Es difícil encontrar en la historia una relación política parecida a la que tejieron Mauricio Macri y Elisa Carrió. Sin aparcar las diferencias, que existen, los dos han hecho algo o mucho para que la coalición gobernante siga funcionando.

El Presidente suele dejar de lado su ego para asimilar las duras críticas de la diputada y continuar tratándola como a una amiga. Carrió, a su vez, debe dominar con frecuencia su tendencia a abandonar los lugares en los que está incómoda para quedarse al lado del Presidente. Los dos debieron asimilar recientemente hasta cuestiones personales, que son las más difíciles de soportar cuando se resuelve la política.

La espectacular irrupción de Carrió en los últimos días apuró una negociación del Gobierno con Odebrecht por las coimas pagadas a funcionarios kirchneristas, sacudió la modorra de los jueces federales en varios casos de corrupción y puso en revisión el papel de los servicios de inteligencia en la política interna. En rigor, la administración de Macri debió meterse en tratativas directas con Odebrecht porque sencillamente la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, trabó cualquier acuerdo de su oficina con la empresa brasileña. Ésa es una coincidencia entre el Presidente y su ingobernable aliada.

El rol arbitrario e ideológico de Gils Carbó en el caso Odebrecht provocó una decisión ya irreversible. El Gobierno promoverá su destitución o su suspensión inmediata en el cargo no bien sea procesada o citada a indagatoria por la compra mediante prácticas corruptas de un edificio para sus oficinas. Una decisión judicial en ese sentido podría suceder dentro de las próximas semanas. En una reciente reunión con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Justicia, Germán Garavano, les anticipó que dentro de poco habrá problemas con la procuradora por una causa de corrupción. Garavano descuenta que lo primero que hará Gils Carbó cuando sea despojada del cargo será recurrir a la CIDH. Desde siempre, Macri intuyó que Gils Carbó se convertiría en lo que es ahora: una defensora de los intereses kirchneristas en la Justicia y una promotora de causas contra funcionarios macristas.

La negociación con Odebrecht es un zigzag constante. La primera propuesta de la empresa era francamente inaceptable para la administración de Macri. El punto más vulnerable del borrador presentado por la compañía brasileña consistía en que mezclaba las cuestiones administrativas con las penales. Reclamaba la continuidad de sus obras y la posibilidad de continuar participando en licitaciones (que es una decisión administrativa) y, al mismo tiempo, pedía la impunidad penal de sus ejecutivos (que es una cuestión del Poder Judicial, no del Gobierno). Así venían las cosas hasta que sucedió el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires por orden del juez Sebastián Casanello. Es difícil que hayan encontrado algo significativo en esos registros, pero Odebrecht le atribuyó un importante valor político. Su posición pasó de la rigidez a la plasticidad. El Gobierno la presiona, además, con anuncios públicos de revisión de sus contratos.

El Ministerio de Justicia trabaja ahora en la incorporación de un artículo a la ley de responsabilidad empresaria en la corrupción, que está tratando el Congreso, para que incluya beneficios a las empresas que aporten información sobre corrupción y asuman el compromiso de reparar el daño que hicieron. Vale la pena consignar dos precisiones. La primera: el Gobierno aspira a que 3 o 4 ejecutivos de Odebrecht investigados en Brasil y que tuvieron relación directa con la Argentina aporten toda la información que tienen. La otra: Odebrecht le dijo al gobierno argentino que el plazo para liberar toda la información, el 1º de junio, se refería sólo a los países donde existen acuerdos entre la empresa y la justicia. Mintió. La afirmación fue refutada por la justicia de Brasil, que anunció que a partir del 1º de junio enviará toda la información que tiene sobre la Argentina. Será una información muy global, que necesitará de la precisión de los ejecutivos de Odebrecht. De todos modos, esa información caerá en manos de Gils Carbó. Habrá manipulación política o no hará nada.

“Quiero toda la verdad sobre la mesa”, escucharon exclamar al propio Macri cuando se enteró de que Gils Carbó era el principal obstáculo para conocer los secretos de Odebrecht. La empresa aportaría información fundamentalmente sobre Julio De Vido. La cobertura judicial y política de De Vido provocó la primera explosión de Carrió, que le cayó mal al Presidente, aunque, como siempre, prefirió tender con ella un puente de diálogo con Marcos Peña. Estaban resolviendo esa cuestión cuando se metieron los servicios de inteligencia. El diario Clarín informó que Carrió fue seguida por espías argentinos en una reciente visita a Paraguay. La información incluyó una foto de la diputada con el militar Alejandro Camino, vinculado a la inteligencia paraguaya y norteamericana. Carrió dijo que estuvo con él porque le abrió las puertas de los fiscales paraguayos en su investigación sobre el tráfico de drogas. “Es un hombre influyente, pero no es mi informante”, aseguró Carrió.

La propia diputada acepta que la foto debió ser sacada por la custodia que le dio el gobierno paraguayo porque es una toma muy cercana. El jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas, habló con ella y le dio algunas explicaciones, pero Carrió no entiende por qué agentes de la ex SIDE que trabajan en Paraguay tienen tan malos antecedentes. Sea como fuere, existe un dossier hecho por los servicios de inteligencia argentinos sobre la visita de Carrió a Paraguay. ¿Para qué hicieron eso? ¿Por qué se meten en la política interior? El espionaje circula entre duras internas protagonizadas por los espías que están y los que se fueron, pero Carrió cayó como una tempestad sobre Silvia Madjalani, la vicejefa de la ex SIDE, que quedó muy debilitada. Conclusión: los servicios de inteligencia son cómplices del seguimiento a políticos argentinos o son ineptos.

La coincidencia fundamental de Macri con Carrió es la crítica feroz a los jueces federales de Comodoro Py. Los dos recibieron con enorme recelo la flamante creación de una asociación que los agrupará sólo a ellos, al margen de la histórica Asociación de Magistrados. El Gobierno tiene información, además, de que esa nueva corporación está presionando para salvar de la suspensión al insalvable camarista Eduardo Freiler, cuya situación se resolverá el próximo jueves. “Si fuera así, esa asociación se creó sólo para hacer lobby a favor de la impunidad de los jueces”, dijo un importante funcionario.

Veamos las cuestiones personales entre Macri y Carrió. El Presidente ha hecho un notable esfuerzo para cambiar su historia y ponerse al frente de una política diferente. Eso no significa que no le duelan las alusiones ofensivas de Carrió a su padre, Franco, ya de 87 años. “No deberíamos mezclar los afectos con la política”, se lo escuchó decir. Hay razón en ese reclamo. Carrió, a su vez, percibe frialdad del Gobierno. De hecho, los radicales de la Cámara de Diputados debieron sacar en soledad un documento de solidaridad hacia ella. Pro no quiso sumarse porque, dijo, prefería un solución política. Algunos funcionarios macristas carecen, en efecto, de sensibilidad para curar las heridas de la política. Nada cambiará, sin embargo. Carrió no dejará Cambiemos. “No me iré”, repite. Y Macri sacó reservas de paciencia y ordenó acordar con ella. No es un matrimonio perfecto, pero es imprescindible para la política y su destino.

Fuente: La Nación