Quiere afianzar el cambio en los primeros 100 días aunque en Cambiemos alguno empiezan a pedir más negociación.
En sus primeros 20 días de gobierno, el presidente Mauricio Macri pagó altos costos políticos por reformar leyes emblemáticas del kirchnerismo con decretos de necesidad y urgencia (DNU). Si bien recibió críticas por no abrir negociaciones políticas previas con el Congreso, el núcleo duro del macrismo apostará a «mostrar los dientes» en los primeros 100 días.
Pese a los frentes abiertos a la «resistencia» de la ex presidenta Cristina Kirchner, el conflicto no preocupa en el entorno de Macri. Su objetivo es avanzar rápido, sin medir el desgaste.
«El Presidente usará todas sus facultades constitucionales en los primeros tres meses, porque el kirchnerismo no quiere que gobernemos y nosotros vamos a destrabar la economía y el descalabro institucional para empezar a crecer», confió a LA NACION un ministro del gabinete. «Hay que mostrar firmeza y capacidad de gobierno», enfatizó un asesor clave de Macri.Por otra parte, el Gobierno sigue con atención una seguidilla de episodios delictivos: la fuga de los tres condenados por el triple crimen fue precedida del robo de un servidor de todos los archivos digitales de la ex SIDE y un fallo de la Corte Suprema de Mendoza, por ahora frenado, que podría dejar libres a 800 presos de alta peligrosidad. «Se investigan caso por caso, no hay hipótesis conspirativa, pero estamos atentos», dijo a LA NACION un allegado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los aliados del frente Cambiemos, el radicalismo y la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, aconsejaron en privado a Macri más negociación, cintura, gradualismo y apego por las formas institucionales.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo entre sus allegados que el Gobierno hace «kirchnerismo para chetos». Muchos consideran que son innecesarios tantos costos políticos: las leyes se pueden negociar en el Congreso con los aliados y fracturando al PJ.
En cambio, los DNU irritan al peronismo y lo unifican en contra de Macri. Le atribuyen al macrismo un prestigioso gabinete de técnicos, pero una alta impericia política.
Un allegado al ministro de Justicia, Germán Garavano, agregó: «Tal vez las formas están en el borde de la institucionalidad. Pero los DNU son legales y constitucionales. Para desmontar lo que armó el kirchnerismo no hay otro camino. Luego de poner orden, habrá mejores formas».
Pero el constitucionalista Daniel Sabsay dijo a LA NACION que los DNU que reformaron las leyes de medios audiovisuales y telecomunicaciones y el que suspendió el Código Procesal Penal no se ajustan al artículo 99 inciso 3 de la Constitución: en ambos casos, el Poder Ejecutivo emite disposiciones legislativas sin que exista urgencia y en el segundo lo hace en materia penal, algo prohibido. «Si nos quejábamos del procedimiento exprés del kirchnerismo, esto es mucho peor porque ni siquiera pasa por el Congreso», dijo Sabsay.
Un alto funcionario confió que la «oportunidad, mérito y conveniencia» de los DNU los determinan Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero el contenido es del grupo CPC (Compromiso para el Cambio): el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; el jefe de asesores presidenciales, Pablo Torello, y el abogado Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, tres fundamentalistas de la pluma.
La intervención por DNU de la Afsca y la Aftic costó varios operativos policiales, pero era una facultad presidencial. En cambio, la fusión por DNU de ambos organismos y el cambio en la ley de medios y de telecomunicaciones fueron trabadas por un juez de La Plata, Luis Arias.
El nombramiento del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura fue frenado por una jueza subrogante de La Pampa.
El traspaso de las escuchas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema fue demorado por la propia Corte hasta el 15 de febrero. ¿Nadie negoció antes de avanzar?
El objetivo es desgastar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie. La otra medida contra ella fue la suspensión del nuevo Código Procesal Penal, de los 1700 cargos que nombraría y de millonarias asignaciones presupuestarias. Por ahora está descartado un DNU para remover a Gils Carbó; pero se impulsarán varias causas judiciales en su contra.
«Los DNU son constitucionales. Hay que mostrar los dientes. El poder hay que usarlo. Si no, los kirchneristas te comen la cabeza», señaló un funcionario. «El gran público no registra ese costo político y hasta le cae bien», agregó. Pero un reconocido magistrado, enfrentado a Gils Carbó y que simpatiza con el «cambio», comentó que «el gabinete de Macri tiene muchos cerebros técnicos, gerentes, pero poca política: falta sentido de oportunidad y se abren muchos frentes. No se negocia con la Corte o con el Senado. No hacen política».
Fuente: La Nación
