Arrancó en Salta la discusión para replantear el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, sabiendo que se tumbaron 1.2 millones de hectáreas entre 2004 a 2015. La AGN criticó el proyecto salteño porque no se preocupa por la conservación de áreas boscosas.

Luis Segovia

El pasado 6 de Abril, en el Centro de Convenciones de Limache, se realizó la primera reunión anual del Consejo Asesor de ordenamiento territorial de bosques nativos. El trabajo que emprende el Gobierno a través del ministerio que dirige Paula Bibini, de Producción, Trabajo y Desarrollo, es “validar” y “revisar” el actual OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos).  Este trabajo no puede hacerse sin analizar lo que opina el consejo asesor, integrado por organizaciones ambientalistas; organizaciones rurales; técnicos y académicos.

En la primera reunión se abstuvieron de participar la Sociedad Rural y Prograno, dos de las principales entidades desde las que los latifundistas presionan para que más áreas sean habilitadas para el desmonte (se pinten de verde). 

Antecedentes

La actualización del OTBN en Salta tiene varios años de atraso. El actual instrumento data de julio de 2009 y, tanto la reglamentación nacional como la local, establecen su actualización cada 5 años.

Es preciso recordar que, en diciembre de 2014, producto de fuertes presiones y escraches por parte de organizaciones ambientalistas, el gobernador, Juan Manuel Urtubey, se vio obligado a derogar los decretos 2.211/10 y 3.136/11, que posibilitaban la re-categorización predial de oficio o a pedido de parte (volver desmontables zonas que estaban protegidas).

Al antecedente anterior, hay que agregarle la reciente resolución 56/2018, por la cual el Ministerio de Ambiente de la Nación instó a Salta a dejar sin efecto los permisos de desmonte autorizados y  a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas en el marco de los decretos mencionados.

Como si esto fuese poco, al Gobierno provincial lo presionan las durísimas críticas emprendidas por los sectores productivos. Los más moderados piden definiciones para saber qué producir en las áreas de categoría amarilla (no se pueden desmontar) y los más ambiciosos piden “una Salta pintada de verde”, donde se puede desmontar (El Tribuno 5/04/2018).

A diferencia del sector productivista, en el sector ambientalista se vislumbra un consenso sobre la actualización del OTBN. Todas las ONGs están de acuerdo en que la revisión no puede de ninguna manera significar retrocesos para las categorías de conservación. 

Desertificar es la misión

Durante la última semana se hizo público un informe de la AGN (Auditoria General de la Nación) sobre la Implementación de la Ley 26.331 de Protección Ambiental de Bosques Nativos durante el periodo 2013-2016. Es el segundo informe de la auditoria y arroja durísimas conclusiones para el país y para Salta.

En el caso específico de Salta, el informe de AGN se despacha, en primer lugar, contra el proyecto provincial de actualización del OTBN presentado en abril de 2015 y elaborado por la consultora ProYungas. La propuesta creaba una nueva categoría de Áreas Transformadas (AT), mediante la cual se pretende legitimar, a través de la actualización del OTBN, todos los desmontes de bosques nativos. También critica que se pretenda crear las categorías Áreas de alto valor de conservación (AVC) y Corredores Ecológicos (CE), en una superficie de 4 millones de hectáreas, ya que “así se podrían recategorizar áreas que estaban en Categoría Roja y Categoría Amarilla, con fines productivos y continuar profundizando los cambios de usos de suelo y desmontes y agudizar los conflictos territoriales con las comunidades indígenas y criollos de la provincia violando la Ley 26.331”.

Por otro lado, el informe de AGN le dedicó especial atención a la pretensión de la Provincia de legitimar las superficies re-categorizadas que corresponden a 32 fincas, donde se aplicaron los decretos 2785/09 y 2211/10 (vigentes hasta 2014). Sobre este punto, la AGN no dudó en calificar a esa pretensión como “una actualización de superficie que es claramente violatoria de la ley 26.331”, generada en un “marco legal para burlar no sólo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos” para beneficiar a “grandes empresas o grupos económicos que invirtieron en la compra de tierras en la Provincia”.

Incierto

Si bien las leyes que rigen la materia indican de manera clara que el proceso de actualización no puede significar retrocesos en la conservación de los bosques nativos, el Gobierno ha demorado tanto en hacerlo que dejó volar la imaginación en todos los sectores. Por ejemplo, al sector que brega por pasar 5 millones de hectáreas de la categoría amarilla a la verde, le puso freno el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, afirmando que eso no va a pasar, porque significaría violar la ley, e incluso presentó un proyecto para crear el delito de “deforestación”.

Los sectores que pretenden una deforestación masiva están representados en entidades como Prograno y la Sociedad Rural y son justamente los que no asistieron a la reunión del 6 de abril. Buscan definiciones por la paralización de los desmontes en 32 fincas de la Provincia argumentando que cumplieron con el régimen legal anterior. Sin embargo, no se hacen cargo de la calificación de ilegalidad que les profirió el informe de AGN y, posteriormente, la resolución de Bergman.

Acabar la barbarie

El mundo conoce por fotos y por testimonios el devastador proceso de desmonte de los bosques salteños; cómo la gente se muere de hambre en un lugar exportador de alimentos; que existe un mortífero avance de la frontera agrícola; y que la tasa de deforestación nos ubica entre los primeros 10 lugares a nivel global (FAO, 2016).

La actualización del OTBN debería reafirmar y avanzar en la conservación de los bosques nativos y poner reglas claras a este proceso que nos avergüenza ante la humanidad.