Tras el artículo de Cuarto Poder sobre Mega SRL, diputados piden excluirlas de nuevas licitaciones. La empresa es de las más beneficiadas con la obra pública, es de Carlos Berruezo, hermano de la ministra de Educación.

Todo empezó la semana pasada cuando en medio de la “pelea” entre intendentes y el Gran Bourg; Julio Jalit, jefe comunal de Pichanal soltó el nombre de una de las empresas más beneficiadas con la obra pública: Mega SRL, del ingeniero Carlos Berruezo. Se trata de una empresa que en el marco del Fondo de Reparación Histórica tuvo a su cargo obras de relevancia en Orán, Pichanal, Yrigoyen, Colonia Santa Rosa y Embarcación, y fue la responsable del gasoducto del valle de Lerma sur, entre otras adjudicaciones importantes.

Es de Cerrillos, cuenta con 320 empleados y en los últimos años se posicionó junto a Vicente Moncho entre las principales contratistas de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia. Su titular, Carlos Berruezo, es el hermano de la ministra de Educación, Analía Berruezo, y un personaje conocido de la familia del gobernador por su cercanía con Facundo Urtubey, el hermano del mandatario que se encarga de los negocios agropecuarios y con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo.

Además, Berruezo mantiene buenas relaciones con Juan Carlos Galarza, el titular de la unidad Ejecutora del Fondo de Reparación Histórica. Debido a sus aceitados contactos consiguió adjudicaciones que le permitieron amasar una fortuna incalculable: 1.800 hectáreas en Rivadavia; finca Las Moras en Chicoana y adquirió recientemente 40 hectáreas en El Galpón.

Tras el artículo publicado por este medio, distintas emisoras se refirieron al tema y en el marco de esas conversaciones, el diputado provincial Carlos Zapata habló por FM Aries al respecto. Cuando se refirió a las obras a ejecutarse en el marco del Plan Bicentenario y que serán financiadas con el endeudamiento externo de la provincia; dijo que las empresas que incumplieron con los plazos de ejecución en el Fondo de Reparación Histórica deberían estar proscriptas en clara alusión a la firma Mega indicando que tiene adjudicadas cuatro obras de saneamiento en el norte de Salta, que las mismas tuvieron un promedio de anticipo del 30% en el año 2012 y un porcentaje de ejecución hasta diciembre de 2015 que no excedía el 5%.

“Desgraciadamente hemos visto lo que sucedía en la Nación, cartelización de la obra pública, adjudicaciones acordadas entre algunas empresas, sobreprecios, retrasos y en consecuencia las redeterminaciones y las trampas para los retrasos”, dijo Zapata. El legislador indicó que en ese cuadro, es muy difícil el control sobre todo a partir de lo que sucede en la Auditoría General de la Provincia donde hay un conflicto laboral.