos $5 millones en PRINTICOS que negoció en el Macro por $4,7 millones. La provincia canceló, con fondos de coparticipación y regalías, los bonos. Esos recursos que debían destinarse a gastos e inversiones genuinas para los salteños terminaron, entonces y con un mínimo costo financiero, en manos de grupos empresarios.

No fue por un repentino acto de contrición que López Velasco deschavó la fraudulenta operatoria. Lo suyo fue bronca: mientras los demás implicados se habrían llevado la jugosa ganancia, él apenas obtuvo $20 mil y hasta tuvo que pagar los impuestos por los casi $5 millones.

El sólo recuerdo de los PRINTICOS causa molestias en Salta. Nadie quiere hablar del tema: los renovadores porque toca a Ulloa, los romeristas porque toca a Romero, y los urtubeycistas porque toca a Loutaif.

Dinar, siempre Dinar

La transformación de los viejos títulos de la deuda en PRINTICOS tuvo por responsable a Julio Loutaif. El “cerebro” de la operación no fue, sin embargo, un funcionario público sino un empresario: Andrés Desimone, entonces titular de Dinar Líneas Aéreas, una aerolínea que se dedicaba además, y sobre todo, a negocios turísticos, cambiarios, financieros y bursátiles.

Desimone tenía vínculos con el poder político desde mediados de los años 80 cuando gobernaba Roberto Romero. En esa época tomaba Letras de Tesorería, colocadas por el Banco Provincia, hasta que éste no pudo afrontar los servicios de esa deuda y fue clausurado por el Banco Central. Esos títulos en default -y otros que compró en el mercado- fueron consolidados por el gobierno de Hernán Cornejo con Certificados Fiscales por 2,5 millones de dólares aptos para el pago de impuestos provinciales.

Con parte de esos certificados, ya en 1991, la empresa exigió al ministro Roberto Guzmán -antecesor de Loutaif en Economía- el pago de 1,9 millones por los certificados que no había utilizado. La exigencia fue rechazada y -según cuenta la leyenda- Desimone llegó a bajar sus pretensiones a sólo $200 pesos/dólares pero no tuvo suerte y tuvo que esperar la llegada de Loutaif para cobrar.

En efecto el funcionario de Ulloa y Urtubey le reconoció y pagó la deuda de $2,5 millones más intereses con Certificados Fiscales adicionales. En un gran negocio, Dinar pagó impuestos a la provincia con papeles de la provincia. Con información reservada y sabiendo que los bonos provinciales iban a ser canjeados Desimone se dedicó a comprar bonos a precio de remate que después transformó en PRINTICOS respaldados. “En el fondo, en eso consisten todos los negociados con estos bonos: manejar información privilegiada y tener acceso preferente al poder para conseguir los títulos más respaldados”, reseñó de manera magistral el periodista Julio Nudler.

El canje de bonos fue el primero de los negocios grandes entre Desimone y el gobierno de Salta. Ese vínculo sobrevivió a Ulloa y se consolidó con Juan Carlos Romero que le entregó otros múltiples beneficios crediticios y fiscales.

Andrés Desimone falleció prematuramente, con sólo 49 años, en un accidente automovilístico en Rosario de la Frontera hace más de una década. Dinar lo sobrevivió aunque ya no fue la misma. La aerolínea quebró -o fue quebrada- y sostiene casi con exclusividad los negocios financieros. “De carácter afable, cultivó la amistad y gozó de un particular aprecio en la comunidad salteña, que se puso de manifiesto en el sepelio e inhumación de sus restos en el Cementerio de la Santa Cruz. En la misa que se ofició previamente habló su hermano, Alberto Desimone, y en la necrópolis lo despidió Marcos Levin. Autoridades provinciales, legisladores nacionales y provinciales, magistrados, empresarios, trabajadores y amigos se sumaron al postrer homenaje”, indicó el diario La Nación al dar cuenta de la noticia el martes 17 de septiembre de 2002.

La empresa de la familia Desimone pasó a denominarse Dinar SA Cambio, Bolsa y Turismo y en mayo el Banco Central la suspendió por 30 días al detectar anomalías significativas en la operatoria de venta de moneda extranjera para turismo y viajes. La suspensión fue prorrogada por otros 30 días el 7 de junio.

“Lo que pasó es que Dinar vendía dólares a gente que decía que iba a viajar al extranjero pero que después nunca viajó”, explicó un “arbolito” a Cuarto Poder pero aclaró que “la culpa no es de Dinar porque los que iban tenían la autorización de la AFIP para comprar dólares”. Como fuere, desde el Banco Central indicaron que “se constató que aproximadamente 2 de cada 3 personas que compraron moneda extranjera para turismo y viaje en Dinar Salta entre agosto y hasta el 31 de enero de 2013, luego no viajaron en la fecha declarada”. La inspección constató, además, que en las inmediaciones de la casa central de Dinar operaba una organización que “de manera sistemática obtenía ilegalmente dólares, sirviéndose de terceros que realizaban operaciones de compra para supuestos viajes con pesos aportados por dicha organización”. No fue sorpresa. Financistas, “arbolitos” comerciantes y empresarios salteños confirmaron que es Dinar la que abastece el mercado informal de moneda extranjera.

Ninguna fuente oficial quiso hablar del tema con Cuarto Poder. Tampoco quisieron recordar que Julio César Loutaif y sus otrora jefes políticos Ulloa y Ricardo Gómez Diez fueron alcanzados por el escándalo IBM – Banco Nación.

En febrero de 1996, poco después de la llegada de Romero a la gobernación y en sintonía con una investigación nacional, el fiscal Francisco Herrera promovió acción penal contra Ulloa, Gómez Diez, los ex ministros Guzmán y Loutaif y funcionarios de la Dirección de Rentas. El entonces juez Penal de Instrucción de 1ª Nominación, Aldo Rogelio Saravia, caratuló el expediente como “Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Omisión de los Deberes del Funcionario Público”. La causa no prosperó y hoy nadie parece querer recordarla